Cádiz

Malos tiempos para la justicia gaditana

En las últimas semanas al desalojo de los juzgados de San José y sus mudanzas se ha unido la huelga de los letrados... los pleitos y los trámites se acumulan

Togas colgadas por la huelga de los LAJ. La Voz

M. A.

Hay una ley bastante negativista que dice que cuando algo va mal puede incluso empeorar. Pues justo eso es lo que estas semanas ha ocurrido con uno de los servicios más básicos que el ciudadano tiene a su disposición y que las administraciones deben de garantizarle: la justicia.

La huelga de los letrados de la administración -antiguos secretarios judiciales- con un paro secundado en toda España ha paralizado en buena parte el funcionamiento de todas las sedes judiciales. La falta de acuerdo con el Gobierno y la directriz clara de estos profesionales de lograr que sus sueldos se equiparen con sus tareas («cada vez más numerosas») ha enquistado este problema que viene de lejos.

Y mientras que no se soluciona son los ciudadanos los que están viviendo sus consecuencias. Los últimos datos hablan de más de dos mil procedimientos -tanto juicios como otros trámites- paralizados. Suspendidos. Hasta nuevo aviso. Algunos ya señalados para dentro de uno o dos años. Y, además, más de quince millones de euros que se encuentran en las cajas de estos juzgados por indemnizaciones y dinero que tienen que recibir por haber ganado pleitos o reclamaciones los ciudadanos y que sin el visto bueno de los secretarios no se pueden entregar.

La situación es complicada. Y así lo manifestaba el nuevo decano del Colegio de Abogados que hablaba directamente de «estar al borde del caos más absoluto». Por ello les pedía «sensibilidad». Y hablaba de problemas judiciales como el trámite de familias con derecho de visitas, derecho de alimentos parados... cuentas, dinero que sirve para sobrevivir... «problemas latentes. Estamos viviendo una situación que parece que no le importa a este Gobierno, que no existe. Es incomprensible», manifestaba.

Y esta problemática venía de la mano de otra: el desalojo urgente del edificio de San José por los problemas en su infraestructura que, como advirtió la inspección, no podía esperar más. Así que, como se recordará, a finales del pasado año se trasladaron esos juzgados -guardia, instrucción e instancia- a los bajos del Estadio, además de otras dependencias, donde, según alertaron los profesionales, solo podían trabajar «a medias». Sin embargo, se hacían una primeras obras en los Balbos y podían regresar a esas instalaciones que vuelven a estar al cien por cien de su rendimiento.

Sin embargo entre desalojo, mudanza y nueva mudanza, todos esos juicios y trámites que se tenían que haber celebrado porque estaban señalados fueron suspendidos. De nuevo esos procedimientos se sumaron al montón de papeles de causas pendientes que esperan y que habrá que ir resolviendo según los plazos que impone la ley.

«Una pendencia ya crítica»

Por tanto la falta de infraestructuras, un déficit denunciado desde hace años, es, otra cuestión que ralentiza el servicio de la justicia en la provincia de Cádiz ya que provoca una pendencia que como denuncian abogados, procuradores, fiscales y funcionarios es «crítica». Así, entre los más afectados por esta acumulación son los procedimientos de lo Social y de lo Mercantil donde, según fuentes consultadas, se están señalando ya dichas vistas para 2026 y 2025, respectivamente.

En cuanto a la sobrecarga de los juzgados de lo Social estos problemas 'añadidos' se unen a la carga que ya tenían de antes y que encima agudizó la pandemia. Y, luego, posteriormente, con los efectos de la inflación. Solo en Cádiz en el año 2021 se registraron 1.101 asuntos en este área. Esta acumulación ha provocado que las dilaciones sean ya una constante y que incluso se llegue a señalar vistas por despidos de una empresa que ya no existe o querer señalar juicios sobre reclamaciones de invalidez sobre personas que ya habían fallecido.

La situación se repite en lo Mercantil a pesar de que hubo un refuerzo con un segundo juzgado. La quiebra de empresas o procesos concursales se eternizan con todos los problemas que ello conlleva.

O el juzgado que se dedica a los procedimientos de cláusulas suelo, una sede que por cierto es la que más dinero ha acumulado hasta el momento en su caja debido a la huelga de los secretarios judiciales.

Y mientras todo esto ocurre, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz siguen con el cruce de tareas pendientes sobre la ejecución de una Ciudad de la Justicia que pueda albergar en un solo espacio todas las sedes judiciales, no solo de la capital gaditana, sino de toda la provincia ya que en estos juzgado se dirimen también asuntos de otros municipios. Según las últimas declaraciones del consejero, José Antonio Nieto, para la administración regional es ya «una prioridad».

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