Seguridad
Ayuntamientos sevillanos tiran de vigilantes privados para sustituir a policías locales
El PP denuncia que en el caso de Marchena se ha «abierto una puerta muy peligrosa para la seguridad de los españoles»
El Ayuntamiento de Marchena, gobernado por la socialista María del Mar Romero , ha recurrido a la seguridad privada para cubrir las bajas de los policías locales. De los 31 funcionarios con los que cuenta el municipio, 23 de ellos están fuera de servicio por motivos médicos. Esta decisión es el penúltimo episodio de enfrentamient o entre la plantilla de agentes y la regidora, que tras obtener la autorización de la subdelegación del Gobierno para incorporar a vigilantes, recomendó a los funcionarios, en claro tono irónico, «evitar realizar tareas laborales como coger aceitunas, pintar inmuebles, hacer obras…, salvo que se lo haya prescrito el facultativo que los atiende en su proceso, porque esas actividades laborales, podrían perjudicar su curación, incluso, ser incompatibles con su periodo de incapacidad transitoria».
Desde este pasado jueves están trabajando en turno de mañana y tarde estos vigilantes que acompañan a los agentes policiales. Los que realizan labores en la calle van sin armas; mientras que si están dentro de la jefatura, sí van armados. Los agentes que se encuentran de baja denuncian que el protocolo de actuación sobre las competencias de estos vigilantes se guarda en secreto «y sólo se le comunica a los policías que están operativos, advirtiéndoles que no pueden filtrar el contenido de dicho protocolo», señala Antonio Romero, abogado del sindicato SPPME que va a denunciar esta medida.
No van a ser los únicos, el PP también se ha mostrado muy crítico con la incorporación de vigilantes de seguridad privada para sustituir a funcionarios policiales. «El Gobierno central ha abierto una puerta muy peligrosa para la seguridad de los españoles y que podría suponer una brecha en la seguridad de los sevillanos. Lo que tendrían que explicar Marlaska y Sánchez es si han decidido que a partir de ahora la seguridad de los españoles va a ser responsabilidad de la vigilancia privada y no de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local », afirmaba este viernes la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.
«Lo que tendría que explicar Marlaska y Sánchez es si han decidido que a partir de ahora la seguridad de los españoles va a ser responsabilidad de la vigilancia privada y no de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Local»
Los populares aseguran que la subdelegación ha realizado una «interpretación torticera de las leyes» para salir en ayuda de la alcaldesa socialista. Desde el departamento que dirige Carlos Toscano detallan a ABC que se ha autorizado esta medida por la situación excepcional, al quedarse bajo mínimos la plantilla de agentes, y porque se trata de una solución temporal que se eliminará conforme se vayan incorporando los funcionarios que están de baja. Y se basan, además, en un informe que les remitió la unidad de seguridad privada de la Policía Nacional que daba luz verde a esa incorporación.
Recientemente en el municipio balear de Inca se acordaba la misma medida para garantizar el cumplimiento de las medidas anticovid . Fuentes policiales aseguran a ABC que no hay precedentes en la provincia de la contratación de vigilantes para sustituir a funcionarios policiales como se está ya haciendo en Marchena. La propia subdelegación admitía a ABC hace unos días que la petición de ese Ayuntamiento era extraordinaria.
San Juan, Coria...
Sin embargo sí hay ejemplos de vigilantes realizando funciones de policías en distintos municipios y es que los consistorios están recurriendo a esta vía para sortear los conflictos con los funcionarios que desembocan en bajas masivas o como alternativa ante la falta de personal para cubrir determinados servicios extraordinarios. La reducción drástica de efectivos de las policías locales es un problema compartido por muchos municipios desde que se autorizó la jubilación anticipada en 2019 para este personal. Una medida que se ha traducido en reducciones de plantilla.
En San Juan de Aznalfarache, el Ayuntamiento recurrió este verano a la contratación de seguridad privada para controlar que no se producen botellonas en los parques del municipio y en Coria se tiró de vigilantes para la seguridad del mercadillo, por citar algunos casos.
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