El PP de Cádiz impulsa un cambio de ley para que los funcionarios de prisiones tengan rango de agentes de la autoridad

Los funcionarios de prisiones deben tener categoría de agentes de la autoridad. Esta es la propuesta que lleva el PP de Cádiz al Congreso y que ha explicado este lunes el diputado nacional del PP por Cádiz, Ignacio Romaní. La iniciativa es importante para la provincia de Cádiz, que cuenta con cinco instalaciones penitenciarias.

Así, Romaní, ha comparecido para explicar las modificaciones que se plantean al articulado la ley general Penitenciaria para incluir esta nueva condición de los funcionarios de prisiones. La incitativa popular ha salido adelante en el trámite previo a su debate en el Congreso, sin embargo, según Romaní, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha vuelto a colocar en el congelador parlamentario cualquier tramitación de ley o modificación normativa que no cuente con el respaldo de alguno de los socios del Gobierno. En este caso ha sido Bildu el que se ha mostrado en contra de la consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones.

Los funcionarios de prisiones en España constituyen un contingente de 21.500 personas de los que14.000 se dedican a vigilancia en prisiones y centros de inserción social. La importancia de esta modificación normativa para Cádiz la vemos en el número de centros que alberga y en su población reclusa. En Cádiz hay cinco centros penitenciarios, incluido el de reinserción juvenil, con 3.500 presos de los 15.000 que pueblan las cárceles de Andalucía. Es decir, la cuarta parte de la población reclusa andaluza se encuentra en cadiz. En España hay 46.810 presos, el 28% de ellos está en Andalucía y el 6%, en Cádiz

La propuesta del PP fue votada de manera afirmativa, pero ha topado ahora con el trámite parlamentario. Romaní ha recordado que en 2023 hubo 508 agresiones a funcionarios de prisiones, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2022. Se trata del colectivo que más agresiones sufre. El 10% de estas agresiones se registró en cárceles gaditanas.

El PP, una vez mas, quiere cumplir con los funcionarios de prisiones «que se quejan del abandono total del Gobierno. Esta iniciativa pretende «pelear contra el engaño del Gobierno sobre los funcionarios. Romaní ha adelantado que había una propuesta en el Senado en este sentido y que pasó al Congreso, si embargo, la presidenta de la Cámara Baja la congeló a golpe de enmiendas.

La modificación de ley consiste en respaldar a los funcionarios como agentes de la autoridad. Se trata de un cambio que beneficia a los funcionarios y «el PP quiere llevar el cambio normativo al debate en el Congreso«. Lamenta el chantaje del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que ha reconocido públicamente que su única ley ahora se basa en «presos por presupuestos». En opinión de Romaní, «Bildu manda en la nación y condiciona al Gobierno», por ello, sospecha que «esta propuesta de cambio normativo dormirá el sueño delos justos en el congelador de Armengol».

¿Para qué sirve este cambio? El PP quiere cambiar las condiciones laborales de estos funcionarios. La ley tiene ahora una tramitación que irá a la Comisión de Interior y luego se abrirá un plazo de enmiendas. Este reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad es clave para las procedimientos judiciales ya que sus informes, al igual que los de la Policía y Guardia Civil, tendrán carácter probatorio ante un juez en relación a la conducta y acciones de un reo.

Para modificar la ley hay que hacer primero una propuesta y «es lo que se ha hecho ahora y ha sido aprobada». Se amplia el articulado, pero debe ser tramitada y ratificada por el Congreso, «pero la Cámara está paralizada«. Romaní insiste en que los funcionarios no están considerados como agentes de la autoridad. El formato de trabajo se regula internamente en cada cárcel. Con este cambio se garantiza la seguridad del funcionario. Es un respaldo de las instituciones del Estado en favor de derechos y deberes. Es clave para la justicia. La versión policial en los juzgados tiene un valor probatorio y es lo que se persigue ahora con los funcionarios de prisiones.