INDUSTRIA
El PP pone el dedo en los anuncios sobre la carga de trabajo de Navantia y asegura que hay serias dudas
El diputado por Cádiz Ignacio Romaní adelanta que se ha pedido la comparecencia urgente de la presidenta de SEPI para que informe
Del BAM-IS de la Armada no hay fecha de arranque y el contrato inglés con Harland & Wolff está en el aire
Navantia podría comprar el astillero inglés Harland & Wolff, famoso por construir el 'Titanic'
El presidente de Navantia adelanta en Cádiz que los astilleros necesitarán 1.000 operarios en breve
Imagen del pasado año tras la firma del contrato inglés entre Navnatia y el astillero Harland & Wolff
La fiabilidad de la carga de trabajo en los astilleros gaditanos empieza a arrojar serias dudas tanto para la plantilla y como para los grupos políticos que conforman la oposición al Gobierno en el Congreso de loa Diputados. Así lo ha transmitido este lunes el diputado del PP por Cádiz, Ignacio Romaní, que ha mantuvo la pasada semana varios contactos con representantes del Comité Intercentros de Navantia.
En este sentido, Romaní ha destacado que los representantes de la Comisión de Industria en el Congreso han solicitado de inmediato la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, para que explique la carga real de trabajo prevista en los astilleros españoles. La SEPI es holding de empresas públicas al que pertenece Navantia y es clave que su presidenta informe de la situación financiera y de la carga que se avecina.
Las últimas informaciones, según Romaní, han creado más incertidumbre y desasosiego. No hay que olvidar que representantes del Gobierno de la Nación, concretamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han avanzado que Navantia tiene carga de trabajo garantizada hasta 2035.
Sin embargo, las cuentas no salen. Romaní se ha encargado de desmontar este lunes en Cádiz los anuncios y los fuegos artificiales del Gobierno en materia industrial. Por un lado, el contrato inglés para la construcción de tres barcos para la Royal Navy está en el aire al declararse en quiebra el socio estratégico de Navantia en Reino Unido: el astillero Harland & Wolff. Ambos se hicieron el pasado año con este contrato naval que supera los 2.000 millones de euros y cuyo arranque en dique está previsto para 2025. El astillero de Puerto Real es una de las piezas clave de este acuerdo, ya que se ha previsto que la Bahía de Cádiz sea el epicentro del corte de los bloques de estos barcos. La declaración de quiebra del astillero inglés obliga a Navantia a tomar una decisión muy difícil que pasa, entre otras medidas, por la compra de la firma inglesa.
El PP sostiene que Navantia no está en condiciones de embarcarse en la compra de una empresa extranjera con dinero público y menos aún con un agujero de 200 millones. Existe un temor, ya que el contrato inglés podría hipotecar el futuro de los astilleros españoles.
Sin fechas concretas
El siguiente anuncio que aún no ha cuajado después de un año de cantos de sirenas es, según Romaní, la puesta en marcha de la obra del BAM IS para apoyo a submarinos. El Gobierno dio por hecho en julio de 2023 que la obra arrancaba con el corte de chapa, sin embargo, la plantilla asegura que en Puerto Real aún no han comenzado los trabajos. Un caso similar es lo que ocurre, según el PP, con el patrullero de Marruecos que se construye en San Fernando. Se trata de una obra que marcha a un ritmo muy lento
PP, PSOE, Sumar y el BNG se reunieron el pasado miércoles con la plantilla de Navantia en el Congreso los Diputados ante la falta de avances del nuevo convenio colectivo de la empresa, un asunto que ya ha provocado piquetes en el astillero de Ferrol. La plantilla de la empresa reclama en este nuevo convenio una mejora salarial, la reducción de la jornada laboral, el contrato relevo para rejuvenecer las plantillas y la reclasificación de categorías.
En la reunión del PP, estuvieron presentes el diputado por Lugo, Francisco Conde; la diputada por Murcia, Isabel Borrego; la diputada por A Coruña, Tristana Moraleja; el diputado por Cádiz, Ignacio Romaní; la diputada por Pontevedra, Irene Garrido; y la diputada por Asturias, Esther Llamazares.
Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo han trasladado a la empresa la prioridad de desarrollar una agenda industrial en la que Navantia se encuentra «en el centro del futuro del sector naval en España». Por su parte, la formación ha enfatizado en que la competitividad del astillero necesita de decisiones de «enorme relevancia» en el ámbito laboral, dando respuestas concretas a los trabajadores en ámbitos como la masa salarial o el contrato relevo, como ejemplos más significativos.
Las diputadas y el diputado de Sumar en el Congreso, Verónica MartínezBarbero, Esther Gil de Reboleño y Manuel Lago, se han reunido con representantes del Comité Intercentros de Navantia, que les han expresado las dificultades para negociar su convenio colectivo y el Plan Industrial, especialmente, en lo referido a los compromisos sobre empleo e inversiones en los diferentes astilleros.
El grupo plurinacional ha compartido con la plantilla la necesidad de asegurar el futuro industrial y del empleo en la empresa pública, pues entiende que esta desempeña un «papel estratégico» en la industria española, de forma especial, en Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Asimismo, las diputadas de Sumar se han comprometido con Navantia a trasladar sus reivindicaciones a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), matriz de Navantia, y al Ministerio de Hacienda. El Comité de Navantia se ha reunido también con el PSOE, que ha destacado la apuesta de España por el sector naval, con más de 51 millones de euros destinados al PERTE naval. Asimismo, el Grupo Socialista ha recibido la petición de la compañía de alcanzar un acuerdo para un convenio actualizado y un nuevo plan de industria.
Por último, el BNG también se reunió con los representantes de la empresa y recordó que ya defendió una moción para impulsar el acuerdo de un nuevo convenio, que sin embargo «no fue apoyada por PP y PSOE».
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