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Funcionarios de prisiones, años en el limbo político: «Necesitamos estar más protegidos»
Los trabajadores de las cárceles piden ser reconocidos agentes de la autoridad como policías, guardias civiles y otros profesionales pero la ley se estanca una y otra vez en el Congreso y acumula hasta 18 enmiendas en el Senado
Cádiz es la provincia donde más población reclusa existe con más de 3.000 internos y con centros, como Puerto III, que sufre el mayor número de agresiones de toda España
Funcionarios de prisiones en las cárceles: «A algunos aquí ya les sale gratis matarnos»
Puerto III, la prisión con mayor número de agresiones a funcionarios de todo el país
Cuesta ponerse en el pellejo de una persona que se dedica a vigilar, controlar y atender a gente que se encuentra en prisión por cometer determinados delitos y que ha sido privado de libertad por ello. Es difícil imaginar el escenario y sobre todo los contextos y las circunstancias que van cambiando según sea la situación y el comportamiento de dicho recluso o reclusa.
Pero lo que sí se puede comprender fácilmente es que es un trabajo que implica determinados riesgos; algunos, ya son directamente asumidos en esta profesión; pero otros, pueden ser prevenidos y tratados como tales de manera legal y oficial. Y en ello se basa la ya sempiterna petición de los funcionarios de prisiones de ser reconocidos como agente de la autoridad; una consideración que no tienen actualmente por ley y que, como insisten, les daría cierta protección ante la justicia en el caso de ser agredidos o amenazados, algo que pasa a diario en las cárceles españolas. Esta 'calificación' sí la tienen policías, guardias civiles y otras fuerzas de seguridad. Pero ellos no.
Según datos ofrecidos por Instituciones Penitenciarias, el año pasado hubo 508 agresiones a funcionarios en los centros de España. Es decir, más de un ataque diario, uno cada 17 horas, un 12 por ciento más que en 2022 y un 126 por ciento más que hace cinco años.
Y de todas las prisiones, Puerto III- la de mayor población reclusa del país, con 1.300 internos- fue la que acumuló el nivel más alto de ataques, con 16 casos con lesiones leves y once agresiones sin lesiones (27). Unas cifras en las que hay que tener en cuenta que sólo se computan las físicas, ya que no se incluyen los ataques verbales, las coacciones o las amenazas.
Y en esta situación, los sindicatos de los funcionarios de prisiones llevan años solicitando poder ser agentes de la autoridad. Por un lado, les permitiría tener una mayor protección judicial ante cualquier agresión ya que el ataque sería considerado un delito de atentado y no una simple lesión como ocurre en la actualidad en la mayoría de las ocasiones. En ese sentido, también implicaría la resistencia del reo si esta se produjera.
Por otro lado, y como aseguran, esta calificación serviría además para darles una mayor autoridad ante los reclusos debido a esta consideración que les haría enfrentarse a un delito al margen de los expedientes disciplinarios protocolarios.
El año pasado se dieron en España 508 agresiones en las cárceles, más de una diaria, una cada 17 horas
De este modo se lo han demandado durante años a los diferentes partidos políticos a los que les han pedido un cambio en la ley que les incluya esta calificación. Recientemente, el Congreso aprobaba una moción llevada por el Partido Popular sobre este asunto. Con 295 votos a favor, 40 en contra y 11 abstenciones de los 346 emitidos, se daba luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. Presentada por el Grupo Popular lograba la adhesión de los diputados de PSOE, Vox, PNV, UPN y CC.
Sin embargo y como advierten, ya sobre esta misma materia hay más iniciativas pendientes, en trámite de aprobación, pero, ninguna ha terminado por salir adelante. Es más, una de ellas está ya sobre la mesa de la comisión de Interior a la espera de un informe. Otra, fue aprobada por el Senado pero ya se han presentado 18 ampliaciones de enmiendas en la Cámara Baja y no avanza. Según denunciaba recientemente el diputado nacional del PP por Cádiz, Ignacio Romaní, todas estas propuestas caen en el «congelador parlamentario» debido a que los socialistas están condicionados por contar con el apoyo de sus socios de Gobierno. Entre ellos, Bildu que ya ha mostrado su total disconformidad a que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad.
Es decir, para modificar la ley hay que hacer primero una propuesta y es lo que se ha hecho y ha sido aprobada, pero ésta debe ser tramitada y ratificada en una «Cámara que está paralizada».
«No hay acuerdo político y mientras nosotros seguimos en la misma situación», lamenta Ángel Luis Perea, portavoz de prisiones de CSIF Cádiz. «Estamos en mitad de un limbo, de una pelea y de verdad que no es tan difícil... al final los perjudicamos somos nosotros, la prueba son los 18 aplazamientos... 18». «Si hay que contar con determinados apoyos no saldrá nunca adelante», sin querer entrar en más consideraciones políticas.
