Los «reproches penales» de la lucha contra el narco

La batalla contra el narco continúa en toda la provincia de Cádiz y en toda Andalucía. No termina y, como ya es conocido, se extiende a otros territorios y también a otros modos. Lo saben bien quienes lo persiguen y quienes después se sientan en un banquillo o se ponen enfrente de él para que se haga justicia. A favor o en contra del investigado.

De ahí que no paren estas investigaciones, las operaciones que detienen a una o dos personas, o bien a todo un grupo criminal organizado acusado de traficar con lo ilícito. Lo contaba esta semana el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco. Detalló que desde que se puso en marcha el plan especial de seguridad en el Campo de Gibraltar hace cuatro años se han detenido o imputado a 10.840 personas, incautado más de 1.400 toneladas de droga y que dicho plan se ha ampliado a seis provincias andaluzas, «prueba de que cada vez es más difícil para las mafias de la droga operar en nuestra provincia», afirmó.

Pero aunque se den estas descomunales cifras, el traficante lo sigue intentando. Y muchos de ellos repiten. La mayoría. Aunque pasen por prisión o conozcan de cerca quien ha tenido que pagar el delito con la falta de libertad o con el pago de indemnizaciones, o con el calabozo, etc... vuelven a hacerlo.

Por ello y como coinciden todas las fuerzas -policiales, judiciales y sociales- que combaten esta lacra, hay ciertos flecos que habría que mejorar para reforzar la lucha.

Y precisamente, este pasado martes, y con motivo de la celebración del acto por la Patrona de la Guardia Civil, el coronel jefe de la comandancia gaditana, Jesús Núñez, ponía la tilde sobre estas 'asignaturas pendientes'. Lo hacía en su discurso ante autoridades de también otros sectores que están implicados en la batalla contra el tráfico de estupefacientes.

Lo llamó «reproches penales» y tocó varios asuntos que han ido repuntando y significándose como nuevos problemas estos últimos años. El coronel pedía mayor contundencia, más respaldo legal, penas y condenas más duras, entendiendo que la lucha contra el narcotráfico debe ser conjunta y estar acompasada con la ley para que sea realmente efectiva.

«Aunque me consta que ya se está trabajando en ello, siguen siendo asignaturas pendientes, el reproche penal de la tenencia y transporte de grandes cantidades de combustible llevado a cabo por las redes logísticas de suministro de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por el narcotráfico; los depósitos de vehículos y embarcaciones intervenidas por su vinculación con el narcotráfico, así como un mayor reproche penal contra las plantaciones de marihuana, cuestiones que son demandadas también por la Fiscalía y numerosos sectores de la sociedad así como los colectivos antidroga y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil», aseguraba.

En cuanto a lo primero. Sobre el transporte de los combustibles. El jefe de la comandancia de Cádiz se refería a aquellos que se están dedicando a ser una pieza clave en la logística del narco. Es decir, a aquellas personas, conocidos como 'petaqueros', que en pequeños barcos pesqueros, lanchas o incluso en otras mayores, se dedican a llevar combustible en decenas de garrafas a las grandes 'gomas' que, cargadas de fardos, en muchas ocasiones se quedan horas o días paradas en alta mar, esperando una señal para entrar hasta la costa a alijar y no ser detectados e interceptados.

Y se ha constatado que cada vez son más. Grupos puestos en común con los traficantes y que les trabajan a modo de 'surtidores'. Pero claro, para llevarles las garrafas tienen que entrar y salir de los puertos con ellas y, aunque se les detecte y la fuerza policial que intervenga le decomise lo que lleva -al superar la cantidad de mercancía peligrosa que puede transportar legalmente- poco más se puede hacer que no sea eso y levantarle una sanción administrativa.

Por ello se pide un mayor endurecimiento del castigo de esta actividad cuando se vea que pueda estar relacionado con el tráfico de drogas. Que forman parte de su aparato logístico ya que sin combustible es muy complicado que puedan trasladar la droga desde Marruecos hasta el punto de la costa que hayan elegido. Porque, a no ser que lo puedan demostrar, no se entiende que tenga otro cometido. Es decir que puedan transportar tal cantidad de garrafas y de esa forma, a escondidas, para fines 'más limpios'.

En la provincia, esta avalancha de 'narcogasolineras' se está produciendo principalmente por zonas de los esteros de Chiclana y San Fernando. También por Puerto Real, o Sanlúcar. Sin embargo, y tal y como advierte la Fiscalía, es difícil incluir la mera tenencia o transporte de elevadas cantidades de gasolina en ninguno de los tipos penales, salvo cuando hay alguna investigación que revela la relación con la organización criminal, en cuyo caso se puede acusar de cooperación necesaria en el transporte, o si el transporte por carretera, por el modo de conducción ha puesto en peligro concreto la seguridad vial.

