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La Inspección declara la guerra a las parcelaciones ilegales en Cádiz: más precintos que en toda Andalucía
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La provincia gaditana es donde más intentos de edificaciones irregulares hay de toda la comunidad por lo que la Junta ha intensificado los controles y en seis meses ha 'cerrado' en la provincia 386 lotes o subparcelas de suelo rústico
Las operaciones para paralizar estas casas ilegales se han dado en Chiclana, Barbate, La Línea, Paterna, Sanlúcar, San Roque y El Palmar
La Fiscalía de Cádiz investiga a los ayuntamientos que no denuncian las viviendas ilegales de sus municipios
El fenómeno del urbanismo ilegal en Cádiz ha vuelto a sufrir un repunte en la provincia en los últimos años. Pero también el control que existe sobre él. La Junta de Andalucía junto a otras instituciones como la Fiscalía y las diferentes fuerzas de orden público se han propuesto poner coto, límite, a este tipo de construcciones que se levantan sin permiso en lugares y zonas donde no se puede construir e, incluso, pueden suponer un peligro para sus ocupantes y para el medio ambiente.
Y aunque esta práctica afecta a todo el territorio andaluz, el Servicio de Inspección de la Junta ha detectado que se está viviendo con mayor intensidad en la parte occidental de Andalucía. En especial, estas parcelaciones urbanísticas en suelo rústico predominan en las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz.
Como indican desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a LA VOZ, Cádiz es la provincia con «mayor tensión urbanística de Andalucía y en la que más predomina el fenómeno de las parcelaciones urbanísticas ilegales en la actualidad, por lo que una parte importante del trabajo de la Inspección autonómica se desarrolla en esta provincia».
Según detallan, es igualmente donde la Inspección autonómica ha detectado un mayor índice de parcelaciones ilegales en curso de ejecución, por lo que ha «redoblado los esfuerzos» para paralizarlas.
Así, las operaciones de precinto más importantes efectuadas durante este año han sido las siguientes: Del 17 al 19 de junio, en La Línea de la Concepción se precintaron 120 lotes o subparcelas de suelo rústico. Ese mismo 19 de junio, en Chiclana, se precintaron otros trece lotes. Al día siguiente, en Paterna de Rivera se 'cerraron' 32 lotes.
A los días, el 25 de junio, en Zahora, en Barbate, se activó otra intervención y se precintaron 20 lotes. El 4 de julio en la zona fluvial de la Ribera de la Oliva, en Barbate, se intervino en otros 14 lotes.
Ya a finales de mes, el 23 de julio, se precintaron otras 14 parcelaciones en Chiclana. Y en septiembre, de nuevo en Chiclana, la Inspección inició durante 2024 un total de seis expedientes de protección de la legalidad territorial en este término municipal. Estas seis parcelaciones estaban compuestas por 62 lotes. Por otro lado, entre el 22 y el 23 la Inspección echó el cierre a otros 60 lotes.
Precintadas dos veces
Además, y como se indica desde la Consejería, se realizaron importantes operativos para comprobar que los precintos efectuados en operaciones anteriores se estaban respetando por los propietarios afectados por estas órdenes de suspensión. Destacan, a este respecto, operativos como los llevados a cabo el 2 de julio en San Roque, en el que se efectuó el reprecinto de 89 parcelas precintadas en operativo anterior, o el efectuado el 15 de julio en el Palmar, de Vejer de la Frontera, en el que se reprecintaron 95 edificaciones.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, valora a LA VOZ la labor de inspección que está haciendo el Gobierno andaluz para restablecer la legalidad urbanística. «Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno hemos dado un giro de 180 grados a la labor inspectora, con el firme objetivo de que nadie se salte la ley y nadie construya donde no puede hacerlo. Este trabajo, que comenzó con los cambios legislativos impulsados con la LISTA, está dando sus frutos partiendo de una política de prevención y de precintos. No hay mejor forma de poner freno a las viviendas ilegales sobre suelo rústico que reaccionar con agilidad y paralizar la infracción en el mismo momento en el que se comete», afirma la consejera.
