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Satisfacción en Cádiz tras el acuerdo de renovación del CGPJ: «Era absolutamente insostenible»
Política
Tanto los principales actores del sector judicial en la provincia como los representantes políticos valoran positivamente el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP
En la tarde del martes, el PSOE y el PP anunciaban que habían llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de cinco años con el mandato caducado y que se había convertido en uno de los grandes caballos de batalla de la política española.
El entendimiento entre los dos grandes partidos españoles pone el foco en «garantizar la independencia judicial» una buena noticia que rompe con el clima de polarización en el que parecía imposible que ambas formaciones pudieran llegar a acuerdos en prácticamente ninguno de los grandes temas de país.
Bien es cierto que sí que lo hacen a nivel comunitario y precisamente Europa ha tenido también su peso a la hora de que haya tomado cuerpo un documento que tuvo visos de acabar en apretón de manos a los pocos meses de que Alberto Núñez Feijóo tomara las riendas del Partido Popular a nivel nacional.
La Comisión Europea ha tratado de encauzar una situación enquistada y favorecer el diálogo entre ambas partes. Tanto es así que la 'fumata blanca' judicial se terminó rubricando en una reunión en la que estuvo, junto al socialista Félix Bolaños y el popular González Pons, la vicepresidenta de la institución, la checa Vera Jourová.
Además de la renovación, también se ha alcanzado un compromiso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el método de elección del vocales del Consejo, tal vez el mayor punto de fricción, puesto que el PSOE apostaba por mantener la actual elección parlamentaria y el PP abogaba por que fueran los jueces quienes eligieran a sus propios representantes. Los nuevos vocales tendrán ahora seis meses para estudiar las distintas fórmulas que se llevan a cabo en otros países europeos y plantear una propuesta que deberá ser aprobada por tres quintos de los vocales.
Otra cuestión novedosa es que los altos cargos políticos, como los exministros o antiguos consejeros de gobiernos autonómicos, no podrán ser designados ni como vocales del CGPJ ni como Fiscal General del Estado en los siguientes cinco años, dos en el caso de reincorporarse a la carrera judicial, tal y como pedía el PP para evitar situaciones como la de Dolores Delgado o Juan Carlos Campo.
Satisfacción en la Justicia de Cádiz
Al igual que en el plano nacional, en Cádiz también se ha celebrado el acuerdo por lo que supone en cuanto a la normalidad institucional. El presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, ha expresado la satisfacción por poner fin «a una situación que era absolutamente insostenible»: «Que se haya hecho de una forma equilibrado es bueno para todos»
«Sobre todo había generado muchas situaciones de vacantes por jubilación en el Tribunal Supremo y como se sustrajeron las posibilidades de hacer nombramientos, había una situación grave», afirma respecto a las implicaciones de no haberse podido renovar antes el CGPJ.
Estrella indica que a lo hora de desempeñar el ejercicio judicial, esta circunstancia no ha tenido ninguna influencia en la Audiencias Provinciales: «Los presidentes hemos seguido en funciones como si no pasara nada. Donde ha habido jubilaciones, se ha hecho cargo de la presidencia el magistrado más antiguo y no ha habido ningún problema».
El Fiscal Jefe de Cádiz, Ángel Núñez, lo valora también positivamente: «Ya era hora porque era una disfunción constitucional y estaba provocando disfunciones en el funcionamiento de la administración de Justicia, sobre todo en materia de nombramientos».
«Tal vez con un mayor esfuerzo por todas las partes se hubiera podido lograr antes», indica. Este acuerdo, además, proyecta una imagen de normalidad que es la que hay en el día a día de las sedes judiciales: «Por el problema político que se transmitía desde fuera, se daba otra imagen».
«El problema de que no se renovase este órgano constitucional es que llevamos tiempo con muchísimos nombramientos pendientes. Teníamos que funcionar con la misma naturalidad que el resto de organismos constitucionales, no tenía sentido que estuviese más de cinco años paralizado», afirma Núñez.
