Sucesos
Caso de una agresión sexual en una residencia de Sanlúcar: su familia se enteró una semana después
El presunto agresor es otro usuario que fue detenido por la Policía y que ha sido desalojado como medida cautelar de este centro de mayores con dependencia
Investigan un supuesto abuso sexual en una residencia de mayores de Sanlúcar
Los hechos han ocurrido en un centro de mayores de alta dependencia.
El pasado día 31 de marzo la alcaldesa de Sanlúcar informaba sobre un caso de abuso sexual -según se dijo entonces- en una residencia de la ciudad que gestiona la empresa municipal Emuremasa. La regidora no daba muchos más detalles pero sí aseguraba que la entidad se va a personar en la causa judicial, debido a la responsabilidad que tienen en la gestión de dichos centros.
Ahora, la familia de la usuaria que podría haber sido víctima de estos abusos ha emitido un comunicado a través de su abogado, Miguel Ángel Saborido, para aclarar algunos detalles sobre lo ocurrido.
Según explican, la víctima de una agresión sexual (no de un abuso) es una usuaria de gran dependencia de la residencia de mayores Virgen de la Caridad de la localidad. Como añaden los hechos se produjeron por parte de otro usuario el pasado 19 de febrero.
Esta agresión fue denunciada por parte de la delegada sindical del comité de trabajadores de la residencia ante la Policía Nacional de Sanlúcar el 24 de febrero. Pero no fue hasta el 27 de febrero, es decir más de una semana después, cuando la familia fue informada de lo que presuntamente había pasado, según sostienen.
Una vez que la Policía tuvo conocimiento, el supuesto agresor fue detenido y puesto a disposición del juzgado en funciones de guardia el 28 de febrero, ordenando el juzgado su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, como la prohibición expresa de volver a la residencia, así como la prohibición de comunicación con la persona agredida. El asunto lo instruye ya el Juzgado Mixto 2 de Sanlúcar.
«La familia de la persona agredida quiere comunicar su total y absoluta repulsa ante este tipo de situaciones y denunciar el irracional proceder del gobierno de la residencia, que ha guardado silencio ante la ausencia de protocolos que ordenaran otra actuación y ha obviado el sentido común ante la gravedad de la situación que la usuaria estaba sufriendo», aseguran en un comunicado.
Los familiares insisten en su «total credibilidad en la justicia. Tanto el autor material como todos aquellos que de una manera u otra -y según el baremo de la razón- han actuado de manera negligente deben verse abocados a un procedimiento penal que depure las responsabilidades necesarias».
Por último la familia pide «respeto y pulcritud en las informaciones de los medios y honestidad a todos aquellos trabajadores que saben la realidad de lo ocurrido».
Desde el Ayuntamiento y la empresa municipal han querido abrir un expediente disciplinario al director del centro pero, de momento, ha sido rechazado por los demás partidos que forman parte de su consejo de administración.
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