Narcotráfico

Lucha contra el narcotráfico: «Los datos del Gobierno no reflejan la realidad que viven los agentes sobre el terreno»

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Jucil pone en duda las cifras dadas por Interior y aseguran que reflejan una disminución en la operatividad por la falta de recursos y no porque en Marruecos se coseche menos hachís, según se ha justificado

Afirman que los supuestos refuerzos de plantilla que se han 'vendido' en la Guardia Civil «no han sido más que recolocaciones y redistribución de los agentes al desmantelar Ocon-Sur»

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María Almagro

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De manera periódica, a modo de balance, el Ministerio del Interior hace sumas y difunde cifras sobre la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. Lo hace bajo el epígrafe del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, desde que éste se creó, y en ellos hace recuento de número de detenciones, droga aprehendida o bienes intervenidos. De forma anual o con otras horquillas temporales, expone esos datos que son reproducidos por el ministro Fernando Grande-Marlaska -cuya última visita a Cádiz fue tras el asesinato de dos agentes en Barbate hace un año- , por el Secretario de Estado de Seguridad o el delegado del Gobierno en Andalucía. Sin embargo dichas cantidades no se detallan de forma pormenorizada, ni en tiempos ni en provincias concretas. Tampoco se da información sobre qué órganos han realizado esos operativos y desde dónde, ni a qué se destina exactamente los presupuestos dirigidos a tal fin y en qué medios personales o materiales revierten.

Las últimas cifras dadas por el Gobierno a este respecto hablan de que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron durante 2024 un total de 12.068 operaciones contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico y el contrabando en las seis provincias andaluzas en las que se despliega dicho plan especial, que se saldaron con un total de 5.911 detenidos y 264.572 kilogramos de droga incautada.

En cuanto a la droga aprehendida, asciende a 264.572 kilogramos: 150.802 kilogramos de hachís, 44.206 de cocaína y 69.564 de marihuana y otras sustancias. Y valora: «Estas cifras confirman un descenso sostenido de las incautaciones de hachís desde 2021, año en el que se alcanzó un máximo de 523.696 kilogramos. Los expertos policiales atribuyen esta caída a la disminución de la producción en Marruecos como consecuencia de la sequía de 2022 y a la aminoración del riesgo por parte de las redes de narcotráfico, que transportan menos cantidad en cada viaje y desvían las rutas de narcotráfico hacia otras zonas geográficas para eludir la presión policial en el sur de España».

Respecto a la incautación de cocaína, en 2024 la cantidad decomisada fue similar al año anterior, con 44.206 kilogramos (un 1,76 por ciento menos). Hay que recordar en este punto que sólo en Algeciras se intervino de una vez 13 toneladas de esta droga (de esas 44 toneladas supuestamente).

Pues la asociación de guardias civiles Jucil considera «un despropósito» estas cifras. Según afirman «no reflejan la realidad que viven los agentes sobre el terreno. La disminución en las incautaciones de droga es una muestra evidente de falta de medios humanos y materiales con los que cuentan las unidades desplegadas en la zona, que se añade a las menores detenciones realizadas en 2024, un 3,8% menos respecto a 2023», sostienen en un comunicado.

«El Ministerio lo atribuye a una supuesta menor producción en Marruecos y al desplazamiento de las rutas de tráfico, pero la realidad es que hay menos decomisos porque no hay suficientes recursos para interceptar la droga». Y añaden: «Prueba de ello es que el precio de estas sustancias en el mercado negro ha caído drásticamente, lo que indica un incremento en la cantidad de droga que ha logrado entrar en España sin ser detectada. Esto es consecuencia directa de la falta de medios adecuados para combatir el narcotráfico».

El Ministerio afirma que las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional han crecido un 11,8% desde 2018, pero Jucil vuelven a reclamar que les «informen de las cifras reales de efectivos y del catálogo, algo que venimos solicitando por activa y por pasiva a la dirección general y se nos viene denegando continuamente».

«No hay más efectivos, hay reorganización»

A juicio de la asociación, lo que ha ocurrido es que se ha producido una reorganización interna de los efectivos, «trasladando compañeros que antes estaban en OCON-SUR a Policía Judicial y al EDOA, dejando desprotegidas las unidades de las que provenían. No ha habido un refuerzo real, sino una redistribución de personal que ha debilitado otras áreas operativas».

En cuanto a los medios materiales, el balance que hacen es igualmente negativo. «No solo no ha habido un aumento real, sino que los equipos actuales están en pésimas condiciones: Embarcaciones inservibles: todas las embarcaciones entregadas están averiadas, lo que impide su uso efectivo en la lucha contra las narcolanchas; vehículos deteriorados: la Guardia Civil sigue operando con coches que superan los 250.000 kilómetros, muchos sin sistemas de seguridad antiempotramiento, lo que pone en grave riesgo a los agentes en persecuciones y embestidas de los narcotraficantes; o, vehículos no aptos para el servicio: se están entregando coches eléctricos e híbridos que no son adecuados para el trabajo en la zona, debido a las exigencias de velocidad y resistencia necesarias en intervenciones contra el crimen organizado».

«Desde Jucil instamos al Ministerio del Interior a reconocer la realidad de la situación en el Campo de Gibraltar y, sobre todo, el resto de provincias andaluzas a donde se ha desplazado el narcotráfico, y tomar medidas concretas para dotar a la Guardia Civil de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar su labor con eficacia y seguridad. Entre ellas, la recuperación del Ocon-Sur. Desde su desmantelamiento injustificado en 2022, el balance es notablemente negativo».

Y concluyen, «no se trata solo de estadísticas, sino de la seguridad de los agentes y de la ciudadanía. Sin los medios adecuados, la lucha contra el narcotráfico se convierte en una tarea imposible, dejando vía libre a las organizaciones criminales para seguir operando con impunidad».

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