Marruecos y la realidad en su colaboración para parar a los narcos: «Es cuestión de acuerdos y dinero»

María Almagro

Cádiz

04/03/2025
Actualizado a las 07:23h.

La provincia de Cádiz, en la frontera sur de Europa, se encuentra a apenas unos quince kilómetros por mar del principal país productor de cannabis y su derivado en el hachís del mundo: Marruecos. Es una realidad matemática, geográfica, incontestable. La zona norteña del Rif, su terreno montañoso, sus valles verdes, son desde hace muchos años, el lugar perfecto para el sembrado de estas plantas. Se estima que de ello viven más de cien mil cultivadores, una población rural pobre, durante épocas muy castigada que depende de este modo de vida. Cientos de miles también de hectáreas que, según los informes de expertos, pueden llegar a producir unas 4.000 toneladas al año de cannabis. El uso y la explotación que se haga de este cultivo es la clave. Y que sea completamente legal en el país vecino también.

Alhucemas, Chaouen, Taounat forman ese espacio 'industrial' legal de la droga. Un millón de personas que, en esta zona y de una u otra manera, están vinculadas a esta actividad. Para nada silenciada ni clandestina. Muestra de ello es que el Parlamento marroquí aprobaba en 2021 una ley que regulaba por primera vez los usos de estos cultivos dando cierta legalidad a su fin terapéutico pero castigando su uso «recreativo». Y en 2022 esta decisión se volvía a refrendar en un decreto que se ceñía a estas tres provincias, el área sin duda de mayor productividad. Se creó además una agencia nacional de reglamentación para controlar estos cultivos y su exportación. Es decir, que desde el Estado de Mohamed VI se entiende y trata como un negocio permitido y aceptado dentro de sus propias normas.

De hecho, el pasado año, esta agencia nacional dio hasta 3.000 licencias para la producción, la transformación y el comercio del cannabis. En 2023, según estos mismos datos, se habían dado 700. El incremento era evidente.

Esta medida además se amparó en la necesidad de un cambio legal para poder escalar puestos en un sector, el del cannabis, que se ha reforzado desde que existen nuevos estudios que respaldan su valor medicinal y además sea un componente autorizado -siguiendo determinadas regulaciones- del mundo de la cosmética. En este sentido, las ganancias alcanzan los miles de millones de euros y los países que son productores no quieren perder esta baza.

Y mientras, a España, a Europa, llega y pasa la gran mayoría de ese cannabis que nace en el norte de África. Sin embargo, en un altísimo porcentaje no lo hace ya como un asunto supuestamente reglado, controlado, para usos terapéuticos establecidos, sino como algo «recreativo» -según ellos mismos calificaban-, un contrabando ilegal que está en manos de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y que constituye la principal actividad delictiva que azota a Cádiz y a toda Andalucía. En todas sus variantes.

Precisamente, como se recordará, la capital gaditana acogía recientemente una cumbre de ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea en la que se debatía y ponía en común las políticas a desarrollar contra los traficantes y el crimen organizado.

Según se expone en la Declaración de dicha cumbre a fecha de 14 de febrero, estos ministros se encuentran «profundamente concernidos por la preocupante amenaza que supone la delincuencia grave y organizada para los valores y el funcionamiento estable de nuestra sociedad, la seguridad, el bienestar y los derechos fundamentales y la libertad de nuestros ciudadanos». Y por ello, aseguran, «han aunado fuerzas desde diciembre de 2021». En este sentido, expresan «su compromiso de trabajar juntos en la Unión Europea y con terceros países en pos de un enfoque integral para reducir la influencia de las redes delictivas y desmantelarlas, detener y condenar a los autores y confiscar sus activos ilícitos», se reproduce en el documento institucional.

Sin embargo en ese mismo documento no se hace mención directa a cuáles son esos países con los que hay que «aunar esfuerzos» ni tampoco se establece qué tipo de «esfuerzos» o posibles negociaciones.

Sí se determina que una futura «Estrategia de Seguridad Interior de la UE debería prestar una atención especial a la cooperación con terceros países. Los análisis más recientes muestran que, junto con América Latina, el Caribe, los Balcanes Occidentales o África están surgiendo como importantes centros de tránsito hacia Europa Occidental», admiten en dicha declaración.

Y a este respecto, desde la coordinadora antidroga Alternativas, son claros. «Aquí no es de hablar de áreas que puedan afectarnos, de Sudamérica, de África... así en general... aquí es decir que en Marruecos podría hacer mucho más de lo que hace y hay que negociar y tratar este asunto directamente con ellos», afirma Francisco Mena, presidente del colectivo. «La Unión Europea es la encargada de llevar todas las negociaciones con países extracomunitarios, igual que se habla sobre aranceles, de pesca, de inmigración... es hora de que se sienten a hablar de lo que supone sus cultivos de hachís para nosotros».

«El narcotráfico se para o se atenúa desde las dos orillas. No sirve de nada seguir haciendo aquí esfuerzos si allí no hay cambios», lamenta Mena. Y es que desde Alternativas llevan años (muchos años) advirtiendo de esta situación a la comunidad europea. Alertando de que en España o en el continente se puede batallar este frente pero que no sirve de nada o casi nada hacerlo si no se entiende o asume de lo que supone la producción del cannabis o de otras sustancias en su peso económico o social.

«Hay mucha gente que trabaja en estas plantaciones. Es mucho lo que les entra por ello. En la declaración que hacen de la cumbre son otra vez muy tenues, no hablan de lugares o países concretos. Al final es cuestión de dinero, de hacerles ver la posibilidad de cómo reducir esa producción a cambio de los acuerdos a los que se llegue. Todo es cuestión de ver cuánto dinero somos capaces de poner sobre la mesa, al igual que se negocia con ellos los caladeros u otras políticas. Hay que ser conscientes de que allí las plantaciones no son ilegales, quien se dedica a ello y vive de ello no está cometiendo ninguna ilegalidad». «Si asumen ciertas restricciones tiene que ser por algo porque, directamente, no les compensa».

Por tanto, y porque las políticas del país africano y sus permisividades o formas de ver estos cultivos afectan directamente a todo el continente europeo, se entiende que el interés tiene que ser de todos sus países miembros y no solo de España. «La droga que entra por aquí no se consume aquí en un grandísimo porcentaje. El 90 por ciento o más va hacia Europa. Y es por ello por lo que estas organizaciones ganan dinero. El cultivador cobra una porquería, su precio se multiplica una vez que cruza el Estrecho y más aún cuando llega a Holanda, a Reino Unido... son las grandes organizaciones las que ganan. El que se lleva la mayor parte es el que tiene los contactos, el proveedor, y todos los que tengan sobre esta droga mayor control y negocio, no el que está en el Rif».

Este pasado verano, el rey de Marruecos concedía el indulto a 4.831 personas encarceladas, procesadas o bajo orden de arresto por el cultivo y distribución de cannabis, la gran mayoría campesinos del Rif. Esta medida se tomaba como símbolo de la celebración del 71 aniversario de la Revolución del Rey y el Pueblo y era aún más esperada después de la ley de apertura a estas plantaciones de 2021.

De todos esos exculpados, 548 estaban cumpliendo ya penas de prisión y otros 137 habían sido condenados a la espera de entrar también en un centro penitenciario del país. El resto habían sido procesados.

Esta medida se celebró en el país alauita y sobre todo en las zonas afectadas tanto por 'solidaridad' con sus compatriotas como también por una decisión que se tomaba como un respiro y apoyo a los cultivadores.

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