PROTESTA Y ANUNCIO DE MOVILIZACIONES
Los empleados de la Diputación de Sevilla se sublevan contra Villalobos
Unidos por vez primera, todos los sindicatos de la institución provincial denunciarán a los diputados del PSOE tras anularse los premios y pagos que censuró la Cámara de Cuentas en su demoledor informe
El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalizó el ejercicio 2012 de la Diputación de Sevilla ha terminado por amargar el fin de año al presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos , que en el pleno de este miércoles vivió uno de sus peores días con la sublevación de los propios trabajadores de la casa. De hecho, se ha dado por primera vez la circunstancia de que todos los sindicatos de la corporación provincial se han puesto de acuerdo. No hay precedente alguno. Quizás por eso el enojo del veterano presidente de los socialistas sevillanos era ayer tan grande y tan difícil de disimular.
El pleno dio cuenta, antes que nada, del famoso y demoledor informe de la Cámara de Cuentas que censura aspectos de la institución en materia de transferencias, subvenciones o recursos humanos, así como de la creación de una comisión destinada a corregir los aspectos señalados por dicho informe. Eso sí, para uno de los apartados donde la Cámara señalaba reparos no hay comisión de trabajo que valga sino decisión definitiva: la suspensión de premios y del modelo retributivo disfrutado hasta ahora por la plantilla, lo que generó una verdadera batalla dialéctica entre los grupos y la protesta en masa de trabajadores en el mismo salón plenario, que Villalobos amenazó con desalojar .
El PSOE y el mismo presidente recordaron que la parte del informe de la Cámara referente a personal, que aconseja esa medida, sí ha resultado vinculante, ya que ese ente adscrito al Parlamento de Andalucía instaba a tomar de manera inmediata las medidas que pudieran adoptarse. Y en esta faceta, se podía. Tanto es así que el informe generó sendos dictámenes del secretario y del interventor de la Diputación que obligan a dicha suspensión , ya que, de no realizarse, se estaría cometiendo prevaricación pasiva. De hecho, los altos funcionarios trasladaron a los responsables políticos de la institución que no se podían firmar las nóminas de enero si se mantenían esas retribuciones a los empleados, ya que podrían estar incurriendo ya en ilegalidades. «No podemos hacer otra cosa, digan ustedes lo que digan, amigos» , aclaró Villalobos antes de ser abucheado por sus trabajadores. «Bueno, pues enemigos, lo que ustedes quieran pero esto es lo que se va a hacer, no hay otra, es nuestra responsabilidad», apostilló muy airado apelando a los presentes, que levantaban carteles.
Todos los grupos de la oposición, que pidieron sin éxito que se retirase ese punto, criticaron que se empiece a tapar los agujeros señalados por la Cámara precisamente por los trabajadores. Participa, muy duro, reclamó que «se aplique la prisa a todo el informe, y no que precisamente aparece sólo de recortar derechos adquiridos por los trabajadores. En cambio, ¿con las subvenciones y las múltiples irregularidades que han aparecido no hay tanta prisa? ». En la misma línea se mostraron IU, Ciudadanos y el PP, si bien este último partido se abstuvo y no votó en contra.
Sí reclamaron con firmeza los populares que en la comisión de trabajo —que debe «corregir y subsanar» los aspectos que indica la Cámara antes del 31 de marzo — para solventar las múltiples anomalías detectadas en el proceso de ayudas públicas estén representados los partidos y el propio presidente Villalobos. Ciudadanos alertó de que el «demoledor y contundente informe» cameral sólo se traduce en «recortes» en la plantilla, reclamando una comisión de investigación. «El informe es una enmienda a la totalidad de la gestión» y una prueba del «descontrol organizado que reina en la Diputación», destacó.
IU criticó la «patada al derecho a la negociación colectiva», reclamando que la aplicación de las correcciones reclamadas por la Cámara sea «negociada» con los trabajadores para evitar la «judicialización» del asunto. El PP, además, recordó que el informe va más allá de «simples recomendaciones» y revela «deficiencias estructurales» y «circunstancias que no son normales, regulares ni deseables», criticando que ni la oposición ni los sindicatos tengan acceso a la comisión de trabajo creada.
Los sindicatos, por su lado, anunciaron al término de la votación tanto movilizaciones como la impugnación del acuerdo plenario y también acciones judiciales contra los diputados socialistas .
