Narcotráfico Cádiz
Piden que todos los guardias civiles puedan usar cámaras personales en sus intervenciones tras el asesinato de Barbate
La asociación JUCIL hace esta reclamación ante el Consejo de la Guardia Civil ante la falta de esta herramienta en la dotación oficial de los agentes
El piloto de la narcolancha de Barbate podría estar protegido en Marruecos por su tío, un «capo de la droga»
Los delegados de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) reclaman en el pleno del Consejo de la Guardia Civil una serie de medidas que consideran fundamentales para la seguridad en el ejercicio de todos los agentes. Esta solicitud se hace de forma reiterada desde que este pasado 9 de febrero dos de sus compañeros fueran asesinados arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate.
Entre estas medidas que piden destaca una que va fuera del orden del día pero que está directamente relacionada con lo ocurrido en aquel episodio y en la posibilidad de tener pruebas evidentes de lo que ocurre en cada intervención. Jucil quiere pedir que se permita a todos los guardias civiles el uso de cámaras de grabación unipersonales. Esta solicitud «busca proporcionar una capa adicional de protección jurídica para los agentes en el ejercicio de sus funciones», explican.
Según detallan, Jucil ha abogado desde hace tiempo por la implementación de cámaras de grabación como equipamiento estándar. «Estas cámaras son una herramienta crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desempeño de nuestras funciones policiales. Su uso puede servir además como evidencia objetiva en situaciones conflictivas o en aquellas en las que se producen controversias entre las versiones de las distintas partes que intervienen en los hechos», destaca Ernesto Vilariño.
Jucil reclama un cambio de protocolo de uso de armas «que evite más asesinatos como el ocurrido en Barbate»
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil ha reclamado este cambio el día que declaraban los cuatro agentes que sobrevivieron al ataque de la narcolancha en Barbate el pasado 9 de febrero
En la actualidad estas cámaras no se tienen en dotación oficial en los cuarteles, por lo que se pide que los efectivos puedan hacer uso de grabadoras personales hasta que puedan contar con este equipamiento en las diferentes comandancias. «Esta medida provisional busca cubrir la necesidad inmediata de contar con registros visuales durante las intervenciones, hasta que se implemente un sistema oficial de cámaras unipersonales».
Por otro lado, Jucil solicita que la Administración entregue toda la documentación relacionada con el asesinato de los guardias civiles. La asociación demandará además explicaciones sobre «por qué motivos, dos meses después del anuncio que esa información se pondría a disposición de una Comisión de Riesgos Laborales, aún no se ha iniciado la revisión del suceso en el seno de esta».
JUCIL solicitó y mantiene su petición de dimisión para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y para el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos como «principales responsables de la cadena de errores que llevaron a ordenar que una barquichuela de aguas interiores de menos de seis metros de largo, con seis guardias civiles inexpertos en la mar, mal equipados y peor armados, se enfrentaran a potentes planeadoras de catorce metros de eslora».
La asociación ha denunciado también ante el juzgado la investigación por homicidio imprudente del general jefe del Área de Andalucía, y del coronel jefe de la Comandancia de Cádiz. «No podemos permitir que el asesinato de nuestros compañeros quede sin una investigación exhaustiva y sin la identificación de los responsables directos e indirectos. Los guardias civiles merecemos trabajar en condiciones de seguridad y con el respaldo adecuado de nuestros superiores», ha declarado Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.
