INDUSTRIA
La (otra) lucha de la clase obrera de Cádiz
La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ha tratado, una vez más, de imponer su ley en un conflicto laboral entre una subcontrata naval y Navantia Cádiz
Los efectos de la amenaza de huelga indefinida de la Coordinadora han sido letales: pérdida de cuatro contratos de reparación de barcos y suspensión de contratos de trabajadores por inactividad
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En noviembre de 2021 el entonces alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', vinculado a Podemos, cogió el megáfono en mitad de una manifestación de los trabajadores del Metal y proclamó a los cuatro vientos su apoyo a las reivindicaciones en favor de un convenio digno. Curiosamente, a escasos metros de donde el primer regidor lanzaba su mensaje de solidaridad con la clase obrera, los más radicales de esa clase obrera quemaban neumáticos, montaban piquetes, se enfrentaban a la Policía con piedras y cortaban el tráfico en distintas calles de la capital volcando contenedores.
Fueron dos semanas de huelga salvaje en el sector industrial de Cádiz donde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) jugó un papel determinante en las protestas y en la imagen de conflictividad laboral que durante catorce días exportó Cádiz al resto del mundo.
La movilización de 2021 se fue de las manos justo cuando los piquetes en los accesos a los astilleros, concretamente en el de Cádiz, se convirtieron en barricadas y los huelguistas la emprendieron a pedradas con la Policía nacional, que trataba sin éxito de restablecer la circulación en las calles.
Patronal y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO han estado al margen de las acciones de los más radicales
Uno de los disturbios más importantes tuvo lugar el séptimo día de huelga en Puerto Real. Durante toda la mañana se emplearon a fondo los efectivos de la Policía Nacional ante quienes en un principio querían avanzar por el Trocadero para cortar los accesos a Cádiz capital. El objetivo era provocar el casos en el tráfico de la Bahía. Las cargas policiales, con bolas de goma y uso de gases, fueron contestadas con el lanzamiento de piedras, tornillos y cualquier objeto contundente. Los radicales habían convertido Cádiz en una zona de guerra.
Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, que se encontraban en el foro negociador del nuevo convenio, se desmarcaron de las acciones violentas de protesta y, sobre todo, de los disturbios que impedían la actividad industrial en las plantas gaditanas de Navantia.
El convenio vigente del Metal se firmó a finales de noviembre y con ello se puso fin a dos semanas de guerrilla urbana en la capital y en el barrio del Río San Pedro, en Puerto Real. El acuerdo recogía importantes mejoras económicas para los trabajadores fijando una subida del 2% anual y un 80% del IPC previsto para el año en curso. Es decir, si el IPC de 2022 se fijaba en el 5,7%, el convenio del Metal de Cádiz recogía que un 2,9% se incluyera en la tabla. El citado convenio, que expira a finales de 2023, se firmó antes de la guerra de Urcania, que estalló en febrero de 2022. El texto no tuvo en cuenta los efectos negativos que podía generar un conflicto bélico en la economía, entre ellos, la crisis energética, la subida de los combustibles y, sobre todo, el encarecimiento de los precios.
Un convenio de los mejores
La patronal señaló en más de una ocasión que el convenio gaditano era de los mejores de España con 12 pagas, más cuatro extras y, según los cálculos, el acuerdo de actualización suponía un abono medio de 1.600 euros por trabajador para cubrir con el atraso del IPC de 2022 y cumplir con el convenio. La Coordinadora, pese a todo, se erigió en defensora de los derechos de los trabajadores y se arrogó el triunfo de la protesta, que forzó a un pacto de subidas en convenio sin precedentes. La patronal, por el contrario reconoció que se trataba de un convenio de máximos que pasaría factura, pero su firma acabó con dos semanas de huelga general.
Se trata de uno de los mejores convenios de España pero, según la patronal, resta competitividad
Nadie podía imaginar que en febrero de 2022 estallaría una guerra en Ucrania y se multiplicarían los costes de producción del sector industrial debido al incremento de los precios de las materias primas. Fue entonces cuando los empresarios gaditanos y Navantia en particular reconocieron que la inflación desbocada obligaba a reformular contratos y, sobre todo, a retocar acuerdos salariales suscritos con anterioridad.
Casi un año después del estallido de la guerra, en enero de 2023, los empresarios admitieron por escrito que la situación de tesorería y la falta de liquidez de las empresas en general estaban comprometiendo el cumplimiento del pago de los atrasos generados hasta el 31 de diciembre y la posterior subida del 2% en enero de 2023 como recoge el convenio. En esta misma circular, los empresarios alertaron de que se planteaban EREs y ERTEs debido a la imposibilidad de afrontar los pagos.
De nuevo esta Coordinadora, integrada por colectivos sociales y sindicatos minoritarios como CGT, Autonomía Obrera, CNT y el SAT, volvieron a hacerse oír en favor de la lucha obrera y del mantenimiento de un convenio digno en el Metal.
