quley de seguridad ciudadana

Policías y guardias civiles de Cádiz acuden la gran manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid

Los agentes participarán este sábado en la concentración de la capital: «Si esa ley sigue adelante la vamos a sufrir todos en la calle», advierten

Imágenes de la manifestación de la huelga del Metal en Cádiz.

M. Almagro

«Es un error. El Gobierno se tiene que dar cuenta de lo que puede pasar si esa reforma sigue adelante. No es por nosotros. Si se aprueba, lo pagaremos todos con más inseguridad en la calle». La inquietud de policías y guardias civiles ante la próxima y más que previsible aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios es evidente. El texto incluye muchas y considerables modificaciones que afectarían directamente a su trabajo, a los protocolos de actuación, a su autoridad, protección e integridad y, como consecuencia, a la convivencia de los ciudadanos para cuyo bienestar cumplen con su servicio.

Por ello, este sábado, la plataforma Jusapol y sus organizaciones en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, Jupol y Jucil respectivamente, han convocado en Madrid una gran manifestación contra la reforma de esta ley. Y desde Cádiz también acudirán agentes y ciudadanos para respaldar la protesta.

«Si esta ley se publica la vamos a sufrir todos. Nos coarta en la forma de trabajar, nos desprotege, nos quita autoridad y, por contra, beneficia a quien causa problemas, a quien quebranta la ley... va a repercutir en la seguridad de todos», advierte el portavoz de Jucil en Cádiz. «Que nosotros no podamos hacer bien nuestro trabajo afecta a la protección de cada ciudadano».

Por ello volverán a unir sus voces junto a las de la ciudadanía en la capital en un nuevo intento de que se reconsideren las modificaciones previstas ya que, según consideran, les desprotegen frente altercados violentos o personas que quieren alterar la convivencia. «Desde el referéndum de Cataluña se ha ido buscando esto para complacer a los aliados del Gobierno pero, no es un tema político, es un tema de seguridad», insisten.

Manifestaciones sin aviso, grabados, multas personalizadas...

Entre las cuestiones que se quieren cambiar y que más controversia han generado está la posibilidad de hacer manifestaciones espontáneas, es decir, sin tener que pedir ninguna autorización previa como hasta ahora, ni poner a nadie que figure como responsable de dicha protesta. Para los agentes esto puede provocar que no haya ninguna previsión de seguridad, que no se puedan preparar dispositivos si el asunto lo requiere, o que el propio devenir de las manifestaciones atenten contra las libertades del resto de ciudadanos si se cortan calles, puentes, hay desórdenes, revueltas, se causen destrozos... etc

En cuanto al uso de material antidisturbios se baraja el fin en el uso de las pelotas de goma que emplean los agentes cuando por ejemplo tienen que dispersar altercados de gravedad. En este sentido los sindicatos recuerdan que el uso de este material no sirve solo para el control de masas violentas sino también para que ellos mismos puedan protegerse si son atacados en el cumplimiento de su deber.

Por otro lado se quiere permitir que haya absoluta libertad en grabarles y difundir sus imágenes lo que, para los agentes, atenta contra su protección e integridad y la de sus familias en lugares además donde este tipo de conflictos puede provocar ciertas vendetas de los delincuentes hacia ellos, como por ejemplo, desde las asociaciones gaditanas aseguran que podría ocurrir en la provincia de Cádiz con las mafias del narcotráfico. «Nosotros también somos ciudadanos y tenemos derecho a vivir con nuestra seguridad y la de nuestras familias», afirman.

Además también esta reforma, entre otros puntos, plantea la desaparición del principio de veracidad en los atestados y equipara su palabra con la de cualquier posible infractor. En este sentido creen que se pondría en duda su propia labor, su trabajo y su función. Al igual que se quiere establecer que las sanciones que pongan por alborotos, atentados o actos vandálicos se pongan en función de los ingresos del infractor. En este sentido consideran que así se abriría la puerta al fraude, a la falsa insolvencia y al sentimiento de impunidad y gratuidad de quien cause destrozos a sabiendas de que no tendrá que pagar por ello.

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