TRIBUNALES
La Fiscalía pide un año de cárcel al exalcalde de Carmona y a siete concejales por una obra ilegal
La acusación sostiene que eran conscientes de que la licencia era «totalmente incompatible con la normativa vigente»
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla pide un año de cárcel para el exalcalde de Carmona Antonio Cano Luis (PSOE) y para otros siete concejales por conceder en 2010 una licencia de obras en la urbanización Las Monjas en contra de los informes técnicos de responsables municipales y de la Junta de Andalucía.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde y los concejales por un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación . Además, pide diez años de inhabilitación para cargo público municipal o cualquiera relacionado con el urbanismo.
Como consecuencia de la licencia ilegal , los promotores ejecutaron infraestructuras de saneamiento , zanjas para abastecimiento de aguas y su posterior tapado, así como obras de explanación que afectaron a viales de la urbanización y que no han sido aún demolidas, resalta la acusación pública.
La actuación de la Fiscalía comenzó tras la denuncia presentada en marzo de 2014 por una propietaria de una parcela en la urbanización Las Monjas por posibles irregularidades en la concesión de la licencia de obra.
La Fiscalía señala que « los acusados eran conscientes de la arbitrariedad de su decisión de autorizar obras totalmente incompatibles con la normativa vigente».
A pesar de la «claridad de los informes técnicos y jurídicos advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia para legalizar algo incompatible con la ley, la Junta de Gobierno local, constituida por los acusados, sin justificar siquiera por qué se apartaba del claro criterio de los técnicos y de la normativa legal y reglamentaria, concedió la licencia», se enfatiza en el escrito de acusación.
La propietaria también denunciaba la incorrecta y abusiva disposición de fondos de la comunidad , así como a la ocultación de información administrativa a los propietarios.
En el escrito se subraya que el exalcalde y su equipo de gobierno concedieron la licencia de obras, por un importe de 922.000 euros , a pesar de los informes desfavorables.
Todos ellos votaron a favor de a licencia siendo «conscientes de la arbitrariedad de su decisión de autorizar obras totalmente incompatibles con la normativa vigente», señala la acusación pública.
Entre los informes que tuvo a su disposición el exalcalde y el equipo de gobierno se incluye uno del arquitecto municipal, en el que les informaba «de modo tajante» de la «manifiesta ilegalidad de la licencia» y citaba la normativa que se incumpliría «sin el menor atisbo de duda».
La Fiscalía también alude a un informe de Aguas del Huesna y de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente respecto a la necesidad de cumplir la normativa urbanística vigente antes de conceder la licencia de obras para el abastecimiento de a urbanización.
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