Por tanto la conducta podría ser sancionable administrativamente por infracción de la legislación en materia de transportes peligrosos o de suministro de combustible en alta mar. Incluso en caso de transportes de más de 200 litros la legislación sobre Impuestos Especiales de Hidrocarburos obliga a los suministradores a expedir un documento de circulación o albarán. No obstante, en estos casos lo normal es que la gasolina se adquiera por diferentes miembros de la organización en cantidades inferiores a esos 200 litros. Y, por otra parte, las multas administrativas por lo general no podrán ser cobradas porque la mayoría de las personas que participan en estas actividades son o se declaran insolventes.

Sin embargo hay quien intenta ponerles coto. Como Gibraltar cuyo Parlamento ha aprobado recientemente la Ley del Petróleo que endurece estas sanciones e impone penas de hasta cinco años de prisión por tenencia y transporte de combustible para narcolanchas. En España todavía no se ha establecido ningún castigo penal.

En el mismo sentido otra de estas asignaturas pendientes es un mayor orden y control sobre el decomiso de estos combustibles y también de las lanchas. Por un lado estas instalaciones se encuentran colapsadas debido a tantísimas aprehensiones y a menudo carecen de las medidas de seguridad que unos depósitos de tales características tienen que tener.

Además, y según denuncian las fuerzas policiales, una vez que se intervienen, el dejarlos en algún sitio con su autorización correspondiente se convierte en un quebradero de cabeza que llega incluso a ralentizar los operativos.

Recientemente la Junta de Andalucía adjudicaba el servicio de recogida, transporte, depósito y custodia de los vehículos y embarcaciones considerados efectos judiciales a una empresa de Jaén. Para asignar este servicio se tuvo en cuenta las prestaciones que podían dar. 16.435 metros cuadrados con un sistema de videovigilancia y vigilancia in situ las 24 horas del día todos los días del año a cargo de personal de seguridad. Sin embargo, y según se sigue reclamando, harían falta más depósitos.

Y el siguiente «reproche penal». Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no dejan de desmantelar plantaciones de marihuana a lo largo y ancho de la provincia en el marco de otro plan que se ha tenido que diseñar especialmente para ello.

Además en estos cultivos (tanto de interior como de exterior) de esta droga se vienen detectando como se les añade para su crecimiento -y por tanto su productividad- productos químicos como el THC (tetrahidrocannabinol), un principio psicotrópico muy potente que causa graves secuelas en la salud de quien lo toma y cuyos niveles (evidentemente en una sustancia ilegal) no están regulados ni controlados. Por tanto es cada vez más dañina, según alertan desde colectivos sociales contra la drogadicción.

Según datos oficiales, las cifras de incautaciones de marihuana en Andalucía en 2021 han sido: 1.104.226 kilogramos de plantas intervenidas y , 1.229 detenidos. A estas cifras hay que sumar las intervenidas por otros cuerpos policiales, que no nos constan, por lo que los datos serán aún superiores.

Desde el área de Sanidad de Andalucía, también alertan del aumento de cultivos en los que se intenta camuflar entre producciones de cáñamo industrial plantaciones de marihuana. Son las más extensas. Aquí preocupa la falta de celeridad en la autorización para la destrucción del decomiso por los jueces de instrucción, probablemente por las dudas que les surgen sobre su legalidad, advierte la Fiscalía Antidroga.

De esta forma, las plantas quedan en la propia plantación a la espera de ser cosechadas y destruidas, «pero la tardanza en la autorización ha dado lugar, en muchas de las ocasiones a los robos de la sustancia en la plantación, tras quedar precintada por las fuerzas de seguridad».

Y en este camino el cultivo de marihuana en la provincia de Cádiz va en aumento y se ha convertido en un lugar 'despensa' de toda Europa. Son muchos los operativos los que han destapado como desde la provincia viajan camiones cargados de esta droga hacia el continente o como, incluso, se llegan a enviar por paquetería.

Según aseguran las fuentes consultadas las bajas penas a las que se enfrentan quienes trafican con 'maría' y la alta rentabilidad que obtienen en un precio que va al alza en Europa, son dos de las causas mayores de este incremento en su producción que continúa, de momento, siendo ilícita.

De ahí que los investigados tengan perfiles muy variados: desde gente de la construcción que cayó en la quiebra hasta antiguos narcos de hachís que han diversificado su 'oferta' y aprovechan la logística y los contactos que ya tienen para distribuir y vivir de esta otra sustancia estupefaciente.

Por tanto se pide que el Código Penal tenga en cuenta todas estas nuevas circunstancias, como la incorporación de altos niveles de THC, y se endurezcan los castigos legales para intentar que quien se salte la ley en este sentido se pueda enfrentar a penas que sean más parejas al daño que causan y, por tanto, al delito que cometen.