Reforma fiscal
La reforma fiscal «pone en riesgo una inversión de 3.000 millones en la provincia de Cádiz»
cÁDIZ
Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, cree que la subida de impuestos puede perjudicar la generación de riqueza y la creación de empleo
«Las empresas necesitan que desaparezcan las incertidumbres», expresa sobre los cambios normativos
El Gobierno de España, tras lograr el sufrido apoyo de Podemos, ha conseguido este jueves sacar adelante con 178 votos la reforma fiscal después de que todo pareciera torcerse el pasado lunes con las desavenencias mostradas dentro de los socios de la investidura.
El difícil equilibrio que tiene que mantener el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez le ha obligado a intentar compatibilizar los intereses de formaciones como Junts, Sumar, ERC, PNV o Podemos, siglas con diferentes pareceres en materia económica. Pese a todo, la norma ha visto la luz verde.
Entre las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados se encuentra la extensión del impuesto extraordinario a las entidades bancarias y se ha sellado un compromiso para que también se prolongue el gravamen para las energéticas.
Esta situación puede tener su repercusión en la provincia de Cádiz, especialmente si se tiene en cuenta el proyecto del Corredor de Hidrógeno Verde que conectará Algeciras con la portuaria ciudad neerlandesa de Róterdam, una importante inversión que, según Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, puede verse afectada por este cambio en la fiscalidad: «Pone en riesgo inversiones de más de 30.000 millones de euros, que el diez por ciento está vinculado a la provincia, a la zona del Campo de Gibraltar».
Está por ver, eso sí, si ese proyecto, uno de los más grandes de Europa en cuanto a la producción de energía limpia, puede quedar fuera de este nuevo marco normativo, puesto que se ha dejado abierta la puerta a que las inversiones que vayan encaminadas a la descarbonización puedan estar libres de este impuesto.
«Incertidumbre» para invertir en Cádiz
«A los empresarios nos gusta que no suban los impuestos, entre otras cosas porque nos quita capacidad de inversión, nos quita capacidad de mantenimiento de riqueza y empleo», añade. Sobre el gravamen a la banca indica que «es quitar dinero del crédito, quitar dinero de la financiación de proyectos empresariales. No nos gusta».
Estos cambios producen, afirma Sánchez Rojas, inquietud en el entorno empresarial, algo que no suele casar bien con la inversión: «Añade todavía más dificultad. Porque uno de los temas que necesitan las empresas es que desaparezcan las incertidumbres y saber a medio y largo plazo a qué reglas de juego nos atenemos». «Nos preocupa mucho la situación», expresa.
Exención del IVA a los pisos turísticos
En una provincia unida de forma tan intensa a la actividad turística como es Cádiz, muy especialmente en las localidades costeras, había expectación por saber si decaería la exención del IVA para las viviendas turísticas, que habrían de pasar a tributar al 21%.
De esta forma, se pretendía ejercer presión sobre los propietarios para que optasen por el alquiler de larga temporada y combatir así el problema del acceso a la vivienda en este régimen. El Congreso no ha aprobado esta iniciativa y los pisos con fines turísticos permanecen exentos de ese impuestos.
Otra de las medidas que generaba mayor inquietud entre la población era la posible subida del diésel, que podría haber encarecido el repostaje en las gasolineras. Pese al acuerdo del Gobierno con los partidos de la investidura, Podemos ha votado en contra al entender que se votaba en bloque con otras medidas que no eran positivas. Eso sí, no se descarta que en el futuro pueda llevarse a cabo.
El rompecabezas del Gobierno
Para convencer a unos y a otros y aprobar antes de que termine el año una reforma fiscal imprescindible, en la que se exige que las multinacionales tributen al menos el 15% para que la Unión Europea emita su quinta partida de los Fondos Next Generation de más de 7.000 millones de euros, el PSOE ha tenido que ir trufando el documento de enmiendas.
Entre las medidas que incluirá esta reforma se encuentra la subida de impuestos a las grandes rentas, pasando del 28% al 30% en el caso de los contribuyentes que superen los 300.000 euros anuales, también un mayor gravamen para el tabaco y los vapeadores o el endurecimiento de la lucha contra el fraude en los hidrocarburos.
Pero los dos grandes caballos de batalla han sido los mencionados impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas. El primero quedó en suspenso tras la agitada Comisión de Hacienda que se desarrolló hasta la madrugada del martes y ha salido adelante en la jornada del jueves.
De esta forma, las entidades bancarias que superen el margen de comisiones e intereses de 5.000 millones de euros, afrontarán un gravamen máximo de un 7%. ERC, Bildu y el BNG se abstuvieron el lunes al votar la anterior propuesta, que fijaba el tope en un 6%, pero la han apoyado finalmente. La recaudación irá destinada a las comunidades autónomas.
Más difícil ha sido para el Gobierno de coalición PSOE-Sumar impulsar el impuesto a las empresas energéticas, ya que el entramado de apoyos requiere convencer a formaciones de izquierdas pero también a partidos de corte más conservador. Ha sido este el caso del PNV, reticente en primer momento a que se aumentara la presión fiscal en un sector con un peso específico muy importante en una comunidad como la vasca con una potente industria, o el de Junts, también reacia.
Finalmente, la llave de la reforma fiscal quedaba en manos de Podemos, que amenazó con hacer caer el paquete completo de medidas si no había un compromiso de prolongar el gravamen a empresas eléctricas y energéticas por mediación de un proyecto de ley que el partido morado ha fechado para antes de que acabe el año.
Hacienda tendrá que negociar las condiciones con cada formación, algo a lo que el Ejecutivo está ya más que acostumbrado desde las elecciones generales del verano de 2023, pero se adelanta que este impuesto no es incompatible con dejar exentos del mismo a aquellas inversiones que vayan encaminadas a favorecer la descarbonización.
