350 policías locales de la provincia podrían acogerse ya a la jubilación anticipada
Los ayuntamientos aprueban asumir el coste de esta medida que da respuesta a una vieja demanda policial
Hace años que la Policía Local viene reclamando a las administraciones que acabaran con el agravio comparativo que sufren con los cuerpos estatales, cuyos miembros pueden acogerse a la jubilación anticipada por las condiciones especiales de trabajo, que impiden rendir al mismo nivel a los agentes de más edad cuando son destinados a funciones netamente policiales.
Esa vieja demanda se acabó encauzando hace unos días cuando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobaba que los ayuntamientos asuman el coste que supondrá permitir la jubilación a partir de los 60 años a un colectivo que en estos momentos conforman unos 70.000 funcionarios en toda España , 12.538 en Andalucía (en esta cifra se incluyen los vigilantes municipales que dan servicio a las poblaciones con menos de 5.000 habitantes) y 2.717 en la provincia de Sevilla .
Según estos datos que maneja la Consejería de Justicia e Interior y a los que ha tenido acceso ABC, en la plantilla provincial hay unos 350 funcionarios de la Policía Local que se encuentran en el tramo de edad comprendido entre los 60 y los 65 años y que podrían acogerse desde ya a la jubilación anticipada.
Quién paga
La luz verde dada por la FEMP ha salvado el único escollo que quedaba tras años de reuniones, concentraciones, escritos y peticiones de los policías. Los municipios decidían saltar definitivamente el obstáculo económico que imponía el Estado, que no estaba dispuesto a hacerse cargo de la «sobrecotización» de estos empleados para que puedan llegar a la edad del retiro sin merma en sus pensiones.
El acuerdo a nivel municipal es absoluto, como señala el presidente del sector de administración local de CSIF-Andalucía , Juan Carlos Pérez, «ya que el voto favorable fue unánime y en ese foro hay distintos colores políticos».
El escollo estaba en decidir qué administración asumía el coste de la sobrecotización de estos funcionarios
Este primer acuerdo contempla que a lo largo de la vida laboral los policías hagan una mayor aportación a la Seguridad Social , un 10% más. De ese porcentaje, un 8,5% lo aportan los ayuntamientos y el resto, el trabajador. También se establece que la jubilación anticipada será voluntaria y podrán acogerse a ella los funcionarios que tengan entre 59 y 62 años.
Ahora bien, queda un camino por recorrer. Aún no se conocen las tablas con los coeficientes reductores que determinen, por ejemplo, el tiempo cotizado mínimo para acceder a esta nueva situación administrativa o qué coste va a tener en la nómina del trabajador. Además, el Gobierno debe aprobar el desarrollo de la norma, previsiblemente mediante un Real Decreto. «Hay flecos pendientes, por ejemplo, si la medida se aplicará de manera progresiva o si se van a imponer unos años de carencia para generar una bolsa de ingresos antes de la salida efectiva de los policías», señala Juan Carlos Pérez.
A la espera de un Gobierno en funciones
Los actores que han posibilitado este acuerdo esperan que la interinidad del actual Gobierno, con unas posibles terceras elecciones en el horizonte, no afecte «a un proceso que ya está en marcha. Lo más difícil se ha conseguido en la FEMP», señala el portavoz del CSIF. En la mesa de negociación , en la que también están presentes los sindicatos CCOO, UGT y una confederación de organizaciones independientes de la Policía, están a la espera de una nueva reunión donde se avance hacia la aprobación definitiva.
El personal que salga es más caro que los agentes que se incorporen; lo que ha facilitado el acuerdo
Desde CSIF entienden que, a la larga, esta medida, que supondrá la renovación de las plantillas ya que actualmente existe una tasa de reposición del 50% que obliga a los ayuntamientos a cubrir uno de cada dos vacantes, le saldrá más barata a las administraciones locales, muchas de las cuales vieron sus tesorerías tuteladas desde Hacienda tras pedir auxilio financiero por la crisis.
«Nosotros hablamos del efecto neutro porque se jubilarán policías mayores, de los cuales muchos están en segunda actividad en Andalucía, y los reemplazarán agentes nuevos más baratos, que trabajan en la calle», señala Juan Carlos Pérez.
