Tribunales
La Fiscalía denuncia al alcalde de Valencina por no impedir la construcción de un bar en suelo protegido
El restaurante, que construyó un hermano de un exedil socialista, acumulaba expedientes que nunca se ejecutaban
Los frentes judiciales se le multiplican al alcalde de Valencina, Antonio Manuel Suárez (PSOE) . En los próximos días tendrá que declarar en los juzgados en calidad de denunciado por la Fiscalía , que le acusa de un delito de prevaricación urbanística al no impedir la construcción y posterior apertura de un salón de celebraciones en una zona protegida del municipio. El establecimiento estuvo funcionando durante varios años, acumulando expedientes administrativos que nunca se ejecutaban.
La investigación judicial ha recaído en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La denuncia del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso ABC, se presentó a finales de febrero ; si bien la causa tiene un tortuoso recorrido previo. En 2007, se inició la construcción de una nave de ladrillo y una casa de madera en una zona de Valencina que está especialmente protegida por la forma singular del terreno (valor paisajístico) al formar parte de un escarpe que rodea el núcleo urbano. Además, el terreno está calificado como zona arqueológica .
Según detalla la denuncia, ese mismo año, el Ayuntamiento abrió un expediente de restauración de la legalidad. Sin embargo, en ese mismo terreno y tan sólo un año después, el promotor de un negocio de hostelería, clave en este caso, inició las obras para construir lo que sería un salón de celebraciones «sin gozar de licencia de obras ni licencia de actividad», señala la Fiscalía en su escrito, subrayando que esa ilegalidad se mantuvo hasta el año pasado, cuando el Seprona inició una investigación para aclarar qué ocurría con aquel negocio levantado sobre suelo no autorizado y sin permisos, que a pesar de acumular denuncias , seguía funcionando.
Según confirman fuentes municipales, este empresario es hermano de un antiguo concejal del PSOE, que formaba parte de la Corporación cuando se iniciaron las obras. La denuncia detalla que el negocio se edificó además sobre una parcelación ilegal que no cumplía con los requisitos exigidos en el planeamiento urbano.
La Policía deja en evidencia al arquitecto
En 2008, el Consistorio abrió un nuevo expediente sobre legalización de obras sin licencia que se cierra en 2012, cuando el arquitecto municipal certifica que el suelo ha sido restituido a su estado original; es decir, que el empresario había tirado la construcción ilegal . Sin embargo, un año después la Policía Local denunció ante el Ayuntamiento que se estaban ejecutando obras en el restaurante a pesar de no contar con ningún permiso y que el establecimiento seguía operativo. Los agentes dejaban así en evidencia el informe que había elevado el arquitecto municipal, a quien le reprocha la Fiscalía el haber tratado de engañarlos . La denuncia no va dirigida contra este técnico municipal porque ya han prescrito los posibles delitos en los que pudo haber incurrido, aclara el Ministerio Público.
El alcalde dictó nuevas resoluciones contra el empresario, «que ignoró completamente» la orden de paralización. Pero pasaban los años y la actividad seguía funcionando. La Fiscalía apunta a la falta de ejecución por parte del Consistorio para explicar lo ocurrido. «Pese al dictado de estas resoluciones de alcaldía, no fue emitido oficio alguno a los organismos correspondientes para materializar lo que se acordaba en las mismas; por lo que simplemente se cubrió formalmente el expediente sin dotarlo de virtualidad o efecto alguno».
El Ministerio Público denuncia que el Ayuntamiento se garantizó que en 2013 no interviniera la Justicia gracias a un informe del arquitecto municipal que falseaba la realidad
La Fiscalía ya intervino en este caso en 2013, a raíz de la denuncia presentada por el concejal de la formación local Mayoría Democrática, que les trasladó los informes que había levantado la Policía Local. Las diligencias iniciadas por el Ministerio Público se archivaron porque el arquitecto municipal informó que al Ayuntamiento sólo le constaban las obras ilegales que habían sido denunciadas en 2009, las cuales habían sido paralizadas en su día. «Con ello se hacía incurrir a la Fiscalía en el error de dar por verídica la inexistencia de actividad alguna, y dado que en esa fecha la prescripción de este delito era de tres años, el fiscal, basándose en el informe, archivó las diligencias », reconoce el Ministerio Público en su escrito de denuncia.
El Ministerio Público responsabiliza al alcalde, que además es delegado de Urbanismo , de haber garantizado que no interviniera la Justicia cuando en 2013 se informó erróneamente a la Fiscalía. Le achaca que el Ayuntamiento no comunicara nunca ni al juzgado ni al Ministerio Público que se estaban cometiendo delitos contra la ordenación del territorio sobre suelo especialmente protegido y que desde 2014, hace ya siete años, no hay ninguna actividad sancionadora para tratar de frenar una actividad ilegal que siguió funcionando sin licencias y de forma interrumpida hasta 2020, cuando el Seprona inició una investigación más profundamente. Tras más de una década de advertencias, el arquitecto municipal, que sigue ejerciendo como tal, aseguró ante los agentes del Seprona que lo interrogaron a finales del año pasado, que seguía sin tener conocimiento de las obras.
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