«Nuestro objetivo es que nadie se salte la ley y que nadie construya donde no puede hacerlo», afirma la consejera
En este sentido, añade: «Estamos actuando en toda Andalucía, redoblando los esfuerzos en aquellos territorios donde se ha comprobado que hay más intentos de construir parcelaciones sobre suelo rústico, como es el caso de la provincia de Cádiz. Un trabajo que desarrolla la Inspección de la Junta y que requiere de la «leal colaboración» de otras administraciones, como el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y, por supuesto, de los ayuntamientos, que son los que mejor conocen sus territorios», concluye Rocío Díaz.
Nueva posibilidad normativa
Desde hace años, uno de los grandes retos del urbanismo andaluz ha sido poner fin al fenómeno de la indisciplina urbanística -sobre todo- en suelo rústico. Y esta clase de parcelaciones al margen de la ley están tipificadas en la nueva ley, LISTA, y el reglamento que ésta incorpora como infracciones territoriales y urbanísticas de carácter muy grave debido a su impacto sobre el territorio y a las importantes consecuencias sociales y ambientales que producen (contaminación y agotamiento de acuíferos; urbanización de suelos protegidos o preservados; problemas de seguridad y salubridad; dificultades para el desarrollo futuro de las ciudades, etc).
La lucha contra las parcelaciones ilegales constituye, por ello para la administración autonómica, «una de las líneas prioritarias de intervención» del actual Plan General de Inspección Territorial y Urbanística de la Comunidad Autónoma, aprobado con fecha 31 de agosto de 2023 (BOJA de 6 de septiembre de 2023) por la Consejería de Fomento. Para garantizar una mayor eficacia de las actuaciones inspectoras, establece el Plan que se priorizará la intervención frente a actuaciones incipientes, paralizando las infracciones desde el primer momento de su comisión.
Hay que tener en cuenta, además, que la construcción sin licencia urbanística en suelo rústico además de infracción administrativa puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo, por lo que los responsables además de quedar sujetos a procedimientos administrativos en materia de disciplina territorial y urbanística pueden estar incurriendo en responsabilidades penales. En este sentido, existe «plena coordinación» entre la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía y la red de fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo en Andalucía.
En este caso, y tal y como ya publicó este periódico, la Fiscalía de Cádiz está recibiendo todos esos expedientes que le envían el Servicio de Inspección para evaluarlos y ver la responsabilidad penal de los propietarios. Además, también reciben otras denuncias que se investigan del mismo modo. En este sentido y para poder mantener este control, los ayuntamientos están obligados a informar sobre cualquier irregularidad de parcelaciones ilegales en sus demarcaciones. Sin embargo, no todos lo están haciendo por lo que la Fiscalía mantiene abierta una investigación al respecto.
Por otro lado, y en cumplimiento del Plan General de Inspección Territorial y Urbanística, la Inspección autonómica, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en especial Seprona de la Guardia Civil y Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, ha llevado a cabo en los últimos meses un «plan de choque» que ha tenido por objeto la suspensión del uso y el precinto en cientos de edificaciones ilegales y parcelas en el marco de nuevas parcelaciones ilegales en suelo rústico. De esta forma, solo durante los meses de junio y julio se realizaron actuaciones de precinto y suspensión de obras en torno a 300 parcelas y edificaciones ilegales, impidiendo su uso y la continuación de obras sin licencia.
Prevención y avisos antes que el derribo
Tal y como informan desde la Consejería, en los últimos años, la Inspección autonómica ha rediseñado su estrategia y centrado su actuación en el principio de «intervención preventiva». Según destacan, así se persigue «una rápida actuación para paralizar las infracciones desde el inicio». Para ello, ha redoblado la presencia del personal inspector en el territorio, y las actuaciones de precinto y suspensión de obras en ejecución.
De esta forma, en el actual Plan General de Inspección Territorial y urbanística establece de forma clara que para la inspección autonómica «serán prioritarias aquellas actuaciones preventivas o cautelares de procesos en curso o recientemente terminados».
Como también indican desde la Fiscalía, esta forma de actuar redunda en una mayor eficacia de la inspección, ya que «una rápida respuesta evita la consumación del daño ambiental y territorial que producen las edificaciones ilegales en suelo rústico, al mismo tiempo que facilita las labores de reposición de la realidad física alterada y favorece la autodemolición».
De esta forma, la inspección autonómica ha pasado de no precintar ninguna edificación en el año 2018, a precintar casi 500 edificaciones y parcelas ilegales en 2024.
