VIOLENCIA MACHISTA
Investigan al diputado sevillano de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante por malos tratos a su mujer
La pareja del también líder provincial del PCA en Sevilla lo denuncia por agresiones físicas, coacciones, amenazas y maltrato a uno de sus hijos; la pareja residía en Écija
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija se ha inhibido del asunto en favor del Tribunal Supremo al tratarse de una persona aforada, sin haber resuelto la orden de alejamiento solicitada
IU echa al diputado Bustamante tras ser denunciado por su mujer por violencia machista
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La Justicia investiga a Miguel Ángel Bustamante (IU), actual secretario político del Partido Comunista en Sevilla y parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, por un supuesto caso de violencia de género. Su mujer hasta unos meses y con quien residía en el municipio sevillano de Écija lo ha denunciando ante la Policía Nacional y ha llevado el caso a los tribunales por malos tratos físicos, coacciones, amenazas y revelación de secretos, al tiempo que le atribuye agresiones a uno de sus hijos, que tiene ocho años. La pareja tiene otro niño de cuatro años.
La relación entre el dirigente provincial del Partido Comunista y su pareja, de nacionalidad belga, se inició hace más de una década. Hace unos cuatro meses se produjo la separación de hecho del matrimonio y ella ha iniciado los trámites del divorcio.
La situación se hizo insostenible para la mujer y se puso en manos de una abogada para denunciar los presuntos episodios de malos tratos, que se venían repitiendo desde hace unos cuatro años, ante la Policía Nacional. Existe un atestado de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de fecha de 24 de octubre, según ha podido conocer este periódico.
ABC se ha puesto en contacto con Miguel Ángel Bustamante quien afirma desconocer que haya algún tipo de denuncia y que, «en ningún caso han existido malos tratos». Sí reconoce encontrarse en un proceso de divorcio «civil y espero que civilizado» pero señala que es la primera información que tiene sobre una posible denuncia y que no se la ha notificado. «El sorprendente que lo tenga ABC sin que se me notifique», ha indicado.
Sin orden de protección
El asunto recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija. Ayer, a petición de la abogada de la mujer, se iba a celebrar en dicho órgano judicial la vista para solicitar una orden de alejamiento como medida preventiva de protección en base al artículo 544 TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece en su punto 1: «El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo».
La denunciante confiaba en que el juzgado adoptara alguna si bien la titular del juzgado instructor, atendiendo a la condición de aforado de Bustamante, como parlamentario por Sevilla de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha dictado un auto, al que ha tenido acceso este periódico, por el que se inhibe del asunto en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ahora deberá ordenar el suplicatorio a las Cortes Generales para proceder a investigar penalmente a este político de la formación morada.
Según ha podido saber este periódico, dicho auto será recurrido por la abogada de la denunciante, Rosario Serrano, al considerar que se vulnera dicho artículo 544 TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De Écija al Supremo
En su punto 3, este artículo recoge que «la orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el juez ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente».
En este caso, la juez de Écija ha decidido inhibirse del caso antes de resolver, por lo que la condición de aforado de Bustamante ha jugado a su favor. Además, el artículo indica que la audiencia para decidir medidas preventivas ha de celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la presentación de la solicitud, que se cumplen el viernes por la tarde.
Hasta entonces los tribunales tendrían para resolver, aunque desde el entorno se desconfía en que el Supremo, con requisitorio al Congreso de por medio, decida sobre esta cuestión.
Parte médico
Miguel Ángel Bustamante, nacido en Écija hace 38 años, y su pareja tenían la vivienda familiar en el municipio sevillano, donde su padre fue concejal por la formación de izquierdas. Este maestro y la que era su mujer tienen dos niños, de ocho y cuatro años.
La mujer, tras llevar cuatro años sufriendo presuntos malos tratos, decidió acudir a la Policía Nacional de Écija para denunciar que estaba siendo víctima de un episodio de violencia de género, con malos tratos físicos y psíquicos, además de «una violencia económica», pues, según ha podido conocer este periódico, el dirigente provincial del Partido Comunista le echaba en cara a su pareja que el coche y la casa eran suyos. Además, desde que se separaron de hecho, hace unos cuatro meses, no le ha pasado compensación económica alguna.
La mujer no sólo denuncia agresiones físicas contra ella, de las que existen un parte médico por lesiones en el labio, sino que también ha puesto en conocimiento policial y judicial las presuntas agresiones a uno de sus hijos, el de ocho años.