El cultivo de marihuana se consolida en la economía sumergida de la provincia sevillana
La reciente operación desarrollada en El Palmar de Troya revela cómo familias buscan en esta actividad ilegal una vía de ingresos rápida
Cuando se aprobó la segregación de El Palmar de Troya como municipio independiente de Utrera , en 2018, había que delimitar las fronteras geográficas de la localidad que acababa de nacer. Para ello se recurrió a la fotografía aérea que debía servir para dibujar el nuevo término municipal. Sin embargo, esas ortofotografías revelaron otra realidad oculta, de la que se sospechaba hacía tiempo, pero de la que no había pruebas. El Palmar está minado de plantaciones de marihuana, que crecen en patios interiores y cocheras.
A vista de pájaro la actividad ilícita quedaba al descubierto y confirmaba las denuncias que desde 2017 había recibido tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Eran testimonios de vecinos alertando de la situación y aportando informaciones anónimas que detallaban, sobre todo, el fuerte olor que se percibía por las calles. Pero no daban datos concretos. Y estos cultivos, «al crecer en el interior de viviendas, es muy difícil llegar a ellos», detalla a ABC fuentes de la investigación.
La «operación sunami» no es un operativo antidroga más. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional ha confirmado que la producción de marihuana se ha colado en las economías sumergidas locales de algunos municipios sevillanos. Los 22 detenidos no eran narcotraficantes ni individuos con historiales delictivos . «Sólo algunos tenían antecedentes pero por delitos menores y que nada tenían que ver con la salud pública». Sí son, en cambio, cabezas de familia que buscan en el cultivo de marihuana una vía de ingresos que antes obtenían a través del trabajo en sectores como la hostelería. «Estos cultivos les dan más dinero y mucho menos trabajo», detallan fuentes de la Fiscalía, que ha tenido también un papel muy activo en la «operación Sunami».
Las ortofotografías que se tomaron para delimitar los límites geográficos del nuevo municipio revelaron la proliferación de cultivos en patios y cocheras
En la madrugada del pasado 15 de octubre, un dispositivo por tierra y aire de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tomaban una localidad de apenas 2.300 habitantes para arrestar al 1% de la población por su presunta vinculación con la producción de marihuana para la venta a terceros. En total, se registraron 42 viviendas que se repartieron Policía y Guardia Civil para poder ejecutar la redada de manera simultánea e impedir que algunos de los implicados se deshicieran de la droga mientras llegaban a su casa. En una población tan pequeña, las noticias vuelan.
En todas esas viviendas, sostienen fuentes de la investigación, se encontraron indicios de producción industrial con fines comerciales como el uso de distintas estancias para los diferentes estadios de la producción, elementos para el pesaje y la división de las partidas recolectadas. En una de las viviendas localizaron 110.000 euros; una cantidad considerable de dinero en metálico que los investigadores creen que es fruto de la producción de marihuana . A pesar de estos indicios, el juzgado de Instrucción 2 de Utrera dejó en libertad a todos los detenidos. La Audiencia Provincial acaba de ratificar esa decisión en un auto que valida los argumentos del juez instructor: que el simple cultivo es una actividad neutra, que no hubo una investigación previa y que no existen pruebas de que los 22 detenidos formen parte de una organización que justificara una actuación policial conjunta.
La Fiscalía había pedido prisión provisional para 17 de los implicados y para otro tres, fianza de 3.000 euros. El Ministerio Público apeló a la asentada jurisprudencia que fija en 10 kilos de marihuana la cantidad que se considera de notoria importancia y por tanto, mercancía con fines comerciales . Y es que el argumento recurrente de los detenidos por cultivos de marihuana es que son consumidores y las partidas intervenidas son para el autoconsumo. Eso fue lo que esgrimieron algunos de los implicados en la «operación sunami»; otros, sin embargo, se acogieron a su derecho a no declarar .
La puesta en libertad provisional, con la obligación de comparecer en sede judicial de manera periódica, motivó la airada crítica pública de la Fiscalía de Dos Hermanas. En un comunicado lamentaba que «la finalidad disuasoria había quedado completamente enervada tras la resolución judicial» y defendía la operación policial: «ha sido un completo éxito».
Dos detenidos a la semana
La investigación se centró en los titulares de las viviendas donde se localizaron las plantaciones. Pero los agentes no descartan que en esa actividad participaran otros miembros de la familia. También están convencidos de que el medio centenar de casas que registraron no son los únicos puntos donde se cultiva marihuana. La prueba más evidente es que a los pocos días de producirse la redada, los cuerpos policiales volvían a practicar detenciones de personas con droga que había crecido en viviendas de El Palmar. En concreto, dos individuos fueron interceptados en un coche de gama alta con 43 kilos de cogollos de marihuana. A diferencia de los otros 22 detenidos, el juzgado de Utrera los envió a prisión preventiva. Fuentes judiciales señalaron a ABC que ambos confesaron los hechos y previsiblemente serán condenados .
Lo que está ocurriendo en El Palmar no es una excepción. En otros municipios como Utrera o Los Palacios están viviendo la proliferación de estos cultivos clandest inos. Tanto la Fiscalía como los cuerpos policiales coinciden en alertar que la situación «se ha desmadrado». Durante el pasado verano, en plena campaña de recolección de los frutos (cogollos) de los que se obtiene la droga, la Fiscalía de Dos Hermanas tuvo una media de dos detenidos por semana. Además de arrestos, la producción de marihuana para la venta está sumando también condenas. Un mensaje que quieren dejar bien claro desde la Fiscalía antidroga. Las penas que conlleva esta actividad oscilan entre los tres años y los cuatro y medio de cárcel y están provocando la entrada en prisión.
La última memoria de la Fiscalía Antidroga recoge la preocupación de los delegados territoriales de varias provincias españolas por el aumento de esta actividad. Es un problema de tamaño nacional y en Andalucía las zonas que están presentando una mayor incidencia son las de Granada, Almería y Sevilla. «Han conseguido reproducir los cultivos de Marruecos , ahorrándose así el coste de pagar a un tercero la producción y los gastos de introducción en Europa. El negocio es considerable», señalan fuentes de la lucha antidroga .
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