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Los juzgados de Barbate vuelven a estar con un juez menos y las causas siguen prescribiendo: «No hay tiempo ni para registrarlas»
La jueza de refuerzo continúa pero ahora se está encargando de sustituir la plaza de la titular que está de baja desde hace más de un mes
Hay asuntos pendientes de juicio desde hace más de una década
El CGPJ aprueba el refuerzo de una nueva jueza en Barbate
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Cuando ocurrió el trágico episodio de Barbate en el que dos guardias civiles eran asesinados por la embestida de unos narcos y sus compañeros también resultaban heridos y muy afectados, el nombre de la localidad jandeña transcendía por todos lados. Se comenzaba a hablar acerca de muchas deficiencias y necesidades que había que arreglar, como, entre otras, la de sus juzgados, un déficit antiquísimo pero que tras ese dramático momento encontró una mayor repercusión. Tanta como para que todas las autoridades competentes en la materia escucharan y se refirieran, de una u otra forma, a esas demandas tan solicitadas desde hace mucho tiempo.
De esta forma, plataformas de jueces, políticos y desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se reclamó que se solucionaran estas carencias que hablaban de «carga insostenible» y de decenas de procedimientos relacionados con el narco atascados que terminaban minimizando sus condenas o incluso prescribiéndolas. Algo que ya aquí en la provincia se conocía y se había denunciado en multitud de ocasiones.
Pero fue en ese momento, en abril, cuando el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, acudía a Cádiz a la celebración de una Comisión Permanente del órgano con el objetivo de «ayudar». «Los jueces de aquí tienen un nivel de trabajo que supera la media exigible», aseguraba.
Así, ese 18 de abril, la Comisión Permanente acordaba una medida de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate, consistente en la adscripción de una jueza sustituta. «El objetivo de la medida es reforzar la jurisdicción penal en esos órganos -el número 1 es el que instruye la causa por la muerte de dos guardias civiles- y agilizar el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del TSJA. La medida de apoyo, que cuenta con la preceptiva autorización económica del Ministerio de Justicia, se acuerda por un plazo de seis meses, renovables, desde la incorporación de la comisionada», se informó en un comunicado.
Pero esta medida, que sigue siendo efectiva, no está siendo realmente un hecho en estos momentos. Según ha podido saber este periódico, de nuevo, los juzgados de Barbate se encuentran con dos jueces y los mismos funcionarios que antes del trágico 9 de febrero, un número que, por cierto, nunca se incrementó.
La jueza del número 2 está de baja de larga duración desde hace más de un mes y dicha baja no ha sido sustituida. La jueza que se puso de refuerzo es quien está asumiendo su trabajo. Por tanto, se está encargando de todas las causas de este juzgado -el 2- y, además, de la mitad de otros asuntos del 1 que le correspondía por haber sido comisionada para este fin.
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La situación por tanto sigue sin mejorar. Cuestionados a este respecto, fuentes del TSJA han asegurado a LA VOZ que la sustitución se hará «lo antes posible», «en breve», en cuanto se apruebe la prórroga de esa comisión de servicio tras haberse aprobado en Comisión de Gobierno, según aclaran e insisten.
Pero, mientras, y como aseguran las fuentes consultadas, las causas siguen entrando en un cuello de botella que «no se arregla». Hay que tener en cuenta que estos juzgados son mixtos, es decir, que asumen procedimientos de todo tipo y no solo penales. Además tienen que atender a diario las causas que entran por guardia con detenidos y son urgentes. «Lo que deberían de plantearse es la necesidad de crear un juzgado entero nuevo con más plazas de funcionarios además de un juez y que todos puedan atender tal volumen de trabajo», advierten desde el sindicato CSIF.
La prueba de esta situación la aportaba la Inspección y un informe que se realizó para evaluar la situación de las sedes judiciales más pequeñas y afectadas por el volumen de trabajo que impone el narcotráfico. Según los datos recabados, dicha carga (civil y penal) supera en los partidos de Barbate, Sanlúcar y La Línea los indicadores establecidos por el CGPJ. La carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023. Además, el rendimiento general de estos juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.
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Y ¿cuáles son las consecuencias?. Pues por ejemplo que en el juzgado número 2 existen actualmente diligencias previas anteriores a 2012, es decir, se siguen sin llevar a juicio hechos que sucedieron hace más de una década. Además, hay procedimientos abreviados estancados de 2015. Todos ellos relacionados con el narco.
«Ni siquiera pueden incoar (inicio de los expedientes) lo que les va llegando nuevo a no ser que sean causas muy urgentes y que van por guardia», se alerta. Entre las de urgencia: violencia de género, familia... que, como en casi todos los partidos judiciales, entran muy a menudo y paraliza que ese juzgado pueda ese día y posteriores sacar adelante otra serie de tareas.
De esta forma la prescripción empieza a ser algo habitual. Sobre todo en delitos leves. «La instrucción es imposible acabarla en un año». Por ejemplo, y según las fuentes consultadas, está pasando con hurtos, robos con violencia, injurias, amenazas, lesiones, atentados a agentes... procedimientos que no están saliendo adelante por saturación y que finalmente se quedan sin instruir ni juzgar. «No se puede hacer nada porque no da tiempo ni a archivarlos...».
A todo ello se suma la complejidad que tienen las causas de narcotráfico y que ahora en localidades como Barbate o Sanlúcar se acumulan porque esta actividad delincuencial está más presente en su territorio. La causa de los dos agentes sí está en sus plazos de momento porque no es el juzgado afectado y tiene una especial relevancia. Pero otros asuntos de esa índole siguen atascados. Causas a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís o procedimientos sobre blanqueos que «no se pueden sacar adelante».
La gran cantidad de detenidos e investigados, la atención a los repetidos recursos que van poniendo sus defensas, las notificaciones a personas que quizá no pueden ni encontrarse por ausencias o desconocimiento de domicilios -muchos ciudadanos marroquíes-, los continuos señalamientos, autorizaciones, mandamientos... etc etc... para unos juzgados que están «colapsados» y que no atienden solo eso.
De ahí la continua rotación del personal y de fiscales o jueces que prefieren tener otros destinos, una circunstancia que, como ya se ha venido advirtiendo, también afecta al cumplimiento de plazos y de trabajo. «Es inhumano. La presión que tienen es insoportable. La mayoría son interinos que cuando llevan seis meses ahí y pueden se van».
De esta forma cuando las causas llegan a ser juzgadas han podido pasar doce, diez, ocho, siete, seis años... y las penas que se imponen se minimizan por los atenuantes de dilaciones indebidas. E incluso, en algunos casos se piden y logran nulidades por errores que se han cometido debido a esta «saturación».
Por su parte, desde la Fiscalía Antidroga de Cádiz se ha venido advirtiendo de forma repetida e insistente de estas deficiencias y alertan de que estos retrasos tienen consecuencias inevitables. Así, la sobrecarga, la complejidad de algunas instrucciones y los constantes cambios de funcionarios y jueces, siguen lastrando su resolución y aminorando los castigos penales a los narcotraficantes.
