La alcaldesa de Almadén de la Plata, a juicio por prevaricación el 12 de diciembre

Ya hay fecha para la vista. La alcaldesa de Almadén de la Plata , la socialista Felicidad Fernández , ha sido procesada por un delito de prevaricación administrativa en el ejercicio de su cargo como regidora de este municipio y ha sido citada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla para juicio oral el día 12 de diciembre a las once y media de la mañana. El auto de citación, al que ha tenido acceso ABC, se ha emitido varios meses después de que se cerrara definitivamente la fase de instrucción en el único juzgado de Cazalla de la Sierra, que llevó la causa hasta la pasada primavera desde que se abriera a raíz de una denuncia de la Fiscalía en octubre de 2015 . El asunto se cerró una vez que este juzgado había rechazado el último recurso presentado por el abogado defensor de la alcaldesa, que venía sosteniendo que el asunto se ceñía a un simple «error administrativo ya subsanado».

El Juzgado de Instrucción consideró en su momento que existen indicios suficientes de un delito de prevaricación administrativa por varios contratos realizados «sin procedimiento regulado alguno» , a dedo, a un primo de la alcaldesa y a otra persona más, de modo que Fernández tendrá que sentarse en el banquillo en los próximos meses. La Fiscalía, por su parte, también ratificó en el informe final su posición inicial y calificó los hechos investigados como presunta prevaricación en la contratación de dos personas en el Ayuntamiento en verano de 2014, nada más convertirse Fernández en alcaldesa de Almadén.

El proceso judicial se abrió tras la denuncia en la Fiscalía de Sevilla de los dos concejales de Unidos por Almadén —que hizo suya el Ministerio Público— a raíz de la contratación con cargo al Ayuntamiento de dos trabajadores, uno de ellos primo de Fernández, sin que se hubiera producido una convocatoria pública de las plazas ni se tuvieran en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Los dos fueron luego despedidos coincidiendo con el avance de la investigación del fiscal, pero al menos uno de ellos fue nuevamente contratado en el ámbito municipal.

De las diligencias practicadas, y tal y como la propia juez de Instrucción indicó en el auto de procedimiento abreviado, se desprende que la alcaldesa de Almadén contrató al trabajador J.O.F. (su primo) para que prestase servicios en el Consistorio como «agente de dinamización juvenil». Además, hizo lo propio con J. A. B. V. como coordinador del proyecto Ribete a jornada completa, «cuando la subvención base del contrato era para un contrato a media jornada», refirió la instructora. En ambos casos, las contrataciones se llevaron a cabo por Fernández «de forma unilateral y sin sujeción a procedimiento administrativo alguno», rezaba el auto.

Fernández no quiso valorar en su momento ni los hechos en sí ni el procesamiento, mientras que en el PSOE de Sevilla ha recalcado en varias ocasiones que «no se trata de un caso de corrupción sino de un error administrativo, subsanado al poco de conocerse», de modo que «no es aplicable el código ético» del partido, que la obligaría a dimitir. Además de alcaldesa, Fernández ha sido secretaria de Cooperación al Desarrollo del partido en la provincia y también alto cargo en la Diputación de Sevilla.