Por el contrario, patronal y sindicatos mayoritarios se desmarcaron de los anuncios de movilización y optaron por crear una mesa de trabajo para consensuar las bases del nuevo convenio del Metal, que entrará en vigor en 2024. Las partes se han marcado un año para lograr ese consenso y, de momento, parece que lo consiguen, sin embargo, la Coordinadora sigue con sus proclamas en favor de la lucha obrera y de la dignidad de los trabajadores.
El sector del Metal agrupa en Cádiz a 29.000 trabajadores y a 5.600 empresas. Navantia es la tractora del sector naval, pero el Metal no solo son astilleros y su industria auxiliar. También integra a talleres de automoción, carpintería metálica....
Ruido de fondo
No obstante, el ruido de fondo siempre viene del mismo sitio: la industria auxiliar naval y quienes amplifican su eco son los más radicales. El último episodio que vive la Bahía de Cádiz a cuenta del sector del Metal lo encontramos en el astillero de Cádiz, donde una de sus subcontratas, Mecamensol, ha despedido a cuatro trabajadores por asumir el astillero labores de mantenimiento que hacía esta subcontrata. Este despido provocó hace dos semanas un paro general de las tres factorías en solidaridad con los afectados, sin embargo, la Coordinadora de Trabajadores del Metal subió varios peldaños y continuó con las movilizaciones reclamando la readmisión de los despedidos. Miembros de esta Coordinadora montaron piquetes en la puerta del astillero de Cádiz y anunciaron una huelga indefinida en la industria auxiliar de esta factoría a partir del 17 de julio. De nuevo, patronal y sindicatos mayoritarios criticaron esta medida y se desmarcaron.
La situación llevó a UGT a realizar un sondeo por las plantillas de estas subcontratas y el 86% de sus trabajadores votó el jueves en contra de esta huelga. Pese a todo, la Coordinadora siguió en su empeño y el viernes reafirmó su posición de «sí» a la huelga durante la mediación en el SERCLA.
¿Quién está detrás de esta Coordinadora? La Coordinadora es un movimiento que surgió durante la última crisis naval de la provincia (2013-2016) agrupando a los parados que dejaba la falta de encargos en Navantia. Está vinculada directamente con la Confluencia Sindical, otro movimiento de extrema izquierda que ha agrupado a los sindicatos minoritarios (CGT, Ustea, CNT, AO y SAT) y que buscan su espacio como alternativa a los sindicatos tradicionales: UGT y CC OO. Tanto la Coordinadora como la Confluencia pilotan las manifestaciones más duras de la Bahía.
El anuncio de huelga indefinida entre las empresas auxiliares del astillero de Cádiz ha puesto en jaque durante dos semanas al sector. Según la patronal, es «ilegal» y, según los sindicatos mayoritarios, un «despropósito». Unos y otros coinciden en señalar que la representación de la Coordinadora en el sector es mínima y los argumentos que plantean para convocar un paro indefinido van, según patronal y sindicatos, contra la normativa.
El mero hecho de anunciar la convocatoria de una huelga en la industria auxiliar del astillero de Cádiz ha tenido unas consecuencias letales para la Bahía de Cádiz. En menos de 48 horas cuatro armadores rescindieron el contrato con Navantia para reparar sus barcos en Cádiz. Se trata de tres gaseros y un porta-contenedores que tenían reserva de dique hasta octubre. Con esta medida, el astillero gaditano perdía su carga civil.
La segunda consecuencia que ha traído el anuncio de huelga y la cancelación de los cuatro contratos de los barcos ha venido de la mano de la propia industria auxiliar. Dos subcontratas han suspendido el contrato de 74 trabajadores ante la inactividad que ha generado en el astillero la cancelación de la obra de los barcos.
El futuro se antoja complicado ahora para el astillero que más actividad tenía y también más carga de trabajo asegurada en el tiempo. La patronal destaca que «no todo vale» en esta lucha de intereses.
La Coordinadora decidió ayer sábado recular y desconvocar la huelga indefinida, pero el daño ya estaba hecho.
Las acciones de protesta de la CTM son muy conocidas en la Bahía. En agosto de 2020 protagonizaron una acampada simbólica en las puertas del astillero de Puerto Real que se saldó con dos semanas de conflicto laboral. Representantes de la Coordinadora y simpatizantes no permitieron el acceso a las instalaciones de las plantillas de la industria auxiliar. Igualmente fueron notorias sus acciones de protesta, muy virulentas, en noviembre de 2021 a cuenta de la negociación del convenio colectivo vigente.
La última hazaña de la Coordinadora tuvo lugar el pasado domingo durante el mitin que protagonizó en la plaza de la Catedral, en Cádiz, la ministra de Trabajo y candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz. Miembros de este colectivo irrumpieron en el acto en un intento de boicotear el discurso de la ministra.
