Turismo
El sector turístico, descontento con el nuevo registro de viajeros: «En ningún país del mundo se piden tantos datos»
Provincia
Desde el pasado lunes, los establecimientos que ofrecen hospedaje deben recabar más información sobre los huéspedes
El decreto, impulsado por el Ministerio del Interior, aduce razones antiterroristas y contra la criminalidad, pero los establecimientos consideran este sistema una duplicidad que puede hacer que los turistas elijan otros destinos
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Los establecimientos tienen ahora que recabar más datos.
El nuevo registro de viajeros que ha impulsado el Ministerio del Interior y que ha entrado en vigor este pasado lunes, no convence ni a los propios turistas ni tampoco a los actores del sector turístico, tal y como ya se sospechaba desde hace semanas.
Esta nueva recogida de datos está incluida en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre de 2021, que estaba ya en vigor desde abril de 2022 pero que ha ido postergándose tras diferentes moratorias hasta que su puesta en marcha ha sido ya definitiva en puertas del puente de la Constitución, una de las fechas grandes en cuanto a desplazamientos en España.
Este cambio, según se explica en la web ministerial, está concebido «como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», siendo necesario proporcionar mayor número de datos. Los huéspedes habrán de facilitar al establecimiento información personal ya habitual como el nombre completo o un documento oficial de identificación, surgiendo otros novedosos como la relación de parentesco con los menores que viajen o la identificación del medio de pago, como el IBAN de las tarjetas.
Aunque tan sólo lleva en funcionamiento muy pocos días, ya se aprecia que el cambio no ha sido bien acogido por diferentes motivos y desde el sector ya claman para que se dé marcha atrás a una iniciativa cuya motivación no llegan a entender de forma nítida.
Uno de los factores que ha levantado ampollas es que la plataforma ses.hospedajes, en la que hay que hacer el volcado de la información, ya ha dado fallos técnicos en las primeras jornadas. El segundo es que se obliga a los hoteles, hostales, apartamentos turísticos y diferentes instalaciones en las que se alojan los viajeros a conservar los datos por un periodo de tres años, lo que conlleva una responsabilidad y, en determinados casos, una adecuación de la infraestructura interna que puede derivar en mayores gastos.
Pero, por encima de todo, lo que más irrita a quienes operan en el sector es lo «innecesario» que resulta esta medida, que además ha entrado en vigor sin la pertinente orden ministerial de desarrollo, que se espera que esté lista en pocas semanas.
«El sistema no está funcionando»
Pepa Díaz Delgado, directora del Hotel Las Cortes en la calle San Francisco de la capital gaditana, es rotunda sobre la primera toma de contacto con el nuevo registro: «Lo llevamos fatal. Han implantado un sistema que no está funcionando».
La también presidenta de SKAL España, organización que aglutina a profesionales del mundo del turismo, asegura que ahora se recogen hasta 42 datos: «Son todos de carácter privado, que no se pueden coger. Nos pueden hasta denunciar los clientes a nosotros. No los podemos obligar».
Díaz expone que las principales patronales ya han empezado a recurrir este nuevo registro, al que no augura un largo recorrido en el tiempo. «En ningún país del mundo se piden todos estos datos». Además, se queja de que muchos de los que se solicitan ya han sido facilitados previamente por los huéspedes en diferentes etapas de sus viajes, como a la hora de comprar los billetes para desplazarse, hacer las reservas o bien en el momento de pasar los controles en los aeropuertos: «Una persona que viene, cuando llega al destino, ya ha pasado por un montón de filtros».
Otro de los grandes temores dentro del sector es que el público extranjero, bastante receloso a facilitar datos que en sus países de origen no son necesarios, opte por otros destinos a la hora de planear sus vacaciones, pudiendo irse quienes busquen sol y playa, por ejemplo, a Portugal o Italia, lugares en los que este proceso no es tan exhaustivo. Llama la atención entre los profesionales que, aunque cada país goce de soberanía, en un tema que genera tal flujo de personas provenientes de los diferentes estados de la Unión Europea, no haya una normativa común en ese sentido.
