Condenado un guardia civil por hacer de topo para una red de contrabando con epicentro en Marchena

J. Díaz

03/04/2022 a las 08:31h.

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La Audiencia de Sevilla ha condenado a un agente de la Guardia Civil por un delito de revelación de secretos . Este funcionario desarrollaba su trabajo en el sección fiscal del Instituto Armado en el puerto de Cádiz , desde donde facilitaba información a una organización dedicada al contrabando de tabaco con epicentro en el municipio sevillano de Marchena , que estaba siendo investigada en una operación conjunta entre agentes de Sevilla y de Santa Cruz de Tenerife .

En enero de 2012 , tras meses de investigación de la Guardia Civil, un juzgado de Marchena ordenaba la entrada y registro en los domicilios de los miembros de la organización. Aquello destapó una red compuesta por cuatro clanes, a los que intervinieron más de 120.000 cajetillas de tabaco que hubiesen alcanzado en el mercado un valor por encima de los 470.000 euros. Se detuvieron a 18 personas, entre ellos un funcionario judicial, y se descubrieron miles y miles de euros en los registros. Fue el resultado de la operación 'Platanera' .

Estos 18 miembros de la red fueron condenados en septiembre de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla . Los condenados eran naturales de Marchena, Carmona, Paradas, Utrera, Los Molares, Umbrete, Málaga, Villamartín, Lebrija, Alcalá del Río y Sevilla capital . En el juicio, reconocieron los hechos, en virtud al acuerdo que habían alcanzado con las partes y que supuso una rebaja en las penas inicialmente solicitadas.

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y Sevilla estaban detrás de esta organización desde, al menos, 2011. Se dedicaban a la adquisición, distribución y venta de tabaco, algunos de ellos de ilícito comercio, al ser productos falsificados, y otros de lícito comercio, pero sin presentarlos a la Administración Aduanera correspondiente.

Entre los grupos pertenecientes a esta red estaba, el conocido como «clan de los Constructores» , cuyos principales miembros eran los condenados R.G.A. y J.A.B.A., quienes se encargaban de viajar a Santa Cruz de Tenerife para hacerse con el tabaco e introducirlo a la península por diferentes vías de transporte; el «clan del Lechugo» , compuesto por un miembro principal y cabeza visible, J.A.A.C., quien negociaba con el «clan de los Constructores«; el «clan del Canijo» , donde el miembro principal era A.P.S., estaba dedicado a la venta a consumidores finales; mientras el «clan del Patillas» , cuyo cabecilla es J.L.P., también estaba dedicado a la venta del tabaco de contrabando a los consumidores finales.

Todos estos grupos también distribuían la mercancía entre personas individuales que, a su vez, la hacían llegar a consumidores finales. Uno de los 18 acusados era J.A.R.A., funcionario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena , el órgano judicial encargado de instruir esta causa. Daba chivatazos de actuaciones judiciales contra este grupo delictivo. El 17 de enero de 2012 avisó a uno de los cabecillas del «clan de los Constructores» de la entrada y registro que de forma inminente se iba a producir en su domicilio.

Después se supo que la red contaba con otra ayuda clave. Un agente de la Guardia Civil de la sección fiscal del puerto de Cádiz también le estaba facilitando información de cada paso que daban sus compañeros en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

Este agente, que responde a las iniciales F.J.G.P., el 20 de septiembre de 2011, sobre las 14,47 horas, hizo una consulta en la bases de datos interna de la Guardia Civil (SIGO) , a la que podía acceder gracias a su cargo, sobre la matrícula de varios vehículos, entre las que se encontraba la correspondiente a un vehículo camuflado del Instituto Armado que formaba parte del dispositivo de seguimiento y control que se llevaba a cabo ese día en Santa Cruz de Tenerife sobre la organización dedicada al contrabando.

Dicha consulta que confirmaba que el referido vehículo pertenecía a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se hizo llegar por el acusado a personas que estaban relacionadas con la operación de distribución y venta de tabaco de ilícito comercio, confirmando así las sospechas de estar siendo vigilados.

El agente, en el juicio, alegó que hizo la consulta porque su esposa había tenido un percance de tráfico en el que se salió de la carretera como consecuencia de la maniobra de otro vehículo y al estar ella muy asustada, él quiso hacer alguna averiguación sobre dicho coche, según la sentencia facilitada a este periódico por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una versión «poco creíble» para el tribunal.

El agente de la Guardia Civil fue juzgado el pasado mes de febrero, más de una década después de que lo pillaran . Este retraso ha favorecido al acusado. La Fiscalía le pedía dos años de cárcel, pero el tribunal de la Audiencia Sevilla ha apreciado la atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas , por lo que la pena ha quedado en tres meses de multa a razón de cuatro euros diario e inhabilitación especial para cargo público o empleo durante tres meses.

Los otros 18 acusados fueron condenados, en virtud del acuerdo con las partes, por contrabando a tres meses y un día de prisión y multa de 470.000 euros. Siete de ellos, además, fueron condenados por asociación ilícita a seis meses y un día de prisión, y diez de ellos por el mismo delito a tres meses y un día de cárcel. Por último, el funcionario fue condenado al pago de una multa e inhabilitado durante tres meses para empleo o cargo público. Este acusado ya contaba con otra sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional .

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