ELECCIONES EUROPEAS 2024
¿Qué influencia tienen las elecciones europeas en la provincia de Cádiz?
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Muchos son los sectores que dependen de forma directa de las decisiones que se toman en el seno comunitario
La desmovilización, el gran temor de las elecciones europeas
Este domingo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, una cita que se repite cada cinco años y donde tienen derecho al voto los ciudadanos de los 27 estados miembros que componen en la actualidad la Unión Europea.
España aporta a esta cámara 61 eurodiputados, que se adherirán a los distintos grupos parlamentarios en función de la familia política a la que pertenezcan. Es decir, los españoles votarán a los partidos nacionales y sus representantes electos se unirán a sus homólogos europeos de cada país.
Estos comicios no son ajenos a la provincia de Cádiz y los candidatos y sus respectivas formaciones se están volcando, puesto que es habitual, según se refleja en los datos de la serie histórica, que la abstención sea mucho mayor que en otras elecciones como puedan ser las municipales, las autonómicas y especialmente las generales.
Directamente, muchos representantes públicos han expresado durante la campaña que creen que una parte importante de la población desconoce que haya elecciones este domingo, por lo que redoblan esfuerzos para intentar movilizar a afiliados y simpatizantes de cada partido.
Esa es la primera premisa y, para intentar cumplirla, las formaciones buscan elementos determinantes que hagan reaccionar a sus posibles votantes, muchas de ellas en clave nacional, ya que suelen tener mayor tirón. Europa es la máxima autoridad supranacional a nivel legislativo, judicial y ejecutivo y como tal, los diferentes partidos entienden como una necesidad el hecho de lograr cuantos más apoyos posibles.
Por las características geográficas de Cádiz, muchas de las competencias de la Unión Europea tienen una influencia directa en el día a día de sectores estratégicos para la provincia, por lo que el Parlamento resultante tras las elecciones y, por consiguiente, las decisiones que allí se adopten tendrán una importancia supina en el territorio.
La pesca, la agricultura, el desarrollo sostenible, el medioambiente, la migración, la digitalización o las inversiones vienen dictaminadas por las directrices comunitarias, por lo que desde suelo gaditano se seguirá con atención lo que ocurra en las urnas este domingo y los pasos que se vayan dando en las próximas semanas.
Pesca
La actividad pesquera que se lleva a cabo en el Golfo de Cádiz es de las más importantes a nivel nacional y europeo debido a la riqueza de su diversidad marina. Simplemente resulta imposible desligar la provincia de la pesca porque la tradición va en sus mismos orígenes.
Y en este sector, las capturas no se pueden hacer libremente, sino que vienen dictaminadas por las cuotas de pesca que impone la Unión Europea, estableciendo unas cantidades máximas que los barcos pueden coger por una cuestión de sostenibilidad.
Sin embargo, el celo de los totales admisibles de captura, que se imponen año a año aunque ahora se pretende que se haga con carácter bianual, genera aspereza y reticencia en los puertos, puesto que entienden que en determinados casos las decisiones son arbitrarias y ponen en riesgo la supervivencia de los negocios.
Los pescadores apoyan y comparten la necesidad de tomar medidas que aseguren la pervivencia del medio que les permite subsistir, pero creen que algunas ideas son magníficas sobre el papel pero inviables a día de hoy. Por ejemplo, el caso de la descarbonización, que implicaría una inversión millonaria y tener barcos de una capacidad mucho mayor para almacenar otras fuentes de energía como el hidrógeno, algo que chocaría frontalmente con la actual legislación comunitaria.
Agricultura
Si el campo se ha echado a la calle en los últimos meses, en buena medida ha sido por la Política Agraria Común (PAC), la normativa por la que han de regirse las actividades agrarias que se llevan a cabo en los 27 países de la Unión Europea.
Al encarecimiento generalizado de todos los productos de base, de la energía o el combustible, se une una normativa que, exponen, es excesivamente rigurosa y genera unos compromisos que se traducen en mayor número de gastos, como los derivados del aumento de burocracia.
Se quejan de que las leyes comunitarias son demasiado genéricas y no se adaptan a las circunstancias propias de cada campo, lo que complica la rentabilidad de muchos pequeños agricultores y ganaderos que empiezan el mes con un compromiso de gasto muy elevado.
Según la propia administración, la PAC vela por el «suministro de alimentos acorde a las exigencias de los consumidores, conservación del medioambiente y lucha contra el cambio climático, fijación de población y generación de empleo en el medio rural y generación directa e indirecta de trabajo en el sistema agroalimentario». Sin embargo, al igual que en la pesca, la gente del campo estima que la normativa está elaborada en los despachossin la necesaria perspectiva del que se calza las botas a diario y sabe los problemas a los que se enfrentan.
