Juicio a treinta acusados por narcotráfico en Cádiz: la Audiencia se queda pequeña

La Audiencia de Cádiz volvía a acoger este miércoles un juicio a unos acusados por narcotráfico. Por haber intentado meter varios alijos de hachís a través de la costa gaditana y haber sido pillados o procesados por ello. La vista finalmente ha sido suspendida por la ausencia justificada por enfermedad de dos letrados y de otro procesado que no se ha presentado, pero simplemente su preparación ha dejado claro que la sala donde se iba a celebrar se quedaba pequeña.

Ante tal número de acusados, más la veintena de abogados que les acompañan, la sala elegida era la de vistas 3, donde normalmente se celebran los juicios con jurado y es la más amplia. Aún así tenía que adaptarse para la ocasión y los procesados eran llamados uno a uno para que se sentaran en la zona que habitualmente ocupa el público. Unos al lado de otros. Pegados. En las bancadas también tenían que situarse los policías que custodian y que en este caso vigilaban a los cinco acusados que sí venían de prisión.

La causa, que juzgará la Sala Primera de la Audiencia, ya se suspendió en octubre y, ahora, más de medio año después, tendrá que ser señalada otra vez de nuevo.

Los hechos se remontan a hace cinco años, 2019. Cuando en la madrugada del 27 de marzo la Guardia Civil intervino una embarcación cargada de droga por la zona de río Barbate. Algunos de los participantes fueron detenidos en ese momento mientras que otros fueron posteriormente localizados y también arrestados. En el marco de esta investigación se autorizaron registros. Uno de ellos en el domicilio de uno de los procesados en la Barca de Vejer donde se encontraron 65 fardos de hachís, más de dos toneladas de sustancia. Además también se decomisaron todoterrenos que figuraban como sustraídos. Según la Guardia Civil, esta red contaba con un «perfecto conocimiento» de la zona y con contactos en numerosas zonas sensibles de la comarca de La Janda.

La operación, desarrollada e investigada por la Guardia Civil, tuvo una segunda fase. Y en abril de 2019 parte de los acusados hicieron, según la acusación, otro alijo a través del puerto de Sancti Petri. Se les intervino una embarcación recreativa y unos 300 kilos de droga. En esa ocasión también se arrestó a un grupo que presuntamente hacía a la organización labores de vigilancia (puntos).

La Fiscalía acusa a los encartados de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal. Dependiendo del grado de implicación el Ministerio Público solicita para ellos penas que van de 6 años y nueve meses, 5 años y 3 meses, 4 y medio a 15 meses de prisión a los procesados por grupo criminal.