Arranca el juicio al funcionario de Castilblanco, acusado de quedarse con dinero de los tributos locales

El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos detectó hace tres años un agujero en su caja de recaudación de más de 100.000 euros. Un desfase contable entre el dinero que el Consistorio había ingresado por tasas municipales como las licencias de obras y los permisos que se habían concedido. El entonces alcalde Segundo Benítez (PSOE) ordenó abrir una investigación interna que acabó responsabilizando a uno de sus funcionarios de haberse quedado durante años con el dinero que entregaban los vecinos por pagos de tributos locales como licencias de obras o acometidas de agua.

Este empleado público se sienta esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide para él ocho años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación en concurso con otro de falsedad documental. El Ministerio Público, que en esta vista oral está representada por su responsable provincial, María José Segarra, sostiene que el funcionario se llegó a apropiar de cerca de 200.000 euros durante más de una década.

Este martes ha arrancado el juicio con la designación de los miembros del jurado popular . La defensa tenía previsto solicitar como cuestión previa la incorporación de una prueba documental y la declaración de un testigo, según ha confirmado a ABC el letrado Luis Romero. Mañana está previsto que declare el único acusado por un desfalco cifrado en 186.551 euros .

Durante la investigación interna que llevó a cabo el Ayuntamiento, se encontraron 139 expedientes de licencias metidas en un armario del departamento de Administración, donde estaba destinado el acusado. Las tasas habían sido cobradas pero no habían sido ingresadas en las arcas municipales. La Fiscalía asegura que el acusado era el único que tenía la llave que abría ese armario donde estaban escondidos los documentos.

En una segunda fase de las pesquisas, en las que se contó con la colaboración de vecinos que acudieron personalmente al Ayuntamiento para constatar si sus pagos habían sido ingresados, se encontraron otros 116 expedientes, de los años 2009 a 2013. Es decir, el desfalco que ahora se juzga se habría cometido entre el año 2000 y 2013.

El empleado público ha negado a lo largo del procedimiento haberse quedado con el dinero . Afirma que no era el único que tenía acceso al armario y que había más compañeros que cobraban en mano las tasas municipales. Durante la instrucción, demandó al Ayuntamiento de Castilblanco por haber obviado su versión en los canales informativos locales y éste se vio obligado a difundir un escrito de rectificación del ahora acusado.