A todo ello hay que sumar los bajos precios que se pagan por la producción cosechada, lo que genera gran frustración. Pero tal vez lo que más molesta es la competencia desleal que se genera con las importaciones de terceros países de fuera de la Unión. Las asociaciones agrarias como COAG y ASAJA critican que los productores europeos tienen que cumplir a rajatabla con unas normas muy rígidas y garantistas, como las relativas al uso de pesticidas, y las frutas, carnes y verduras que llegan a España desde África o Latinoamérica, que no están sujetas a esa normativa, reciben un nivel de control muy inferior al de los productos continentales.
Migración
Los flujos migratorios son unos de los grandes caballos de batalla en Europa, puesto que la población de los países occidentales cada vez está más envejecida y la inmigración se hace más que necesaria para afrontar las demandas del mercado y la garantía de los sistemas de bienestar, como es el caso de las pensiones.
Ello, unido a la desesperación de quienes buscan escapar de la dura realidad de los países del tercer mundo, hacen que Cádiz se convierta en la puerta de entrada a España, y por ende al resto de países de Europa desde África.
La Unión Europea es la encargada de regular esos flujos y velar por que la inmigración se dé por los cauces legales, con la principal amenaza de las bandas organizadas que buscan hacer negocio de quienes arriesgan su vida por buscar un futuro mejor para su familia.
La institución comunitaria, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, asegura que las cifras de inmigración ilegal han caído exponencialmente en la última década, pasando de más de un millón en 2015 a las 27.700 que se registran hasta el momento en este 2024.
Acuerdo por Gibraltar
En otro orden distinto, el futuro acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar tendrá una enorme influencia en el Campo de Gibraltar, puesto que son miles las personas que diariamente se desplazan desde La Línea, que cifra esta cantidad en 11.000, y del resto de localidades al Peñón para trabajar.
El equilibrio fiscal, la eliminación de la verja o la vuelta al aeropuerto de vuelos comerciales con el resto de España son asuntos que están encima de la mesa y pese a que en cualquier caso la UE tendrá mucho que decir al respecto, en esta cuestión se prevé aún más decisiva la nueva composición del Parlamento Europeo, puesto que con la reciente convocatoria electoral en el Reino Unido para el 4 de julio, se ha pospuesto para después de esa fecha la negociación, que igualmente podría vivir un nuevo giro de guion en función de los resultados electorales que se den en las islas.
Inversiones e infraestructuras
Otro aspecto en el que la Unión Europea tiene un peso específico importantísimo es en la inversión, siendo los fondos europeos un sostén imprescindible para llevar a cabo proyectos que de otra forma serían inviables para muchas administraciones, especialmente para las más pequeñas, los ayuntamientos.
Tras la pandemia, en una situación crítica ante una problemática nunca antes vivida en la Europa moderna, la Unión desplegó un paquete de medidas con unos fondos que sirvieron de balón de oxígeno tanto para las administraciones públicas como para algunas privadas. Tanto es así, que una de las grandes discusiones políticas surgidas durante este tiempo es el mayor o menor grado de ejecución que han sido capaces de llevar determinadas administraciones con estos fondos. En algunos casos, los dirigentes que han dejado 'marchar' el maná europeo se han escudado en la falta de margen para poner las iniciativas en pie, además con recientes elecciones a todos los niveles, y en otros casos porque ello requería también una inversión propia.
A los casi 70.000 millones aprobados de los fondos Next Generation en 2021, el pasado año se le unieron 93.500 más, con la firme intención de que la economía española se asiente y la generación de empleo permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde el punto de vista de la provincia, se puede decir sin tapujos que los fondos europeos son indispensables para el crecimiento de los municipios gaditanos, tal y como se puede contemplar en los diferentes planes impulsados en las últimas décadas. A través de la Inversión Territorial Integrada, la ITI, se vertebran los desembolsos de acciones concretas que son financiadas gracias a fondos como los FEDER o el Fondo Social Europeo.
De hecho, la Diputación de Cádiz cuenta con una Oficina Provincial de Fondos Europeos que persigue que este instrumento que brinda la Unión Europea sirva para el «desarrollo social, ambiental, digital y económico de la provincia», reza en su propia web.
Pero la manera de ver más fácilmente el impacto directo de estas inversiones es contemplando actuaciones concretas en los localidades, razón por la que este mismo mes se van a celebrar unas jornadas de Fondos Europeos en El Puerto y Chiclana, en cuya presentación, los alcaldes Germán Beardo y José María Román hablaron de todo cuanto han hecho con este dinero de Europa. El regidor portuense citó la modernización de su administración local, la rehabilitación de varios edificios históricos o el paseo fluvial del Guadalete, una de sus últimas obras, mientras que en Chiclana, su homólogo destacó que con dichas partidas habían instalado ascensores para beneficio de 200 familias, han construido un hub tecnológico o el intercambiador de transportes, entre otras cosas.
