CONSORCIO DE LA SIERRA SUR
Ascienden a nueve los arrestados por el fraude de la «falsa» planta de reciclaje de Estepa
El secretario del Consorcio de la Sierra Sur y lider de la organización, José Antonio Mañas, cuenta con antecedentes policiales por la comisión de diversos delitos anteriores de carácter urbanístico
Ascienden a nueve las personas detenidas por su presunta implicación en el fraude de la «falsa» planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur en Estepa , organismo dependiente de la Diputación de Sevilla, según ha detallado este sábado la Policía Nacional.
A principios de esta semana, ABC informaba de la detención de siete implicados en el marco de un operativo policial, el que participó hasta un helicóptero, desarrollado en distintas localidades de la Sierra Sur sevillana , un número que finalmente se ha elevado a nueve.
De esta manera, según la propia Policía Nacional , se ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la obtención de fondos públicos de manera ilícita , liderado por el secretario del Consorcio de la Sierra Sur e interventor del Ayuntamiento de Algámitas , José Antonio Mañas.
El epicento de esta operación policial, denominada «Broza», se ha situado en Estepa, aunque las nueve detenciones se han producido en distintos puntos de la comarca, así como en otros puntos de la provincia de Má laga. A todas se les investiga como presuntas autoras de varios delitos contra la Administración Pública.
Empresas fantasmas
Además, los agentes han intervenido numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo . José Antonio Mañas, el líder de este grupo criminal y Manuel Ibáñez, jefe de la planta y su socio, ambos altos cargos del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur, ingeniaron todo un entramado empresarial, en el que sin ningún tipo de licitación pública, realizaron «autocontrataciones» con fondos públicos a diversas empresas fantasmas cuyos administradores eran familiares suyos, en concreto, sus parejas, apunta la Policía Nacional.
La investigación, iniciada en el mes de enero como ya desveló en su momento este periódico, tuvo una fase primaria donde los agentes verificaron la existencia de los delitos y analizaron el «modus operandi» , así como el grado de participación de los investigados.
Durante estos meses de investigación inicial, las diligencias practicadas por los investigadores permitieron conocer la existencia de Magno Ambiental del Levante , una empresa que, a finales de 2018, habría suscrito un contrato de arrendamiento con el Consorcio para la gestión de maquinaria destinada a la recogida de residuos en los distintos municipios que participaban en el mismo. Casualmente, el secretario del Consorcio era el administrador único de dicha empresa , quien cuenta con antecedentespoliciales por la comisión de diversos delitos anteriores de carácter urbanístico.
Este contrato se modificó apenas dos meses después, de manera «unilateral y fraudulenta» por Mañas, de tal forma que se alteraba su contenido de manera muy provechosa para la empresa beneficiaria y con «gran perjuicio» para las Administraciones Públicas implicadas .
Más de un millón de perjuicio para el Consorcio
De hecho, la Fiscalía cree que el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura».
Días después, los agentes detectaron una serie de transmisiones de titularidad de la mencionada empresa beneficiaria a través de testaferros y «hombres de paja» , resultando que quienes realmente figuraban como propietarios eran Mañas e Ibáñez y como administradoras sus parejas.
Mediante este «modus operandi» y otra sociedad, lograron establecer un procedimiento de contratación con fondos públicos que en realidad, quedaba al arbitrio de los ahora detenidos. Lograron así un enriquecimiento mediante la «autocontratación» de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública .
Los beneficios obtenidos de este ilícito modo, habrían pasado al patrimonio particular de los detenidos mediante diversas maniobras propias del blanqueo de capitales, tales como: la simulación de operaciones comerciales inexistentes u operaciones hipotecarias .
La fase final de la operación policial se ha venido desarrollando desde el pasado martes 16 de junio, como adelantó ABC, practicándose de manera simultánea las nueve detenciones y cinco registros domiciliarios en municipios de Sevilla y Málaga .
Se ha intervenido numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo, así como se ha procedido a la solicitud judicial del bloqueo de las cuentas bancarias de todas las personas y sociedades implicadas.
Los detenidos fueron puesto a disposición de la Autoridad Judicial este pasado jueves, en el marco de una investigación realizada por el Grupo de Anticorrupción y Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla, junto a la colaboración de agentes de la Comisaría de Antequera.
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