La huelga de los letrados de justicia suspende en Cádiz ya más de 2.500 juicios

Complicado. Muy complicado se está poniendo el panorama en los juzgados de toda España y en concreto de la provincia de Cádiz que ya venía arrastrando otra serie de deficiencias y retrasos desde hace años. La huelga de los letrados de la Administración de la Justicia (LAJ), antiguos secretarios judiciales, está cayendo como una losa en las dependencias gaditanas y, en consecuencia, sobre los ciudadanos que recurren a ellas y también sobre los profesionales que trabajan en este servicio público tan esencial.

Así, cuando se está a punto de cumplir los dos meses de paro de estos operadores sus efectos van engordando como si fuera una bola de nieve, acumulando cada vez más piedras en el camino, más problemas, como cuentan quienes están implicados de una y otra manera en esta situación.

Para hacerse una idea, solo en la provincia de Cádiz por el hecho de que estos profesionales hayan parado su actividad se han suspendido ya más de 2.500 juicios, vistas que en muchos de los casos y dependiendo de la especialidad, estaban señalados desde hace meses, e incluso años.

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Además hay unas 4.000 demandas pendientes de repartir, notificaciones que también están a la espera aunque incluso se hicieran antes, lanzamientos, ejecuciones, embargos... y nada menos que 25 millones de euros en los depósitos también pendientes de ser entregados a quien corresponda porque ganó en los tribunales una indemnización, una incapacidad reconocida, una reclamación de cantidad, divorcios... cualquier pago que con sentencia o resolución está parado.

Como ejemplo una situación real, como las muchas que se está dando en Cádiz capital con bastante asiduidad en los últimos meses. Ciudadanos que son víctimas de una okupación y piden y se autoriza el desahucio de esos okupas. Sin embargo, en el juzgado que les toca el letrado está de huelga, por lo tanto, no se podrá resolver ese trámite. Es decir, tendrá que esperar a poder recuperar su casa. Y como esta, cientos de necesidades más o menos urgentes de los ciudadanos, que no están siendo resueltas.

«Está encallado. Nos ignoran», lamenta Miguel Ángel Bragado, delegado de los letrados de la Administración de la Justicia en Cádiz, refiriéndose al Gobierno. «Hubo una reunión hace dos semanas y se dio una declaración en la que se reconocía que habían llegado a un compromiso que no han cumplido». Dicho compromiso es estudiar y resolver la situación de estos profesionales que desde hace años están asumiendo tareas que antes hacían los jueces. Por ello piden una mejora retributiva ya que, como insisten, no se les está pagando por estas numerosas funciones que realizan desde 2015.

Por ello solicitan lo que ellos llaman una «cláusula de enganche» que ya tienen otros órganos como los fiscales. «Hemos hecho contraofertas incluso pero ni han contestado. Es una huelga que ha provocado el Ministerio de Justicia porque no cumplen con sus compromisos y tampoco quiere dialogar. Esperan que nos desgastemos y que volvamos por necesidad».

En este momento la huelga en Cádiz se está siguiendo a un 50 por ciento según los convocantes. «Hay compañeros que quieren pero no pueden porque estamos perdiendo nuestro sueldo. Hay otros que han pedido hasta préstamos para sumarse. Nosotros somos los primeros perjudicados. Y ya comienza a ser una cuestión de dignidad porque el Secretario de Estado nos ha llegado a insultar, a decir que estamos haciendo política o que somos unos privilegiados. Solo pedimos que las retribuciones de los letrados se vincule a la de los jueces, no señalamos la cantidad... esto se puede solucionar pero no quieren».

Y como testigos y también como afectados por este paro en la justicia se encuentran el resto de operadores. «Estamos de acuerdo que tienen derecho a la huelga y sus motivos pero el Ministerio les está ignorando», afirma José Blas Fernández, decano del Colegio de Graduados Sociales en Cádiz. «Y al final está siendo un daño irreparable para la justicia, un problema desorbitado. Lo estamos pasando muy mal. Si ya estábamos en Cádiz regular con retrasos ya graves, la pandemia, sedes asquerosas, la falta de espacio... ahora encima esto».

