Provincia
El Ministerio de Vivienda insta a los alcaldes a abordar la problemática de los pisos turísticos
La ministra Isabel Rodríguez ha pedido mayor control a los ayuntamientos de cara a que las viviendas turísticas no tensionen el mercado
Desde la FEMP abogan por la búsqueda de soluciones entre todas las administraciones, equilibrando el derecho a la vivienda y el turismo
El Ministerio de Vivienda ha convocado este martes a la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, para abordar la compleja situación del acceso a la vivienda, una cuestión especialmente tensionada en los destinos turísticos por el uso que reciben un número importante de inmuebles.
Aprovechando que por la mañana se celebraba en Madrid la Junta de Gobierno del órgano que aglutina a los alcaldes de España, la ministra Isabel Rodríguez agendó una reunión para tratar un asunto que está generando una gran crispación en parte de la población.
María José García-Pelayo, la alcaldesa de Jerez, es la presidenta de la FEMP y es por tanto la encargada de transmitir al resto de regidores lo que desde el Gobierno de España se ha trasladado, en aras de contar con la colaboración ayuntamientos.
La intención del Ministerio no es otra que poner sobre la mesa que los consistorios deben actuar para atajar una coyuntura que de facto está haciendo que muchos habitantes se vean desplazados y obligados a irse de sus ciudades de origen ante el auge de los pisos turísticos.
García-Pelayo ha traslado a la ministra que desde los municipios van a trabajar para casar «un derecho fundamental que hay que proteger» como la vivienda y la sostenibilidad de la industria turística, que «en nuestro país es muy importante», para lo que asegura que cuentan con el apoyo del sector privado.
Una de las cosas que ha pedido vigilar de cerca la ministra es que esas casas que funcionan como alojamientos turísticos cumplan todos los requisitos legales exigidos, sin operar al margen de la ley. Se trata de una de las grandes denuncias de sectores como el hotelero, que los consideran una competencia desleal al jugar con reglas distintas y ponen el foco en el perjuicio que tiene para las cuentas públicas el dejar de ingresar los tributos pertinentes.
En ese sentido, el Ministerio se descarga de presión ante un problema que parece ir en clara ascensión, pues las normativas son de carácter regional y municipal, transferencias en materia de turismo a nivel autonómico y de forma local en cuanto a las licencias. De modo que, tras haber mantenido en mayo una reunión con las comunidades autónomas, ahora ha llegado el turno de los ayuntamientos.
En buena medida, el encuentro estaba motivado por la reciente decisión del Ayuntamiento de Barcelona de acabar con las licencias de los pisos turísticos en el año 2028, al entender que la vivienda es el principal problema social al que se enfrentan los habitantes de la ciudad condal.
Es por ello que la ministra Rodríguez ha cogido la percha que le ha dado el regidor barcelonés Collboni para trasladar a sus homólogos del resto de España que tienen que pasar a la acción y endurecer sus normativas municipales para dificultar que la balanza caiga del lado del turista, además de velar por su cumplimiento.
La regidora jerezana, en nombre de los alcaldes españoles, ha mostrado lealtad y ha abogado por remar conjuntamente en la misma dirección con la colaboración de todas las administraciones. Además, se ha referido al Plan de Vivienda, que tiene por objetivo «potenciar y facilitar la rehabilitación de nuestras viviendas» y «proteger los barrios, hacerlos sostenibles desde el punto de vista urbanístico, y también accesibles».
Aunque la cartera de Vivienda parece pasar la patata caliente, también tiene competencias propias y ya trabaja en la línea de poder contar con una herramienta que permita controlar el número de viviendas turísticas activas. Los dueños tendrán la obligación de registrar sus propiedades, con lo que la aplicación puede servir para luchar contra el fraude y además analizar la situación del mercado de forma más concreta.
Problema agravado en Cádiz
La problemática de las viviendas turísticas no es ajena a la provincia de Cádiz. Por contra, un lugar con un turismo eminentemente veraniego genera grandes dolores de cabeza a la hora de encontrar una casa para residir de forma permanente. Son muchos los propietarios que, aprovechando el tirón del sol y la playa, alquilan sus viviendas por cortos periodos de tiempo para hacer, valga la expresión, el agosto durante el verano, periodo en el que suben exponencialmente el precio.
Los oriundos de los municipios costeros se encuentran con dificultades a la hora de poder acceder a una vivienda debido a la pujanza del turismo. Esta circunstancia es aún más delicada en Cádiz capital por la falta de suelo y por su constitución misma, que impide la expansión física de la ciudad, produciéndose un problema del que el alcalde Bruno García ha dicho ser consciente desde primer momento.
En las zonas de interior la coyuntura es mucho menos agravada y lejos de verse como amenaza, sirve para espolear el mercado local, contribuyendo a dinamizar la economía. También deja muchísimo dinero el turismo en las localidades tensionadas, claro, pero desde el Gobierno instan a los ayuntamientos a actuar y buscar un equilibrio, pues de lo contrario las poblaciones locales sufrirán aún más las consecuencias.
