POLÍTICA
Nueva polémica en San José del Valle por utilizar una cisterna municipal para uso privado
La oposición denunciará ante la Fiscalía la utilización del camión por parte de un hermano del teniente de Alcalde
Según el escrito, el familiar del concejal del PSOE extrajo agua de la vía pública, cargó la cisterna y la trasladó a un complejo fotovoltaico privado
Nueva polémica en el Ayuntamiento de San José del Valle. El alcalde de la localidad, el socialista Antonio González Carretero, y su Primer Teniente de Alcalde, Jerónimo Gámez, están en el punto de mira de la oposición por la utilización, presuntamente, de un vehículo municipal para fines privados.
La concejal de Andalucía x Sí, Yolanda Aceituno, presentará el próximo viernes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en Jerez, en la que denuncia la utilización de una cisterna municipal para trabajos en una empresa privada. La planta fotovoltaica, situada en el paraje de Los Alcornoquejos, ha destapado la caja de los truenos
Se da la circunstancia de que uno de los conductores de esta cisterna municipal, según los partidos de la oposición municipal, es el hermano del primer Teniente de Alcalde del equipo de Gobierno. El escrito en cuestión se acompañará con varias fotografías, además de con una grabación del último Pleno municipal, celebrado el pasado 26 de septiembre, donde se debate este asunto. Sin embargo, la concejal andalucista ya ha denunciado que el video de la sesión plenaria pierde la voz justo en el momento en el que se debate este asunto y donde, tanto el alcalde como su edil, admiten la firma de un escrito autorizando al hermano del Primer Teniente de Alcalde a conducir la cisterna
Extracción de agua potable
Según Yolanda Aceituno existe constancia de la extracción de agua potable por parte del hermano del concejal para llenar la cisterna en tres ocasiones. Igualmente, existen imágenes del traslado de la cisterna hasta el complejo fotovoltaico de Los Alcornocalejos. El municipio de San José del Valle alberga varios complejos vinculados a las energías renovables. Se trata de los parques fotovoltaicos de Malabrigo, Arenosas, La Guita y El Yarte. La empresa Statkraft se encarga de su explotación.
Como se recordará el alcalde la localidad vallense fue inhabilitado el pasado marzo por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, que lo condenó por un delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro puesto electo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo
Según el fallo, el tribunal consideró que el primer edil eximió de manera ilegal del pago de tasas a varios feriantes en 2016 a pesar de que habían ocupado terrenos públicos. Por otro lado, lo absolvió del delito de exacciones ilegales (cobro ilegal de impuestos) del que venía siendo acusado por la Fiscalía y no cree que cometiera dicho delito por cobrar otros impuestos a otros feriantes que ocuparon suelo que no era de titularidad pública sino privada. La Sala cree en este último caso que el alcalde fue «imprudente» pero no considera que su actitud fuera dolosa. La sentencia no fue firme ya que tenía la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como así hizo el pasado abril.
No ha sido la única. E l Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya condenó a González Carretero a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación al no derribar una construcción ilegal, sin embargo el alcalde recurrió y fue absuelto por el Tribunal Supremo.
Además también fue condenado por injurias graves a tres policías locales de su localidad. El alcalde vallense llegó a afirmar que los agentes eran corruptos al servicio de la oposición y que disimulaban «muy mal a quién perseguían y por qué motivos». El juez impuso al regidor el pago de 3.000 euros a cada uno de los tres policías. Este fallo fue también recurrido y la Audiencia de Cádiz lo absolvió al entender que sus manifestaciones se amparaban en «el derecho a la crítica».
Por otro lado González Carretero regresará al banquillo de los acusados, procesado por pagar con dinero de su partido, el PSOE, una sanción a una militante que montó un bingo ilegal. Anticorrupción solicita para él tres años y medio de prisión al considerarlo autor de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil.
