tribunales
El principal implicado en los supuestos amaños de subastas públicas en Cádiz no se pronuncia
El jefe de la Tesorería imputado en este asunto de pujas concertadas se acoge a su derecho a no declarar ante el tribunal que lo juzga
Uno de los subasteros, también procesado, asegura que no había concierto entre ellos ni acordaban previamente los precios abriendo los sobres
La Fiscalía pide para los máximos imputados 21 años de cárcel
Los acusados, en el banquillo este lunes.
En febrero de 2016 cuando agentes de la UDEV de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional entraban en su despacho y también en todas las instalaciones de la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz, en la Plaza Asdrúbal, su nombre saltó por todos lados.
Era el del director del departamento de subastas de la sede gaditana de esta entidad pública. Tras una denuncia y una investigación, se le señalaba por ser el presunto cabecilla o responsable o la persona que permitió que una red de supuestos implicados, de común acuerdo, se fueran beneficiando de las pujas públicas que lanzaba la propia Tesorería. Entre los detenidos, además de él, estaba otro funcionario, un subastero y un trabajador de la empresa que se encargaba de los bienes que se embargaban. Todos los imputados se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera para celebrar el juicio que dilucidará si tuvieron o no responsabilidad penal en estos hechos.
Sin embargo, el principal cabecilla o al menos la persona cuya responsabilidad sobre estos bienes públicos era mayor, J.M.C., no ha querido pronunciarse. Ni una palabra. Ha preferido mantenerse en silencio y acogerse a su derecho a no declarar, ni tan siquiera a las preguntas de su abogado.
Por contra, sí lo ha hecho, aunque solo a su letrado, J.C.A., uno de los subasteros implicados. Como ha explicado, él se dedica desde 2001 a la compraventa de bienes inmuebles, sobre todo de coches. Y estos bienes los adquiere tras acudir con las ofertas que estima oportunas a pujas de administraciones públicas, tales como Hacienda, juzgados, ayuntamientos, parque móvil del Estado, o Seguridad Social.
Según ha detallado desde 2010 era con la Tesorería de la Seguridad Social con la que hacía más negocio ya que este órgano realizaba las subastas de manera mensual («unos 30 ó 40 bienes»). Y también aclaraba que sus ofertas las hacía en el último momento de forma intencionada porque era entonces cuando se las mostraba a sus clientes para ver si les podía interesar. Así era «habitual» que ofreciera una diferencia mínima con el precio establecido con la intención de conseguirlo al menor coste. Según ha añadido: «No sabía si había o no otros postores».
Al ser preguntado si conocía al máximo implicado, el responsable del departamento de subastas, este subastero ha asegurado que no lo conoció personalmente hasta 2015.
Los investigados fueron procesados acusados de los delitos de alteración de los precios en subastas públicas, cohecho, actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento de información privilegiada, prevariación y violación de informaciones o secretos, entre otros.
De ellos la Fiscalía solicita para J.M.C., y J.C., 21 años de cárcel y multa. Y para el funcionario que sea inhabilitado para siempre en dicho organismo. Como indica la acusación pública en su escrito de conclusiones provisionales «desde, al menos, mediados de 2010 y más intensamente en 2016», J.M.C, se concertó con dos licitadores, con la intención de «afectar al sistema de funcionamiento de la Administración, corromper el procedimiento de adjudicación de bienes así como los precios de subasta y exigir el pago de comisiones ilegales».
Según el fiscal, el modo habitual para ponerse de acuerdo es que el responsable de las subastas les transmitiera la información no disponible de la que solamente era conocedor por razón de su empleo, como la inexistencia de sobres cerrados hasta el día anterior a la celebración de la subasta para que pujaran por la cantidad mínima reglamentada y adjudicarles el bien.
En los casos en los que no había plicas, la acusación asegura que se abrían infringiendo el secreto y se volvían a cerrar para informarles de cuál era la oferta mayor para que la superaran.
Por otro lado, el fiscal detalla que J.D., que era personal laboral contratado por la Dirección Provincial de la Tesorería para la prestación de servicios auxiliares en Cádiz, y que se encargaba de controlar el registro de entradas, lo que, supuestamente aprovechó para proporcionar igualmente información, alterar el precio de las subastas y beneficiarse económicamente. El Ministerio Público solicita que se le castigue con ocho años de prisión.
«Como consecuencia de la actividad ilícita de todos los acusados, se causó grave daño a la causa pública, no sólo por los perjuicios económicos, sino porque que era conocido por otros licitadores la corrupción existente, lo que provocaba su retraimiento en las pujas, su suspicacia en el resultado y frustración cuando concurrían los acusados».
Ocho años es también la pena de prisión que el fiscal pide para F.H., quien se encargaba de custodiar y trasladar los bienes embargados en una nave de la pedanía de El Torno, en Jerez, y en otra de Pelagatos, en Chiclana. Según la Fiscalía, esta persona llegó a comerciar con la información obtenida en su trabajo, mostraba los vehículos depositados fuera de los días establecidos, informaba a los posibles postores del número de personas interesadas o de las cuantías, etc. Todo ello «con la finalidad de alterar las subastas y obtener dinero con ello».
Una denuncia que llegó a la Fiscalía
El procedimiento contra todos los imputados por esta supuesta trama comenzó a raíz de que uno de los pujadores perjudicados denunció ante la Fiscalía. Entonces el caso se llevó hasta la Comisaría de Cádiz y agentes de la UDEV comenzaron a tirar del hilo para comprobar si era verdad o no que había una trama que se estaba enriqueciendo con estos presuntos amaños.
