El TS confirma los 14 años de cárcel para el sargento de Isla Mayor que daba cobertura a los narcos
La Sala no se cree que los más de 22.000 euros que recibió de los traficantes e ingresó en pequeñas cantidades fuera dinero para gastos domésticos
Tampoco ha convencido al Tribunal Supremo (TS) . La Sala de lo Penal del TS ha confirmado la pena de 14 años, tres meses y un día de prisión impuesta al sargento y comandante de puesto del cuartel de Isla Mayor que le daba cobertura a los traficantes locales para que pudieran introducir alijos de hachís por la desembocadura del río Guadalquivir.
En la sentencia facilitada a los medios por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sala rechaza los argumentos del antiguo oficial de la Benemérita sobre el origen de los 22.040 euros que fueron ingresados en pequeñas cantidades entre 2012 y 2016 en una cuenta que tenía con su esposa y que también ha sido sentenciada, como responsable a título lucrativo, a devolver esa cantidad.
Según la pareja, ese dinero era para sufragar gastos domésticos y tenía un origen lícito. Sin embargo, la investigación policial, sustentada sobre todo en la información recabada a través de un sistema de escucha instalado en el vehículo del sargento, donde se entrevistaba con un narco de Isla Mayor, demostró que había establecido una tarifa a cambio de sus servicios a los delincuentes. «Así, acordaron la entrega de 6.000 euros inicialmente y de 20.000 euros cada vez que terminase con éxito una operación. Los tres guardias civiles que colaboraron con su sargento -y que aceptaron los hechos durante el juicio- facilitaron información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil para evitar coincidir con la entrada del hachís.
A través de los seguimientos, los investigadores comprobaron que el mando de la Benemérita llegó a entregarle a uno de los narcos, la llave de una cancela que cierra el paso a una parte de la marisma del río.
Sobre el sistema de ingresos en pequeñas cantidades, desde 400 a 2.500 euros, el TS sostiene que es un sistema concebido «con la intención de esconder o camuflar, la procedencia delictiva de los bienes». Y el Supremo incide en la gravedad de la conducta en la que incurrió el condenado, que al tratarse de un sargento que actuaba como comandante de puesto, con capacidad para influir en la configuración de las órdenes para combatir el narcotráfico de la zona o para no hacerlo, como en este caso», incumplió las obligaciones de su cargo y puso «en alto riesgo la salud de quienes fueran adquiriendo esas toneladas de droga que permitía traficar mediante su consciente conducta».
La mujer, condenada a título lucrativo, no puede invocar a la teoría del desconocimiento. La Sala recuerda que sabía cuál era la nómina de su pareja, que es funcionario
En cuanto al recurso planteado por la mujer del sargento, no cabe invocar, según el TS, a la teoría del desconocimiento. Una tesis que recuerda a los argumentos expuestos en casos judiciales muy mediáticos como el que acabó condenando a la tonadillera Isabel Pantoja , también juzgada por blanqueo de capitales . «En cuanto a lo tocante a su conocimiento, es evidente que, siendo esposa de Francisco Javier C. B., y titular de la cuenta tuvo que conocer, o al menos representarse la posibilidad de que tal dinero procediera de las actividades de su esposo, no precisamente lícitas, puesto que la nómina se ingresaba mensualmente y en cantidad conocida para ella».
Las otras tres esposas de los agentes que confesaron en el juicio también fueron condenadas a devolver la cantidad que habían obtenido por pasarle información a los traficantes. La esposa del sargento no fue la que disfrutó de la cantidad más jugosa. Según consta en la sentencia, la mujer de Luciano M. V., guardia civil y mano derecha del sargento, se lucró de 53.800 euros.
La Audiencia impuso penas que van desde los dos años y tres meses de prisión a los ocho años y un mes a los 18 miembros y colaboradores de la organización de narcos liderada por Francisco Antonio R.C., alias «El Negro». Todos los acusados reconocieron los hechos durante el juicio y aceptaron las penas que solicitó la Fiscalía Antidroga, a excepción del sargento de la Guardia Civil Francisco Javier C.B, quien finalmente acabó recibiendo la pena mayor al negarse a confesar. Aseguró en todo momento que sus contactos con los traficantes formaban parte de un plan para infiltrarse.
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