El Ayuntamiento afirma que Claudia Márquez no era propietaria del inmueble cuando firmó la orden de ejecución

Este jueves la concejala del Partido Popular en San Fernando,Carmen Roa, daba una rueda de prensa en la que hacía públicos unos datos con los que afirmaba que la delegada municipal de Urbanismo, Claudia Márquez, se habría beneficiado supuestamente de una orden ejecución sobre un inmueble de su propiedad.

Roa desgranaba una cronología sobre los hechos en los que aseguraba que en mayo del año 2017 un informe de la Policía Local alertaba del mal estado de la finca y que se ponía en marcha el mecanismo municipal para requerir a la propiedad a su mantenimiento mediante una orden de ejecución. Según la palabras de la concejala Popular el 24 y 25 de mayo los técnicos de Urbanismo proponen ordenar a la propiedad de la finca que deben acometer las obras que se recogen en la orden de ejecución, por aquel entonces la Fundación Adolfo Carneiro, dependiente del Obispado y en la que se encuentra también la Junta de Andalucía, y tan solo cuatro días después, el 29 de mayo se firmó un contrato de compraventa entre la fundación y los nuevos propietarios, Claudia Márquez y su marido, y finalmente habría sido el 5 de junio cuando Urbanismo dictaba la orden de ejecución sobre el inmueble, mientras que el día 20 de junio se habría recibido en el Ayuntamiento un escrito por parte de la Fundación en el que solicitaba una prórroga de cinco meses para culminar la operación de venta «y para que el nuevo titular, que ya conoce de la orden de ejecución, puedan presentar la documentación pertinente».

Sin embargo, la versión de Claudia Márquez y del Ayuntamiento difiere bastante de la expuesta por el Partido Popular. Fuentes del Consistorio consultadas por La Voz de Cádiz aseguran a este medio que en el momento en el que la delegada firma la orden de ejecución sobre el inmueble, aún no era de su propiedad.

Desde el Ayuntamiento apuntan a que la delegada, junto a su marido, firmó el contrato de compraventa con la Fundación en julio del año 2020, es decir, tres años después de firmar la orden de ejecución sobre la vivienda. El único paso que habría adelantado Claudia Márquez habría sido solicitar una autorización al Obispado días antes de que se firmen los documentos para poder presentar en el Ayuntamiento el proyecto de rehabilitación con la intención que se fuera tramitando lo antes posible.

Las fuentes consultadas por este medio afirman con rotundidad que la acusación del PP en relación a que firmó una orden de ejecución cuando era propietaria es falsa, debido a que sería en 2020 y no en el año 2017 cuando se firmaron los documentos.

Además, el Consistorio recalca que una orden de ejecución posibilita la opción de derribar por completo la vivienda, aunque Claudia Márquez, arquitecta de profesión, tomó la decisión de rehabilitar el inmueble, que supuestamente habría tenido incluso un coste superior.