La Junta prevé vender los primeros edificios para sufragar parte del plan de infraestructuras judiciales

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía venderá los primeros cuatro edificios judiciales que van a quedar en desuso al ser sustituidos por nuevas sedes judiciales. Los cuatro inmuebles que se pondrán a la venta son el centro de internamiento de menores infractores San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga), el centro de la misma tipología San Miguel en Granada, la que fuera sede judicial de Marchena, en Sevilla, y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones.

Los ingresos obtenidos con estas ventas irán destinados al plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023/2030), en el que la Administración andaluza calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Con la venta de patrimonio judicial en desuso, la Consejería de José Antonio Nieto espera lograr hasta 185 millones de euros, «cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios».

Los 185 millones de euros como parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad (156 edificios) es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023-2030). Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la «mínima expresión» de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler.

Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada --recursos propios de la Junta--; y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido esta semana por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz, en la que pedía «confianza» a la oposición.

«No nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible», sostenía el consejero de Justicia, que animaba a la oposición, especialmente al PSOE, a «sumarse al plan y dejar de estar en las excusas». El plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas --se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, que ya cuenta con un edificio en funcionamiento en Palmas Altas--; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales, así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones.