CONSTRUCCIÓN
Más de 60 obras públicas quedan desiertas en Cádiz en dos años por sus altos costes
Cádiz vuelve a liderar en Andalucía el volumen de obra pública desierta
El importe de las licitaciones que se han quedado en el tintero suma 76,2 millones de euros
Algunos proyectos han necesitado una segunda vuelta para suscitar el interés de los constructores
La convocatoria de algunas obras públicas no suscita el interés de los contratistas. Así se desprende del último informe estadístico elaborado por la Federación de Empresarios de la Construcción (FADECO) en el que se detalla el número de concursos públicos que han quedado desiertos o desestimados en Andalucía entre 2021 y 2023. La provincia de Cádiz lidera el ránking con 65 proyectos de obra desiertos, que suponen un montante de 76,2 millones de euros.
Se trata de obras licitadas por las administraciones públicas, pero que no han despertado el interés de los constructores debido, sobre todo, a los altos costes.
Los empresarios del sector coinciden en señalar que la subida de tipos en 2023 y también los altos costes que han experimentado las materias primas desde 2022 tienen mucho que ver con este abandono empresarial por algunas de las obras públicas que salen a licitación. No es la primera vez que Cádiz lidera el ránking de obras desiertas. También ocupó el primer puesto en 2021 con 50.852.618 euros sin ejecutar y en 2022.
Así, administraciones como ayuntamientos, empresas públicas o universidades figuran entre las que más obra pública han puesto en el mercado. Sin embargo, esta oferta no ha tenido hueco en la agenda de los empresarios. A Cádiz le sigue Sevilla en cuanto a concursos desiertos. En el caso de la capital hispalense la inversión no ejecutada asciende a 46,2 millones de euros, seguida de Málaga, con 45,8 millones y, en cuarto lugar, Granada, con 29,2 millones.
Entre las obras que no se han ejecutado en la provincia de Cádiz destacan los 26 kilómetros de renovación del tramo ferroviario San Pablo-Almoraima, de la línea Bobadilla-Algeciras. Este proyecto lo sacó a concurso Adif por 12,1 millones de euros.
Inflación y sobrecoste
Otra de las actuaciones que se quedó en el tintero fue la ejecución de un planetario en el parque del Barrero, en San Fernando. El Ayuntamiento isleño sacó la licitación por un importe de 586.000 euros y ha sido necesaria una segunda vuelta para sacarla adelante. En el mismo paquete de obras desiertas se encuentra la actuación de una escuela taller de FP en el centro de formación El Zagal, en Jerez, por importe de 194.000 euros, o la construcción en el recinto portuario de Algeciras de un centro de innovación promovido por la Universidad de Cádiz (UCA), por un importe de salida de 3,8 millones de euros.
Los empresarios destacan que el año 2023 fue especialmente complicado por una inflación galopante que tuvo como consecuencia más inmediata un sobrecoste de los proyectos de obra. Las empresas andaluzas de la construcción piden que los contratos de obras públicas salgan a precios de mercado, así como que se articulen fórmulas para revisar las obras licitadas y que no se trabaje a pérdidas.
Cuando se estudia un proyecto, siempre hay un desfase temporal entre el momento en que se redacta, se licita y se ejecuta. Quienes asumen los trabajos calculan una desviación de ese desfase según la tendencia de los precios de mercado. Esta situación se agrava en el momento en el que los precios suben, como ocurrió en 2023, muy por encima de lo que era razonablemente previsible.
Subida de las materias primas
Para botón, una muestra. Todos los productos relacionados con la siderurgia, alcanzaron una subida del 60%, igual que el vidrio o la cerámica, que también proceden de industrias ultraintensivas de energía. La subida de las materias primas ha provocado un efecto dominó en el sector multiplicando con ello los costes y, por tanto, haciendo poco atractivo algunos concursos de obra pública.
Actualmente, el desajuste calculado respecto a los precios propuestos ronda el 22%. Esta situación, a juicio delos empresarios del sector,es inviable. «En un escenario normal, ibas a licitación y, dentro de la legalidad, podías pedir sustituir unas materiales por otros, o pactar ajustes en el plazo de entrega, etc. Ahora, eso es materialmente imposible, porque las desviaciones pueden colocarnos en un 30-40%, y nadie te va a cerrar presupuesto con esos precios».
El sector de la construcción en Cádiz emplea a unos 29.000 trabajadores, convirtiéndola en la tercera provincia andaluza a nivel de población ocupada en el ramo. De hecho, es un sector en alza y prueba de ello son los últimos datos del paro de febrero de 2025. La construcción en Cádiz ha recortado su volumen de desempleo en -275 personas.
Entre las obras desiertas en Cádiz abundan, entre otras, las actuaciones en colegios y institutos. Este es el caso de las obras de mejoras previstas en el CEIP Los Arcos, de Algeciras, por valor de 770.000 euros.
Precisamente la patronal ha destacado en este sentido que se ha confirmado lo que el sector de la construcción en Andalucía temía desde hace meses: la Consejería de Desarrollo Educativo ha comunicado definitivamente que no se estimarán las solicitudes de revisión extraordinaria de precios solicitadas en el marco del Acuerdo de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Una decisión que no solo agrava la incertidumbre en el sector, sino que también supone un golpe a las ya frágiles cuentas de las empresas constructoras, afectadas por la escalada de costes y la falta de mecanismos eficaces de actualización de precios en los contratos públicos.
En una reunión mantenida el martes, el Viceconsejero de Desarrollo Educativo, y el gerente de APAE, ha trasladado a FADECO que únicamente se reconocerán revisiones de precio por un importe global de apenas 300.000 euros, correspondientes a contratos basados cuya ejecución finalizó antes de la primera modificación del Banco de Costes de la Construcción de Andalucía. «Una cifra irrisoria frente a la magnitud del problema».
Además, se ha informado de la inminente incoación de expedientes para declarar la lesividad de aquellas revisiones de precios que sí fueron abonadas en su momento, afectando principalmente a contratos en las provincias de Huelva y Córdoba por un total de más de 2,5 millones de euros. Un movimiento que añade más incertidumbre a las empresas, que ya operan en un contexto de estrechamiento de márgenes y falta de estabilidad contractual.
