Infraestructuras ferroviarias

Adif ultima el convenio para poner en servicio la Variante de Aguadulce tras «cambiar de postura» la Junta

Se ha solicitado la firma de un «protocolo urgente que aceptando la posibilidad de una compensación económica por parte del Estado por el tramo de infraestructura»

ABC

Los centros de la Administración General del Estado involucrados en la puesta en servicio de la Variante de Aguadulce -el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la Subdirección General de Planificación Ferroviaria- se han reunido para «ultimar» el convenio que permitirá la recuperación de los tráficos ferroviarios y dicha puesta en servicio tras conocer el «cambio de posicionamiento» de la Junta de Andalucía en torno a este asunto.

Así lo ha dado a conocer Adif en un comunicado este pasado miércoles en el que ha valorado el «cambio de postura» que, en su opinión, expresó este martes la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo , tras reunirse con alcaldes de municipios de la Sierra Sur de Sevilla.

En concreto, la consejera manifestó que «el problema» en torno a la cesión al Estado de la titularidad de la plataforma sobre la que se ha repuesto el trazado ferroviario -en la actualidad de carácter autonómico-, lo que haría posible la recuperación al completo de la línea de ancho convencional Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra mediante la puesta en servicio de la Variante de Aguadulce, «no está en cómo compensar, porque hay fórmulas y estamos dispuestos a escucharlas todas para ponernos de acuerdo cuanto antes».

Esta «variación de la posición» permite a Adif «desbloquear la situación», según el administrador ferroviario, que ha valorado esta actitud de la consejera, «solicitando la firma de un protocolo urgente y aceptando la posibilidad de una compensación económica por parte del Estado por el tramo de infraestructura», ya que «permitirá la pronta firma de un convenio que solvente la situación de bloqueo que, hasta ahora, mantenía la Junta».

Críticas a la Junta

El ente público estatal «no comprende la postura que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha venido manteniendo» hasta este martes «al negarse a facilitar a Adif la titularidad de la plataforma sobre la que se ha repuesto el trazado ferroviario», teniendo en cuenta que las obras que conectan de nuevo al completo la línea Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra «están acabadas desde finales de marzo».

Según Adif, la Junta «ha venido obstaculizando de manera grave la recuperación de los tráficos ferroviarios », por lo que «ha perjudicado durante meses a esos mismos ciudadanos a los que dice defender».

Adif, no obstante, «entiende que la Junta de Andalucía tiene derecho a una justa contraprestación económica », que «se establece como consecuencia del análisis del coste de la adquisición de los terrenos y de la ejecución de la obra de plataforma sobre la que ahora se asienta la reposición del trazado ferroviario ejecutado, previa tramitación del expediente patrimonial o expropiatorio que corresponda».

Sin embargo, el ente público «no puede negociar con la Junta la apertura de esta infraestructura ferroviaria acabada desde hace siete meses a cambio de la ejecución de una obra concreta, como pide la Junta de Andalucía», según apostilla Adif, en alusión a la propuesta trasladada por la Consejería de Fomento de realizar dicha cesión a cambio de la ejecución por parte del Estado de la conexión por cercanías con la estación de tren de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

Adif ha emplazado a la Junta de Andalucía a «mantener» su «responsabilidad institucional para posibilitar la apertura de esa variante ferroviaria cuanto antes, mediante la cesión de uso y transmisión de la titularidad de los terrenos », todo ello «con la garantía de llevar a efecto a continuación un proceso de valoración para determinar la contraprestación a la comunidad autónoma andaluza a cambio de la transmisión patrimonial de la citada plataforma».

Desde Adif concluyen que, a pesar de su «esfuerzo inversor», la «negativa de la Junta a colaborar en su puesta en servicio supone un importante coste para Renfe en el uso de autobuses para el trasbordo de viajeros por carretera », a lo que se unen «las molestias para los viajeros, los grandes perjudicados de esta situación de bloqueo administrativo por parte de la Junta de Andalucía».

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