Denuncias
El fraude de la luz se dispara en Cádiz: la energía eléctrica defraudada aumentó en 2023 un 42% respecto al año anterior
La filial de redes de Endesa desmanteló en la provincia 49 fraudes a la semana está muy vinculado al cultivo ilegal de marihuana
Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas; el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude
El fraude eléctrico en España se ha incrementado de manera relevante en los últimos años hasta convertirse en un serio problema con especial incidencia en algunas zonas de nuestro país. En Cádiz la energía eléctrica defraudada aumentó en 2023 un 42% respecto al año anterior, y la vinculada a marihuana creció un 192%.
Tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló en la provincia de Cádiz 49 fraudes a la semana, una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.
«La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Suponen un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores», señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.
En el último año en Cádiz los casos de fraude de todo tipo detectados por e-distribución pasaron de 2.579 expedientes de 2022 a los cerca de 2.610 contabilizados en 2023. La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 42% hasta alcanzar los 20,9 GWh, equivalente al consumo de 5.900 hogares.
Las plantaciones de marihuana acapararon el 34% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa en Cádiz. El resto correspondió a grandes consumos vinculados a la actividad industrial, negocios y al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3KW.
Plantaciones de marihuana
En Cádiz, la energía recuperada en los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana en el interior de edificios, conocidas como 'indoor', ha crecido casi un 192% en un año pasando de 2,5 GWh a 7,3 GWh en 2023.
En España los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo.
Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas, con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.
Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.
La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por «verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal» según los datos del ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial
En el último año, e-distribución ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.