El 'no' de Bildu
Pero a lo que se refiere el sindicalista es a la situación de que un partido tenga que depender de otros, como en el caso de Bildu o Ezquerra, que han mostrado en más de una ocasión su rechazo a la política penitenciaria en asuntos como la progresión de grado para condenados por terrorismo, decisiones sobre beneficios penitenciarios, o la catalogación de presos por este mismo asunto... etc.
«A nosotros los que nos importa es que se nos considere lo que somos. Ni en esta ni en la anterior legislatura han cumplido su palabra. Es un hecho, se dijo que se haría y se sigue sin dar continuidad al borrador de la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Penitenciaria. No hay más».
Mientras, la razón por la que persiguen ser agentes de la autoridad sigue intacta. «Para nosotros es importante que ante una agresión no haya lugar a equívocos. Que las agresiones sean consideradas así. No son lesiones sin más, son delitos contra agentes de la autoridad y por tanto atentado. Ahora un interno me da un puñetazo y un juez puede considerarlo una lesión como si me lo hubiera dado como ciudadano cualquiera en la calle. No es lo mismo y necesitamos de esa protección y cobertura», afirma Perea.
«Un interno me da un puñetazo y un juez lo puede considerar un delito de lesiones... como si me lo diera cualquiera en la calle»
Pero además, incluye un matiz «importante». «No solo hablamos de agresiones, también hay amenazas. 'Te voy a coger en la calle y verás...', 'Te voy a matar...', 'Sé donde vives con tu familia...' eso es diario en cualquier prisión». En este caso, como explica, se pueden abrir expedientes disciplinarios a esos reclusos que increpen o amenacen. Sin embargo, y como matiza el funcionario, «muchas veces de poco sirve».
Un ejemplo para entenderlo: Una persona que ya es conflictiva y está en un módulo de aislamiento como puede ser el 15 en Puerto III puede abrírsele un expediente y 'apartarlo' como castigo. Sin embargo, este preso ya se encuentra de antes aislado, por su comportamiento o por su peligrosidad, y quizá su única nueva sanción es salir al patio solo, algo que, a veces, hasta prefieren.
O también puede ocurrir con los catalogados como 91.2 o 91.3, que son reclusos de comportamiento difícil, reincidentes, 'inadaptados', con condenas en algunos casos muy largas y con historiales complicados. «No les supone nada un delito de lesiones, tienen poco que perder».
En Cádiz, más reclusos y más peligro
Y esta situación en las prisiones de Cádiz tiene una especial incidencia debido, simplemente, a que la provincia tiene la mayor población reclusa de toda España. En Cádiz hay cinco centros penitenciarios (Puerto I, Puerto II, Puerto III, Botafuegos y el centro de inserción Alfredo Jorge Suar Muro de Jerez). En total más de 3.500 internos de los 15.000 que pueblan las cárceles de Andalucía y los 46.810 a nivel nacional. Es decir, la cuarta parte de la población reclusa andaluza se encuentra en la provincia y el 6% de toda España.
Además hay que tener en cuenta el carácter de estas prisiones. Puerto I por ejemplo es la única de primer grado de todo el país, la única de España dedicada en exclusiva a los presos de este calificación, es decir, los más peligrosos, los reincidentes y los más conflictivos. O en cuanto a Botafuegos, es de las cárceles nacionales en las que hay mayor número de reclusos que cumplen condena por delitos de narcotráfico, una actividad delictiva que en los últimos años ha sufrido un incremento notorio en sus modos de violencia. También hay un buen número de condenados por yihadismo.
En cuanto a Puerto III durante décadas ha sido el centro penitenciario de España que ha acogido a más presos de ETA hasta que tras las salidas por la doctrina Parot y, en los últimos años, el acercamiento a las prisiones más cercanas al norte fue reduciendo el número de estos internos. Entre ellos se encontraban Iñaki Bilbao, Kubati, Henri Parot o José María Dorronsoro, hombres 'fuertes', sanguinarios y conflictivos de la banda.
Y además, todos los demás; una gran mayoría, adaptados o con intención de cumplir sus condenas y reinsertarse si así lo consideran, pero muchos otros, con perfiles de delincuentes comunes que entran y salen de prisión de manera reiterada. Continuamente.
«Con todos mis respetos, no es lo mismo una prisión en Soria con un centenar de internos que aquí que son más de tres mil... y cinco centros en una misma provincia». Para CSIF, esta modificación de la ley se podría haber cambiado ya hace años, o incluso a través de una incorporación en la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo ambas opciones siguen estancadas.
