Una alta funcionaria de Diputación asegura que las ayudas a la Pará de Gines las decidía Presidencia

Jesús Díaz

26/03/2021
Actualizado a las 16:35h.

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El juez José Ignacio Vilaplana , al frente de la investigación sobre las irregularidades en la organización de la feria 'Una Pará en Gines' , cuya celebración durante durante diez años se llevó a cabo sin ningún procedimiento legal y para la que se concedieron desde la Diputación de Sevilla de forma «arbitraria» subvenciones excepcionales, ha continuado este viernes tomando declaraciones a más investigados. En esta ocasión ha sido el turno de exresponsables y funcionarios del organismo provincial. Así, la jefa de Servicio del Gabinete de Presidencia, Ángela R.R., ha asegurado que estas ayudas fueron decisión de Presidencia , sin concretar si venía directamente del presidente Fernando Rodríguez Villalobos o de Antonio Pradas , quien fuera jefe de gabinete de éste. Esto es, eran decisiones políticas .

Esta alta funcionaria no ha sido la única que ha declarado este viernes como investigada, sino que también han pasado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el propio Antonio Pradas, actual consejero del PSOE en la RTVA y secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca en la ejecutiva regional del partido; el jefe de Relaciones con los Territorios del organismo provincial y exalcalde socialista de La Roda, Manuel Silva Joya; y el vicesecretario general de la Diputación, José Luis R.R., quien ha sido el segundo en declarar.

El viernes pasado fue el turno de Rodríguez Villalobos , quien descargó toda la responsabilidad en los funcionarios que tramitaron las ayudas, cuyas resoluciones llevaban su firma como máximo responsable de la institución provincial. Además, insistió en que no intervenía en la tramitación de los expedientes de ayudas.

La versión del presidente del PSOE de Sevilla contrasta con la tesis expuesta por el juez instructor en el último auto, donde sostiene que la concesión de sucesivas ayudas de 6.000 euros durante los años 2007, 2009, 2010 y de 4.000 euros en 2011, «habría venido determinada por la sola voluntad del presidente de la Diputación» , a la vista de las diligencias policiales, periciales y documentales que se han practicado.

Villalobos dijo que firma unas 7.000 resoluciones al año como presidente de una institución que da servicio a 105 municipios de la provincia y que maneja un presupuesto anual superior a los 400 millones de euros. Dada la cantidad de resoluciones que los funcionarios tramitan y le trasladan para poner su rúbrica, consideró que no podía conocer el detalle de cada una de ellas, máxime cuando se trata de ayudas dadas hace trece o diez años.

Tanto la Fiscalía como la Guardia Civil creen, en cambio, que el dirigente socialista -uno de los principales apoyos de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz- tuvo un papel decisivo en el reparto de fondos públicos para financiar una feria organizada por el Ayuntamiento de Gines durante diez años (2007-2016) «sin regulación» ni «instrumento normativo alguno».

En cambio, la jefa de Servicio del Gabinete de Presidencia ha insistido hoy a preguntas de su abogado, de las demás partes y del juez, en que desde el gabinete de Presidencia le mandaban la orden de las ayudas a la 'Pará de Gines' en las que se manifestaba el carácter excepcional de las subvenciones por parte del presidente, Fernando Rodríguez Villalobos. Esta afirmación concuerda más con las tesis del instructor. En la causa obra varios documentos que así lo corroboran.

De hecho, el juez le ha preguntado a Ángela R.R. por un documento elaborado por su unidad de propuesta de ayuda a la feria agroganadera de Gines en el que se considera excepcional la subvención. Ella ha respondido que este carácter excepcional lo marca el gabinete de Presidencia, los órganos políticos de la Diputación.

«El interés público y social» de las ayudas venía dado y nunca le advirtieron de que las propuestas no contenían una motivación suficiente, ha indicado la funcionaria. Después ella ha sido el turno de Pradas, en una declaración de menos de diez minutos y en la que sólo ha respondido a su abogada.

El dirigente socialista ya tuvo que declarar en 2018 ante la Guardia Civil por este asunto, entonces como testigo. El que fuera diputado nacional del PSOE y uno de los más estrechos colaboradores de Susana Díaz manifestó que «en este caso actuó por delegación del presidente (Rodríguez Villalobos) , entendiendo que se dan las circunstancias de excepcionalidad y se solicita el informe de los técnicos, el secretario general e Intervención», según recoge el acta de su declaración que obra en el sumario del caso, a la que ha accedido ABC.

Hoy, Pradas se ha limitado a decir que él no tenía competencias para otorgar ayudas ni tiene nada que ver con los hechos investigados, apuntando también a los técnicos en la elaboración de las propuestas de las ayudas a la feria 'Una Pará de Gines'.

En esta causa están investigado, entre otros, el alcalde actual del municipio del Aljarafe, Romualdo Garrido , y el anterior, Manuel Camino Payán (2007-2015), ambos del PSOE. Precisamente, Villalobos se reunió con Camino Payán para abordar las ayudas antes de la concesión de éstas. Así lo ha admitido este viernes el jefe de Relaciones con los Territorios del organismo provincial y exalcalde socialista de La Roda, Manuel Silva Joya, en su declaración.

Según el juez, cargos municipales y de la Diputación «habrían ultimado la presentación de la correspondiente solicitud de ayuda y elaboración ad hoc de documentación tendente a justificar el otorgamiento de unas sucesivas y recurrentes subvenciones excepcionales carentes de fundamento y motivación ».

Por su paret, el secretario general y el interventor de la Diputación, Fernando Fernández-Figueroa y Eduardo López, respectivamente, justificaron la semana pasada ante el juez la falta de convocatoria pública para repartir los fondos públicos esgrimiendo razones de interés público, social, económico o humanitario .

En este aspecto radica la clave del caso. Es decir, ¿hubo o no discrecionalidad en la distribución del dinero público? . Ambos funcionarios defendieron la legalidad de las ayudas y argumentaron que la propuesta de resolución de las mismas bastaba para justificar su interés especial, por lo que no hacía falta más motivación que esa.

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