Y tras meses de averiguaciones, vigilancias y escuchas, en septiembre de 2016 y a primera hora de la mañana, una treintena de policías, entre investigadores y miembros de apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se desplegaron entre Cádiz y Chiclana, donde se iban a ejecutar de forma simultánea las detenciones y los registros previstos.
Primero fueron al domicilio del principal imputado. Ya junto a él acudieron a las oficinas de la Tesorería de Amílcar Barca para registrar también su despacho. De allí, y ante el evidente asombro de compañeros y personal, se llevaron numeroso material y documentación. Además y de forma simultánea fueron hasta Chiclana, donde detuvieron al subastador, a quien, acusaban de estar 'conchabado' con el primero y también con el otro funcionario de quien presuntamente recibía la información privilegiada (algo este lunes negado tajantemente por el señalado ante el tribunal).
Pero el operativo no acabó aquí. Ya que al día siguiente se detuvo a otros dos supuestos implicados: un auxiliar administrativo contratado de manera externa por el organismo público, y otro trabajador que se dedicaba a la guarda y custodia de los bienes embargados por la Seguridad Social.
Tras prestar declaración ante la Policía y pasar a disposición judicial, los investigados de 'mayor peso' eran enviados a prisión donde permanecieron durante unos meses en calidad de preventivos. El resto salían en libertad con cargos.
El sobre cerrado
El supuesto 'modus operandi' sobre el que el fiscal vierte la base de sus acusaciones se asienta en las propias normas de las subastas públicas. En ellas sus participantes tienen la posibilidad de pujar de varias formas: con sobres cerrados, a viva voz o por ambos métodos. Si se opta por la primera opción, el plazo de entrega es hasta el día anterior a la subasta. Y ese es el método que se sospecha que utilizaban para hacer la 'trampa'. Mientras que en el resto de las subastas judiciales se abren los sobres al principio, en las de la Seguridad Social no ocurre lo mismo. Estos sobres, donde se tiene que incluir la documentación del postor, el importe que ofrece y el cheque del depósito, se conocen al final por lo que si ofrece la puja más alta, se declara adjudicado el bien sin que los postores presentes puedan decir nada más.
Por tanto, el propio método señalaba también al encargado de la custodia de esos sobres, uno de los procesados. La hipótesis que manejó la Policía y que ahora se resolverá judicialmente es que J.M.C., el jefe del departamento de subastas, un veterano y experto funcionario, pudo infringir esta norma y facilitar, e incluso alterar, el contenido que en ellos había. Es más, se investiga incluso si esos sobres pudieron abrirse, ya que no eran los únicos que optaban por ese método y tendrían que asegurarse que su puja (aunque fuera por 20 ó 50 euros) fuera más alta que la del resto de sobres el día de la subasta.
Pero en este modo, también necesitaba de otra persona que manejara el mercado de las subastas y las posteriores ventas de esos bienes. De ahí que presuntamente se contara con la implicación de un conocido y experto subastero de Chiclana. Además, se señala también a otros dos colaboradores necesarios: un auxiliar administrativo, que no es funcionario pero que trabaja como externo en la Tesorería y que estaría al tanto del amaño; y al encargado de velar por los bienes embargados, empleado en la empresa concesionaria de este servicio.
La juez de instrucción atribuyó al cargo intermedio en la Seguridad Social el peso penal más duro considerándolo autor de los supuestos delitos de alteración de precios en subasta pública, cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos. Al resto, se le imputó un posible delito de alteración de precios en subasta pública.
La cantidad de bienes que pudieron adquirir y los beneficios que por ello obtuvieron es otra de las cuestiones que están sobre la mesa. De momento, y según explicaron a este periódico fuentes policiales, numerosos afectados que pudieron ser víctimas de esta trama al perder alguno de los bienes por los que pujaban para recuperarlos u obtenerlos estaban acudiendo a la Comisaría para prestar declaración como testigos y afectados.
«Un perjuicio moral» a lo público
El juicio de este asunto comenzaba con la resolución de las cuestiones previas que habían puesto las partes sobre la mesa del tribunal este pasado viernes. Al respecto el magistrado de la Sección Tercera les comunicaba su decisión de no admitir ninguna de las 'quejas' que los abogados han considerado hacer constar antes del inicio de la vista oral.
Entre ellas la personación en este procedimiento de la Seguridad Social , el Estado, como ente público y perjudicado. En este sentido el tribunal entiende que sí es admisible dicha acusación ya que los procesados no solo han podido causar un daño económico al erario público (si se demuestra que se cometieron dichos amaños), sino que también han ocasionado «un perjuicio moral» a este organismo, al dar una mala imagen de una institución que es pública.
Por otro lado el tribunal ha admitido las intervenciones telefónicas como prueba al considerar que no se vulnera ningún derecho fundamental de los encartados y se hicieron con la autorización judicial preceptiva. Entiende además que no vulneraron el derecho a la intimidad de los investigados. «La investigación estaba justificada», aseguró el magistrado.
El juicio, que comenzó el pasado viernes con la presentación de las cuestiones previas, se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta el día 27 y para él se han citado a numerosos testigos que tendrán que responder ante el tribunal sobre la posible implicación en los hechos de los procesados. Una vez presentadas y oídas en sala todas las pruebas, este asunto quedará seis años después visto para sentencia.
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