Y esto son muchas situaciones como por ejemplo la que él mismo como profesional vivió hace unos días. «Vino un cliente desde Mallorca por un juicio que tenía señalado aquí desde hace tiempo. Viajó en avión, llegó y cuando fuimos al juzgado la vista se había suspendido y señalado para más adelante por lo que encima tendrá que volver. ¿Cuánto cuesta eso? ¿quién se lo paga?». Pero además alerta de otro efecto que les afecta directamente a ellos y a todos los profesionales que realizan funciones judiciales. «No estamos cobrando. Si no celebramos, si no resolvemos trámites, no nos recibimos nuestros honorarios».

También el representante de los graduados gaditanos advierte de otra cuestión ya inaplazable, los retrasos. «Por ejemplo, juicios rápidos que antes se estaban señalando para dos o tres días, ahora ya son meses. Lo Social... pufff... imagina... si era 2025, cuando todo se ponga en marcha, pues para más tarde».

Y avisa de una cuestión que puede ser bastante peligrosa. «Ya hay empresas que se están aprovechando de estos retrasos porque saben que cuando se celebre el juicio por el despido o lo que sea quizá puedan ya acogerse a la insolvencia. Se está desprestigiando a la justicia».

«Impotencia». Es lo que dicen estar sintiendo los procuradores. Así lo expresa su decano en Cádiz, Óscar Alonso García. «Entendemos que la huelga es legal y legítima y que los letrados de la Administración de la Justicia por su categoría y competencia deben de estar bien remunerados, pero creo que este paro se está gestionando muy mal. Estamos en un callejón sin salida. El Ministerio a nivel presupuestario no llega y ellos han puesto en un punto sus reclamaciones que es difícil de que lleguen a un encuentro. No vemos evolución y nos sentimos... eso... impotentes», asegura el procurador.

Además, y como lamenta, esta situación está provocando una «inseguridad jurídica absoluta. Yo mañana por ejemplo tengo dos juicios y no tengo ni idea ni si se van a celebrar. Yo antes llegaba a mi despacho y me ponía con las tareas propias de un procurador y ahora lo primero que tengo que hacer a las nueve de la mañana es llamar a los juzgados para ver si por favor me pueden decir si se va a celebrar o no y así poder avisar a los clientes. Siempre intentamos avisar pero a veces es imposible», lamenta.

García Alonso también alerta de los perjuicios económicos que este paro les está ocasionando. «Si no hay sentencias, no se cobra», afirma tajante. Y además de los retrasos: «¿Cómo se va a administrar todo eso? Vamos a tener un serio problema cuando se levante esta huelga».

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Cádiz es contundente en su valoración. «Hasta hace cuatro días no se estaban ni pagando las pensiones alimenticias... estamos al borde del colapso», advierte. «Nos preocupa mucho el día después... cómo se va a solucionar. En lo Social ya se estaba señalando para 2025, ahora será más». E insiste: «Hay juzgados de la provincia que están ya muy agobiados, este colapso ya era muy grave y esto hará que no puedan avanzar. Además, los efectos económicos para estos profesionales está siendo el mismo. «Los abogados somos autónomos, si no podemos trabajar, no cobramos. Después de la pandemia esto ya ha sido la puntilla».

Por ello desde la Abogacía se reclama que el Ministerio haga un plan de choque y que «se sienten a negociar. Si fuera con los controladores aéreos no hubieran pasado estos dos meses». «La sensación que nos queda es que la justicia no le importa a este Gobierno. No entendemos la actitud del Ministerio. Es un servicio fundamental para cualquier ciudadano y así hay que atenderlo y cuidarlo siempre».

Se mira con recelo a la última noticia. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han retomado la negociación con el Ministerio que dirige Pilar Llop y suspendieron la manifestación prevista para ayer sábado frente a la sede del PSOE en Madrid durante la Ejecutiva Federal del partido, en el marco de la huelga indefinida que protagonizan desde el 24 de enero en busca de mejoras salariales.

Fuentes cercanas a la negociación han confirmado que se han reunido con la secretaria de Estado de Función Pública y el secretario general de Justicia. «Hoy ha sido el principio de la negociación y continuará el miércoles que viene», han apuntado las mismas fuentes.