CONSTRUCCIÓN
Media docena de obras públicas quedan desiertas en Cádiz durante el primer trimestre por los sobrecostes
El incremento de precios de las materias primas y los ajustes en la licitación espantan a los constructores
Una de las obras que no ha salido adelante es la construcción del nuevo Archivo municipal de Rota
Obras de mejora en el acerado, realizadas frente a la playa de La Caleta, en Cádiz
Los sobrecostes que han experimentado los materiales de construcción siguen pasando factura a la licitación de la obra pública. Los empresarios prefieren no acudir al concurso y dejar desierta la oferta. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) acaba de publicar el balance del primer trimestre del año y destaca que de las 318 licitaciones desiertas en toda España, 32 de ellas se encuentran en Andalucía. Se trata de la segunda comunidad autónoma con más contratos públicos con obras sin iniciar tras las Islas Canarias (65) y Castilla y León.
La provincia de Cádiz no es ninguna excepción. Media docena de obras licitadas por ayuntamientos, Diputación, Junta y administración Central han quedado desiertas entre enero y marzo de este año. Se trata de la mejora de los accesos a la facultad de Económicas, en Cádiz, la mejora en varias barriadas rurales de Jerez, y la modernización de edificios en Torregorda, en San Fernando. También han quedado desiertas la reparación y puesta a punto del complejo deportivo de Sancti Petri, en Chiclana, la reurbanización de la plaza Venus, en Jerez, y la construcción del nuevo Archivo municipal de Rota. En total 1,8 millones de euros que, de momento, no se han gastado por falta de interesados en las obras.
En Andalucía han quedado desiertas en este trimestre 44 obras, seis de ellas, el 13,6%, en Cádiz. El importe de las obras andaluzas desiertas es de 28 millones de euros, de los que 1,8 millones corresponden a Cádiz, el 6,5% del total. La obra más importante que ha quedado desierta en la provincia de Cádiz ha sido, precisamente, la construcción del Archivo municipal de Rota, por importe de 578.000 euros.
Andalucía también es la segunda, solo superada por Extremadura, en el precio de licitación de las obras no iniciadas ante la incapacidad de las empresas de asumir los sobrecostes. En total, el agujero de las licitaciones desiertas en la región asciende a 28 millones de euros frente a los 84,6 millones de euros de Extremadura; sin embargo, la región extremeña se ha visto muy influenciada por la parálisis de un gran proyecto, el trasvase de tres ríos, valorado en casi 75 millones.
En Andalucía hay cuatro obras que superan el millón de euros en las licitaciones. El proyecto más oneroso está en Granada y suma 11,1 millones de euros. Se trata del contrato de obras de demolición, urbanización y edificación de 122 viviendas de VPO, locales, trasteros y plazas de aparcamientos en la localidad granadina. También aparecen obras de ampliación en la línea Huelva-Sevilla y la demolición del edificio del antiguo mercado de abastos para la construcción de la Casa de la Juventud y la planta de aparcamientos en Alcalá de Guadaira (Sevilla), ambas valoradas en 2,5 millones. Igualmente, la obra de 16 viviendas protegidas y zonas comunes en Hornachuelos (Córdoba) suma 1,2 millones.
Un total de 76,8 millones de euros de inversión no se ejecutaron en la provincia en 2022 por quedar la obra desierta. Los ayuntamientos y los ministerios fueron los que más adjudicaciones dejaron sin resolver debido al rechazo de las empresas. Según la patronal, no resultaba rentable acudir al concurso. El aumento de los costes de la energía y de las materias primas pusieron muy cuesta arriba para algunas firmas su participación en los concursos públicos de obra que abren las administraciones.
Actualizar los contratos
La patronal ha reclamado a los partidos políticos un compromiso de cara al adelanto electoral con un . sistema para reequilibrar los precios de los contratos, tal y como ha trasladado por carta a los principales grupos parlamentarios. A juicio de CNC, resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de España; y podría disparar las disoluciones y los concursos de acreedores de constructoras.
La patronal alerta de que los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras pueden paralizar el sector, lo que terminaría frenando el crecimiento económico y la creación de empleo, pues la construcción canalizará en torno a 7 de cada 10 euros de los fondos europeos.
Por ello, CNC urge a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que, matizando la Ley de desindexación de la economía española, se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos, dándole estabilidad y evitando parches o soluciones extraordinarias que a la larga no solucionan estos problemas, que también podrían resolverse desde las corporaciones locales.
Silencio administrativo
Tras las recientes elecciones municipales y autonómicas, la patronal revela a los nuevos equipos de Gobierno que las constructoras han constatado que muchos ayuntamientos o diputaciones son la administración más negligente a la hora de aplicar el Real Decreto 03/2022, puesto que no actualizan los precios y abusan del silencio administrativo.
Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, «nuestro sector requiere estabilidad y certidumbre para no desperdiciar los fondos europeos y lograr los objetivos del Plan de Recuperación. Por ello, esperamos que el problema de los sobrecostes que sufren las constructoras forme parte de la agenda política de cara a las próximas elecciones. No obstante, muchas de las obras financiadas por los fondos NextGenerationEU pertenecen al ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades. Por ello, los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tienen que saber que aplicar la revisión de precios es imprescindible para ejecutar los fondos europeos y evitar la parálisis de un sector determinante para la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos».
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