«Los clientes son sospechosos de antemano»
En la Sierra, otro destino con enorme tirón en estas fechas, ya han empezado a notar las consecuencias del polémico registro. Santiago Tardío, propietario del Hostal Marqués de Zahara, cree que es un paso atrás recoger de forma manual unos datos que en muchos casos ya se conocen: «Es una tontería que nos hagan recoger datos económicos como la tarjeta de crédito con la que se va a pagar, porque esos ya los tiene Hacienda».
«Cuando hay alguna sospecha de que hay un criminal, en esos casos siempre la policía se ha personado y nos ha requerido alguna información extraordinaria», dice respecto a la lucha contra el terrorismo y el crimen que se pretende desplegar con esta operativa. «Si han venido y nos han preguntado, les hemos dicho en qué habitación se alojaba, cuántos días, si venía acompañado o la tarjeta con la que pagó. En caso de que hagan falta, esos datos están guardados. Preguntar todos estos datos a todo el mundo es hacerlos sospechosos de antemano».
Además de la «duplicidad sin sentido» que supone, implica que los trabajadores tengan que emplear mucho más tiempo a la hora de recabar la información: «No es lo mismo escanear un documento como se venía haciendo que ponerte a rellenar un formulario e ir preguntando». Esa situación está pensada para un goteo escalonado de clientes, cuestión que no siempre es así porque muchos llegan en grupo, lo que genera aglomeraciones y esperas en las recepciones.
En la misma línea que exponía Pepa Díaz, Santiago Tardío indica que los viajeros de otros países son mucho más esquivos a la hora de prestar sus datos: «A mí se me ha dado ya el caso de un hombre holandés, con el anterior sistema, que se negó a que le escaneara el pasaporte». «Esto ahora va a pasar más porque los extranjeros, dependiendo del país del que vengan, no tienen esa costumbre de estar tan fiscalizados como aquí».
Si los viajeros se niegan a facilitar la información, los empleados se ven atados de pies y manos, pues depende de la voluntad de los turistas. El régimen sancionador, que contempla también infracciones por una brecha en la protección de los datos, va de los 100 a los 30.000 euros en función de la gravedad de la falta.
Tardío cree que todo esto «lleva al engaño»: «Cuanto más complicado lo ponen, peor. Porque se va a falsificar más», augura sobre posibles consecuencias. Además, en caso de tratar con criminales, estima que de poca ayuda sirve tener unos datos que probablemente no sean reales: «Si a ti un terrorista te da un pasaporte que es falso, no tiene mucho sentido. O si hay que preguntarle si el menor que le acompaña es su hijo y me dice que sí, que sé yo si es verdad».
Implicaciones legales
En el ámbito legal surgen dudas, tal y como afirma el abogado sanluqueño Daniel Bernal, del bufete 3A Abogados: «Se plantean varios escenarios. En el plano material no se distingue entre operadores turísticos, imponiendo las mismas obligaciones a una gran cadena hotelera, a un apartamento rural y a una agencia de viajes local».
El cumplimiento de la Ley de Protección de Datos conllevará un desembolso para quienes operan en el sector: «No se tiene en cuenta la capacidad económica de cada uno para hacer frente a los sobrecostes derivados de la aplicabilidad de la norma, ya que pasan a ser depositarios de cantidades ingentes de datos personales cuya seguridad deben de garantizar».
Bajo el amparo de la seguridad y el orden público, los establecimientos, «que no revisten autoridad pública ni pueden hacer mayores comprobaciones», tendrán que tomar los datos confiando en «la buena fe de los huéspedes o clientes».
Al entrar el reglamento en vigor sin la orden ministerial, y viendo la disposición derogatoria del mismo, Bernal asume que «seguirá aplicándose la orden de 2003 (la anterior), que no incluye a las agencias de viajes. Estas tienen que aplicar el reglamento pero sin normas de desarrollo que les indiquen el procedimiento, por lo que quedan en un limbo jurídico injustificable».
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