El acuerdo prima, según se expresa en el documento, la independencia, algo que es deseable en cualquier iniciativa: «Todo lo que sea avanzar en mecanismos que garanticen la independencia del poder judicial y su no vinculación partidista me parece positivo, sin ninguna duda».
El Decano del Colegio de Abogados de Cádiz José Adolfo Baturone coincide a la hora de celebrar el acuerdo, pero aporta un matiz que ha molestado sobremanera a la abogacía: «No hay un solo abogado entre los vocales, contraviniendo de esta forma a lo establecido en la Constitución».
Además, estima que la solución política aportada «no es la adecuada»: «Seguimos pensando que los jueces tienen derecho a elegir la parte que les corresponde a ello, que no significa que sea un lobby, es como estaba previsto en la Constitución».
«Es la primera vez que la abogacía no está representada. Está representada por primera vez la Fiscalía, que me parece muy bien, pero entre tantos miembros, tenía que estar presente alguno de la Abogacía, que somos muchos», dice respecto a la ausencia de abogados entre los 20 vocales designados. «Somos una de las patas más importantes de la Justicia y no se ha contado con nosotros. Estamos muy disgustados», expresa.
Romaní: «Un triunfo de Feijóo»
Para el Partido Popular gaditano, el acuerdo es muy positivo, tal y como afirma el diputado nacional Ignacio Romaní: «Feijóo ha cumplido una misión importante, la de parar al PSOE en su intención de estar en todos los espacios jurisdiccionales». «Que la independencia judicial quede asegurada es un triunfo de Feijóo», dice con rotundidad.
«El que ha cambiado ha sido Sánchez, por desesperación o por obligación, porque se había metido en un callejón sin salida. También habrá cedido porque Europa le habrá dado instrucciones, porque él iba hacia el abismo, quería el control absoluto sobre la Justicia», expresa respecto al cambio de escenario que ha permitido el acuerdo.
Sobre los aspectos destacados entente, Romaní incide en la importancia de que los jueces puedan participar del sistema de elección, algo «fundamental». «Llama mucho la atención también que no pueda un ministro ser Fiscal General del Estado después de todos los bochornos que hemos vivido», añadiendo que ningún partido va a controlar el sistema judicial.
Para los populares, en aras de preservar la calidad democrática, es básico «que no se contamine el Tribunal Supremo como ha pasado en el Constitucional, que está derogando sentencias del Supremo, algo que no tiene ningún sentido. Y además lo hace con dos miembros que hasta hace poco estaban dentro del Gobierno, lo que es un escándalo».
«Feijóo ha impuesto la separación de poderes, que hasta ahora, especialmente por el Constitucional, se estaba perdiendo», indica el político gaditano. El entendimiento, expone, no se produjo en 2022 porque el PSOE no tuvo la voluntad, si se tiene en cuenta que las condiciones que puso por aquel entonces Feijóo, en el acuerdo actual «se cumplen la mayoría»: «El Partido Socialista fue el que con estos mismos objetivos no quiso llegar a un acuerdo».
Ruiz Boix: «Termina el secuestro del CGPJ»
Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha celebrado el «regreso al constitucionalismo del Partido Popular, ese partido que ha mantenido secuestrado al CGPJ durante más de cinco años y medio». Para el también diputado nacional, este acuerdo «será el que mantenga la independencia en el Poder Judicial y por tanto el normal funcionamiento de todos los poderes».
«Han sido más de 2.000 días en los que han mantenido la no renovación del Consejo General Poder Judicial que les permitía los nombramientos de cuando tenían entonces la última mayoría con el gobierno de Mariano Rajoy», ha añadido.
El máximo dirigente provincial de los socialistas ha puesto en valor la capacidad de negociación de Pedro Sánchez en diferentes ámbitos, destacando la Reforma Laboral, la Ley de Educación o los pactos a nivel europeo con distintas formaciones, «siempre dejando fuera a la ultraderecha».
Ruiz Boix cree que de esta forma Núñez Feijóo se pueda imponer «a ese ruido interno, a ese otro ala liberal que recibe a Milei, a la voz de Ayuso» para mantener un liderazgo dentro del Partido Popular «cada vez más cuestionado».
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