Tribunales
Condenan al exalcalde de Izquierda Unida de La Campana por la ampliación de un hotel
El proyecto de obras para incorporar 16 habitaciones «no era viable» y los promotores concertaron con el alcalde su ejecución «burlando las normas del planeamiento vigente»
Un juzgado ha condenado a Francisco Vargas Cabello, el exalcalde de Izquierda Unida del municipio sevillano de La Campana , por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación al permitir la ampliación de un hotel restaurante en un suelo urbanizable solo para uso industrial.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se condena al alcalde de dos meses de prisión, tres años y un mes de inhabilitación especial y una multa de 540 euros , y a los dos administradores de la sociedad que hizo la obra a tres meses de prisión, a la misma multa y a tres meses de inhabilitación.
En el fallo, dictado por el juzgado de lo penal 14 de Sevilla, se consideran como hechos probados que la ampliación exterior del hotel, acometida en 2004 para incorporar 16 habitaciones, «no era viable» y por eso los promotores concertaron con el alcalde su ejecución «burlando las normas del planeamiento vigente».
El técnico proyectista señaló que el suelo era no urbanizable y debía estar a 50 metros de la carretera N-IV y a 25 de la SE-131, explica la sentencia, en la que se añade que las obras se comenzaron sin licencia municipal «de ninguna clase, a sabiendas de su ilegalidad» y a solo 14,5 metros de la carretera.
El arquitecto municipal, tras inspeccionar las obras, informó desfavorablemente a la licencia y advirtió que solo se podía hacer la reforma interior pero no la ampliación.
La Guardia Civil avisó
Posteriormente, un vecino denunció la invasión de la zona de afección de carreteras y el gobierno local acordó en agosto de 2004 suspender las obras, aunque el 30 de septiembre de 2004 el Ayuntamiento permitió que continuaran, mientras que en abril de 2006, la Guardia Civil avisó de obras irregulares con un nuevo edificio de 180 metros cuadrados.
En enero de 2007, el juzgado paralizó las obras , de la que no se tiene constancia si avanzaron desde finales de 2004 y cuyo coste de reposición a su estado original se cifra en 117.557 euros, según la sentencia
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