San Fernando
El censo de amianto, inexistente en San Fernando
Los Ayuntamientos de España tienen de plazo hasta el próximo 10 de abril para la elaboración de un listado de los edificios públicos con presencia de asbesto
El censo de amianto permitirá a las autoridades tener controlados los edificios con presencia de asbesto
El amianto, o asbesto, es un conjunto de minerales de la familia de los silicatos, debido a sus propiedades físicas y químicas, unido a su precio bajo, propiciaron a que en el pasado fueran ampliamente utilizados para la construcción de grandes naves y edificios públicos. La aplicación más conocida del amianto es el fibrocemento, usado para la fabricación de placas onduladas para tejados de uralita, persianas e incluso para tuberías y canalizaciones de agua.
Sin embargo, posteriormente se descubrió que tenía efectos sobre la salud de las personas que estaban expuestas al asbesto tales como el cáncer de pulmón, la fibrosis pulmonar y el mesoltelioma, una enfermedad que se genera a través de la aparición de células cancerígenas en la capa delgada de tejido que revista la cavidad torácica y recubre los pulmones.
Por ello, en el año 2001 en España se prohibió cualquier actividad que estuviera relacionada de producción, comercialización e instalación de amianto. No obstante, muchos de los productos fabricados en el pasado siguen instalando a día de hoy en muchos edificios.
En España, con la Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, los ayuntamientos del país están obligados a elaborar un censo de amianto, teniendo de plazo máximo hasta el año 2028 para identificar y retirar el mineral de los edificios.
La ley recoge que «en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo e instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028».
Por lo tanto, todos los ayuntamientos de España tienen que avisar a la Junta de Andalucía de aquellos edificios que contengan amianto para su posterior retirada. A pesar de ello, la plataforma 3R denuncia que el Consistorio de San Fernando, y entre ellos Fernando López Gil, cargo de confianza de la alcaldesa Patricia Cavada, y coordinador de la Agenda 2030-Agenda Urbana en La Isla, «sigue sin decir ni pio».
Dicha plataforma pide «encarecidamente» al Ayuntamiento que «le de cumplimiento a su obligación legal que expira el próximo lunes y nos diga algo de ese censo», ya que el próximo día 10 de abril es el último día que tienen los diferentes ayuntamientos para notificar los edificios con asbesto.
Casi un millón de euros de multa por los vehículos en el depósito municipal
La plataforma 3R recuerda en su comunicado la reciente sanción por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de San Fernando por la acumulación de vehículos en el depósitos municipal. En concreto «más de 180 vehículos retirados de la vía pública por abandono, para su tratamiento como residuo».
El Consistorio recibió una sanción de 600.001 euros por el «incumplimiento de las obligaciones del productor inicial u otro poseedor de residuos peligrosos, relativas a la gestión de sus residuos, reguladas en el artículo 20», y debido al «incumplimiento de las prescripciones de la presente ley en materia de residuos, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica en dicha materia, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas», la sanción ascendía a los 300.508 euros, siendo la suma total de 900.509 euros, aunque el Ayuntamiento podría ahorrarse el 40% de dicha multa.
Inspección de Trabajo pidió la retirada de amianto en un instituto público en La Isla
En San Fernando, como en cualquier municipio de España, hay presencia de amianto en edificios públicos. En 2022, la Inspección Provincial de Trabajo exigía a la Junta de Andalucía la eliminación de amianto presente en las instalaciones del IES Las Salinas de La Isla.
Todos los municipios de la provincia están trabajando para la retirada de amianto de diversos espacios públicos. En Puerto Real, en las obras del Mercado de Abastos, se retiraban en enero el techo de amianto. En 2016, en este mismo municipio, las placas de amianto en el colegio Reggio crearon una gran polémica, aunque finalmente las placas de asbesto fueron retiradas.
Ver comentarios