Tribunales
Adelante Andalucía pide personarse como acusación en el caso del Consorcio Estepa-Sierra Sur
La coalición de izquierdas está «a la espera» de conocer las diligencias judiciales tras la detención y puesta en libertad de seis miembros del ente comarcal
Adelante Andalucía ha solicitado al Juzgado mixto número dos de Estepa personarse en las diligencias de los posibles delitos cometidos en la gestión del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur , presidido por el alcalde de Estepa, el socialista Antonio Jesús Muñoz, donde el secretario y el gerente de la entidad habrían administrado supuestamente una empresa contratada por el propio Consorcio.
El alcalde de Pedrera y representante de la coalición de izquierdas en este consorcio, Antonio Nogales , ha explicado que su organización se encuentra «a la espera» de conocer las diligencias judiciales practicadas hasta el momento por el juzgado respecto a la entidad, ante la detención de seis de sus miembros.
La Policía Nacional señala que los seis detenidos prestaron declaración en calidad de detenidos y después quedaron en libertad .
Mientras tanto, el Consorcio ha defendido que la comparecencia de los aludidos ante la Policía se produjo de manera voluntaria, después de que los agentes les pidieran que se personasen en la comisaría más cercana, ubicada en Antequera.
El Consorcio defiende que las pesquisas policiales iban en la línea de buscar la «documentación anterior a la toma de posesión de Antonio Jesús Muñoz como presidente de la entidad en octubre de 2019», declarando voluntariamente también el alcalde de Estepa.
Izquierda Unida avisa de que hasta el 21 de marzo del pasado año, el secretario interventor y el gerente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa - Sierra Sur figuraban como administradores de una sociedad mercantil radicada en Alicante y con la que el Consorcio habría trabado «importantes operaciones de contratación».
En ese sentido, IU y el Partido Popular reclaman desde hace semanas el cese del secretario interventor del Consorcio , José Antonio Mañas, y del gerente del mismo, ante la denuncia que la Fiscalía promovió en su contra al respecto de las contrataciones que la entidad pública concertó con la compañía alicantina que era administrada por ambos, una cuestión que también afectó al alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión.
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