Provincia
Condenada una secretaria judicial por quedarse con 135.000 euros de la cuenta del juzgado
La Audiencia le impone dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta por desviar durante años fondos de la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado Primera Instancia e Instrucción Único de Cazalla de la Sierra
La Audiencia de Sevilla ha condenado a quien fuera secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Cazalla de la Sierra por quedarse con 135.000 euros de la cuenta de dicho órgano judicial a través de un centenar de transferencias durante un lustro. Enviaba los fondos a cuentas de su hijo o de sus amigas.
La investigada, Isabel E.U., fue nombrada secretaria judicial sustituta (su denominación actual es letrado de la Administración de Justicia) en el Juzgado de Cazalla de la Sierra en diciembre de 2006 y allí estuvo hasta mayo de 2015 , cuando cesó al ser suspendida provisionalmente en sus funciones por acuerdo del secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el seno de un expediente administrativo .
Como secretaria judicial, según la sentencia de la Audiencia facilitada por el TSJA, le correspondía gestionar y efectuar el control sobre la cuenta de Depósitos y Consignaciones , siendo la única persona autorizada para disponer de los fondos existentes en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado de Cazalla de la Sierra.
Desde el 5 de noviembre de 2010 comenzó a extraer dinero de algunas cuentas de consignaciones de expedientes judiciales (procedimientos abiertos en el juzgado) a su cargo, apropiándose de dicho dinero.
Una al mes
«Animada por la facilidad de quedarse con el mismo sin que fuera advertido por nadie», con fecha de 21 de febrero de 2011 comenzó con una cadencia más o menos mensual a ordenar transferencias y mandamientos de pago de dichas cuentas expediente a las propias. Para ello usaba cuentas propias, a nombre de su hijo o de sus amigos.
Para reponer las cantidades que iba disponiendo de las distintas cuentas expediente del juzgado, a su nombre o de terceros para su particular beneficio, realizó diferentes transferencias entre las propias cuentas-expediente con la finalidad de ocultar su conducta , ya que estaba recibiendo reclamación de devolución de algunas cantidades de las que indebidamente se había apropiado.
De tal forma que con fecha de 4 de abril de 2014 creó «ex profeso» otra cuenta expediente que no estaba vinculada a ningún procedimiento abierto en el Juzgado de Cazalla y a la que derivaba cantidades de las distintas cuentas-expediente, algunas veces a sus propias cuentas y otras a otras uenta-expediente, posiblemente para atender reclamaciones de pagos o devoluciones.
A su hijo o a una amiga
Así, a esta cuenta transfería distintas cantidades de dinero procedentes de otras cuentas-expediente y con el dinero ingresado en la misma, realizaba mandamientos de pago a su nombre o al de su hijo o al de una amiga , dinero que disponía exclusivamente la investigada, vecina de la ciudad de Sevilla.
Realizaba numerosas transferencias de unas cuentas-expediente a otras, sin que ello obedeciera aparentemente a causa alguna que pudiera tener origen en el seno de los procedimientos, ya que lo hacía de forma aleatoria sin fundamentación alguna. El total de las cantidades apropiadas por la acusada asciende a la cuantía de 135.846,72 euros.
La propia condenada asumió la gravedad de los hechos desde hace tiempo y ha empezado a reparar el daño causado, habiendo reintegrado en las cuentas del juzgado la cuantía de 31.200 euros, según constan en las actuaciones.
La investigación de esta cauas se ha extendido durante más de cinco años, con periodos de un año de duración en los que no se ha llevado a cabo ninguna actuación procesal, por lo que el tribunal ha apreciado, además de la atenuante de reparación del daño, la de dilaciones indebidas .
La funcionaria iba a ser juzgada en la Audiencia de Sevilla por un jurado popular, pero finalmente, en virtud a un acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, ha sido condenada, sin la celebración del juicio, a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos . Además, deberá indemnizar a la administración de Justicia con los 135.846,72 euros desviados a cuentas propias o de amigas y pagar las costas.
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