Tribunales

Una conductora de Sevilla deberá pagarle a un guardia civil 3.000 euros por escupirle e insultarle

La Asociación Unificada, a través de su letrado, solicitó anular el procedimiento original que iba a resolverse por una cuantía de 120 euros

Imagen de archivo de un agente de Tráfico ABC

Silvia Tubio

A una conductora que iba en estado ebrio le va a costar 3.000 euros haberse enfrentado a un guardia civil porque no quería hacerse la prueba de alcoholemia. Insultó , golpeó y escupió a un agente; lo que le ha valido una condena por un delito de atentado . Además de la indemnización, ha sido sentenciada por el juzgado de lo Penal 2 de Sevilla a seis meses de prisión .

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha informado este jueves de este caso. El letrado de la asociación ha defendido los intereses del agentes y ha conseguido que un proceso que se iba a resolver con una indemnización de 120 euros , acabe zanjándose con una condena por atentado que lleva aparejada una pena mayor.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio del año pasado. Según reza en el capítulo de hechos probado de la sentencia, la conductora circulaba ese día por el casco urbano de Alcalá del Río y bajo la influencia del alcohol. Estuvo a punto de chocar con dos coches que estaban aparcados. Algo que presenció una patrulla de la Guardia Civil, que al comprobar el estado en el que estaba la mujer, le comunicaron que debía someterse a la prueba de alcoholemia . Arrojó una tasa de 1,91 mg/l (casi ocho veces la tasa máxima) y al ser informada de que debía realizarse una segunda prueba, se negó en rotundo y empezó a « manotear « con uno de los guardias, a insultarle y escupirle.

Según detalla la AUGC, el caso se inició en los juzgados como diligencias urgentes sin ofrecimiento de las acciones al agente y se fija una indemnización de 120 euros en función del parte sanitario que presentó el funcionario agredido que acudió a un centro sanitario. El letrado de la asociación solicitó un incidente de nulidad que le fue admitido y el asunto se reinició en los juzgados, que acabó tramitándose por un delito de atentado. La sentencia de 3.000 euros y seis meses de prisión fue acatada por la procesada tras llegar a un acuerdo con las acusaciones y ya es firme.

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