Narcotráfico Cádiz
Guardias civiles piden la «revisión» del sistema judicial para evitar casos como el de la narcolancha de Barbate
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AUGC se felicita de que el juez haya ratificado la prisión para los dos últimos detenidos en este caso pero advierte de la necesidad de revisar el tratamiento procesal en los delitos graves contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
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Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han valorado de forma satisfactoria la decisión del juzgado número 1 de Barbate de ratificar la prisión provisional sin fianza para los dos últimos detenidos por haber provocado la muerte de dos agentes en el puerto barbateño el 9 de febrero cuando los arrollaron con una narcolancha. «Con esta ratificación se da un paso importante hacia el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables, aunque insistimos en que se deben revisar los protocolos judiciales para evitar que los detenidos por casos graves puedan eludir inicialmente la cárcel», aseguran.
«Llevamos años denunciando la falta de recursos y apoyo institucional que sufren los guardias civiles en su lucha contra el narcotráfico. Este caso es una prueba más de la necesidad de que las autoridades actúen con contundencia para garantizar no solo la seguridad de los agentes, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia», añaden en un comunicado.
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Los de La Línea y Sanlúcar, además de Barbate, siguen siendo los más afectados debido a la gran cantidad de procedimientos e instrucciones que tienen que asumir. Entre ambos registraron más de 10.000 asuntos en trámite en 2023
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Por otro lado, exigen «que se refuercen las medidas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, reclamando una revisión del tratamiento judicial de los delitos graves contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
«Desde AUGC, insistimos en que la lucha contra el narcotráfico no puede llevarse a cabo sin un compromiso claro y decidido por parte de las instituciones. Es fundamental dotar a los agentes de los recursos necesarios. La actuación de las mafias dedicadas al tráfico de drogas en zonas como estas supone un desafío constante para las fuerzas de seguridad, que a menudo trabajan en condiciones de riesgo extremo y con recursos limitados, sin ser reconocidos como profesión de riesgo».
