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La Fiscalía de Cádiz investiga a los ayuntamientos que no denuncian las viviendas ilegales de sus municipios

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo está revisando qué consistorios de la provincia no les están dando conocimiento sobre edificaciones irregulares o tienen expedientes paralizados

En los últimos años se ha producido un nuevo 'boom' de este fenómeno aunque con otro tipo de construcciones: parcelaciones en grandes terrenos y casas prefabricadas 'modificadas'

Precinto de unas parcelaciones ilegales. la voz

Eran principios de los años 2000 y la provincia vivía un fenómeno ilegal que se extendía por varias de sus localidades de una manera más intensa. Cientos de viviendas se construían en zonas rústicas, rurales, o en espacios protegidos al margen de los planes urbanos diseñados en estos municipios y que, entre otras cosas, se ejecutan para mantener un orden, un control y una dotación de servicios públicos y suministros adecuada a cada zona. Sin embargo, y sin licencia alguna, muchas personas optaban por edificar allí donde no estaba permitido. De forma ilegal.

De esta forma y sobre otro casos aislados que ya existían, comenzaron a crecer otros importantes núcleos de viviendas irregulares. En toda la periferia de Jerez, en Chiclana, en El Puerto, Algeciras, La Línea, la Janda, la Sierra... proliferaban estas casas 'sin papeles', provocando también una importante problemática social, además de las sanciones urbanísticas y resoluciones judiciales que se pudieron derivar en algunos de estos casos.

Ya a partir de 2010 se ralentizó algo más este fenómeno, también aquejado por la crisis económica, pero nunca desapareció. Y ahora, tras la época de pandemia, y como informan las fuentes consultadas, se está produciendo un nuevo 'boom'. Así lo reflejan los datos que tiene sobre su mesa la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo quien junto al Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía está trabajando de forma coordinada para poder dar curso legal a todas las denuncias.

Hay que tener en cuenta además que la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento permite que la inspección autonómica puede tener competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Por ello, están actuando y eso también se nota en las cifras.

Tal y como exponen desde la Fiscalía de Medio Ambiente, en estos últimos años ha habido un aumento de diligencias previas (actuaciones en el juzgado), y calificaciones en esta materia. Las construcciones ilegales se han incrementado y tanto desde el Ministerio Fiscal como desde la administración autonómica se está actuando para evitar que dicho repunte continúe y restablecer la ley allí donde se ha vulnerado.

De esta forma, el Servicio de Inspección de la Junta ha aumentado su presión sobre este tipo de parcelaciones actuando de una manera más preventiva, pre-procesal, precintando e informando al Ministerio Fiscal. Y en paralelo, la Fiscalía continúa también dando curso a todas estas diligencias. En 2023 hubo 255 de estas diligencias de investigación y este año se va superando ya esta cifra. Se trata de un número importante ya que hay que tener en cuenta que estas investigaciones son sobre un terreno en su totalidad, lo que puede implicar que cada una de ellas incluya a su vez a decenas de propietarios denunciados.

Pero en esta cadena faltaría un eslabón: los ayuntamientos, ya que los consistorios son por ley los responsables y encargados del ordenamiento urbanístico de sus ciudades y también de que se cumpla la legalidad en esta materia. Por ello, entre otras cosas, tienen sus propios servicios de disciplina urbanística y gerencias y medios para impedirlo. Sin embargo, en muchos de estos casos, y como advierte la fiscal delegada de Medio Ambiente de Cádiz a LA VOZ, está función de control no la están cumpliendo. Al menos, algunos ayuntamientos de zonas muy afectadas por la vivienda ilegal y donde están proliferando «de manera preocupante» no están dando conocimiento a la Fiscalía de los expedientes. Directamente no los están enviando. Al parecer, la justificación que a menudo dan es que estaban esperando el avance del proceso administrativo para dar curso al sancionador, sin embargo, esto no es necesario para que los procedimientos se inicien o, incluso, vayan en paralelo.

