INDUSTRIA

Protestas en San Fernando contra el cierre del centro de Metrología

La empresa pública que explota las instalaciones es la misma que gestiona las ITV en Andalucía

La dirección de esta empresa pública aclara que la medida obedece a una reorganización del servicio

Momento de la protestas en las instalaciones de San Fernando LA VOZ

JAVIER RODRÍGUEZ

CÁDIZ

Los trabajadores de varias ITV y en especial del centro d Metrología de San Fernando se han manifestado este lunes contra la decisión de la Junta, que explota estos servicios públicos a través de la empresa Veisa, de cerrar las instalaciones de Metrología de San Fernando, Málaga y Carmona (Sevilla).

Los trabajadores se oponen a la medida y califican de «intolerable», los tiempos, las formas y la «nefasta gestión» de la dirección de la empresa ante esta «reorganización» donde en su anuncio sobrevuelan escenarios de privatización. Destacan que la empresa pública Veiasa es un todo (ITV Y Metrología) y es la empresa más rentable de la Junta de Andalucía.

El malestar de la plantilla obedece a la situación que atraviesan tres de los ocho centros de Metrología, entre ellos el de San Fernando. Este departamento, gestionado por la empresa pública andaluza Veiasa que, a su vez, explota las ITV de la comunidad, se encarga de comprobar y certificar básculas, taxímetros, surtidores de gasolina, pesos de locales de venta de alimentos.....

La situación de este departamento público empezó a empeorar cuando en 2017 una orden liberalizó los colegios profesionales y la Metrología, entre otras disciplinas, se expandió en favor de la empresa privada. Ahora, la Junta argumenta, según algunos sindicatos, una reorganización de su departamento de Metrología en Andalucía para cerrar los centros de San Fernando (Cádiz), Carmona (Sevilla) y Málaga y centralizar el servicio en la unidad de Metrología de Sevilla manteniendo, de momento, un departamento por provincia a, a excepción de Málaga y Cádiz.

El laboratorio provincial de Metrología de San Fernando presta este servicio público desde hace 32 años y es, según las centrales sindicales, esencial, al igual que los otros dos laboratorios provinciales que la Junta de Andalucía quiere cerrar, para lograr garantizar a la ciudadanía la veracidad de contadores que realizan las mediciones de servicios esenciales como agua o electricidad, asó como otros servicios como gasolineras, taxímetros, etc.

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