Es por este motivo, ante tal 'dejación' de funciones, por lo que la Fiscalía está evaluando e investigando cuáles son los ayuntamientos que no están cumpliendo con su deber para iniciar las posibles acciones que correspondan. Entre ellas, y como ya ha ocurrido en algunos casos como en la era del alcalde Hernán Díaz en El Puerto, estos asuntos podrían derivar en investigaciones por supuestas prevaricaciones y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

De viviendas de ladrillos a 'prefabricadas' en parcelas

Las denuncias que llegan a la Fiscalía y las decenas de casos que manejan en la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía dan cuenta del cambio que han experimentado estas construcciones ilegales. A este respecto, si antes eran edificaciones individuales de ladrillo, ahora lo que predominan son las parcelaciones.

Estas parcelas hechas sobre un mismo terreno se dividen y venden por lote. Y en ellas, en muchas ocasiones, se levantan casas prefabricadas, lo que sus propietarios creen que les exime de las medidas cautelares. Sin embargo, estas casas sí están adheridas al suelo, por ejemplo, con tortas de cemento, y además, suelen tener fosas sépticas, conducciones para el agua, enganches a la electricidad, etc... por tanto, y como retirarlas supone una demolición, sí se consideran viviendas ilegales como tales.

Por otro lado, los municipios en los que actualmente más proliferan estas casas irregulares se reparten por toda la geografía de la provincia. En cuanto a la Bahía, Chiclana sigue llevándose el primer puesto por lo mucho 'heredado' durante años, pero la situación se ha hecho más evidente y flagrante ahora en toda la zona de la costa de Vejer (El Palmar), Barbate, Conil, Zahara... lo que, según advierte la Fiscalía, podría responder al atractivo turístico de estas zonas. «Muchos están convirtiendo estas casas en apartamentos turísticos e incluso se anuncian por internet».

Por otro lado la Sierra de Cádiz también tiene núcleos afectados como ocurre con Arcos. Al igual que por el Estrecho en Algeciras o La Línea, fundamentalmente.

Colapso en juzgados

Este repunte de casos, que sale a la luz también por este férreo seguimiento que viene realizando el Servicio de Inspección ha motivado que lleguen muchas denuncias a los juzgados que se tienen que tramitar. Así ocurre por ejemplo en Barbate (que actúa sobre la zona de la Janda) y cuyos juzgados -ya extralimitados por el narcotráfico y otros muchos asuntos- están teniendo problemas para absorber tal número de procedimientos.

Esta circunstancia provoca que en muchos casos estos asuntos puedan prescribir, lo que genera cierta sensación de impunidad en los investigados. O, en otros casos, que finalmente debido a las dilaciones, todo se quede en penas y sanciones mínimas para sus responsables. Aún así tanto la Fiscalía, como la Inspección, Policía Autonómica, Seprona de la Guardia Civil, agentes de Medio Ambiente y Policía Nacional continúan desarrollando su labor.

«Si haces algo sin licencia ya sabes por qué es... No se puede decir 'no lo sabía', ni que es una primera vivienda cuando estás empadronado incluso en otro sitio, o ni la ocupas. No es construir un corral, un huerto, son viviendas. Si no tienes licencia es porque no la has pedido. No hay más», afirma tajante la fiscal delegada de Medio Ambiente.

Y es que estas parcelaciones se hacen y en ellas se quieren levantar casas en lugares que no corresponden. Es decir, sitios en los que por sus características no se puede construir. Ocurre por ejemplo con aquellos lugares que se señalan como zonas inundables. En este caso el peligro y el riesgo es evidente y se ha podido comprobar en diferentes inundaciones que han anegado por completo estos puntos de cauce pluvial.

Ni tampoco se permite edificar en zonas de especial protección medioambiental. Sin embargo hay quien ha decidido hacerse una casa en el parque de los Arcornocales por ejemplo u en otros parajes de altísimo valor ecológico sin respetar el medio ambiente ni que estos espacios sean lugares de biodiversidad, y pulmones verdes y necesarios para la vida de cualquier comunidad.

 

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