Narcotráfico cádiz
La Fiscalía Antidroga de Cádiz avisa: «La penetración del narco en la estructura del Estado no es una utopía lejana»
narcotráfico cádiz
En su Memoria provincial advierte de que «ese paso» no es tan remoto por lo que «no se debe permitir que esta situación actual se siga consolidando»
La fiscal delegada vuelve a insistir en la necesidad de dotar de medios reales a la justicia y a las fuerzas policiales. ««El Derecho Penal, por sí solo, no es capaz de acabar con una lacra como el tráfico de drogas»
La Fiscalía incide en la necesidad de castigar penalmente a los 'petaqueros'
Las interpretaciones de los datos, de las cifras que se arrojan en los informes pueden tener diferentes lecturas. Aumentos, descensos, comparativas, valoraciones... pero tras esos números hay realidades. Y no siempre son las que se cuentan o se destacan. O sí. Depende de quien quiera trasladar el qué y el cómo. En cuanto al narcotráfico, el que perdura en toda la costa de Cádiz -eso es incuestionable, irrebatible- esos baremos se referencian una y otra vez. Ante los micrófonos se habla de miles de kilos de droga incautada, de cientos de detenidos, de decenas de operaciones... pero, ¿qué es exactamente lo que se incluye en esos totales?, ¿en relación a qué?, y sobre todo, ¿esas sumas están sirviendo realmente de algo o el problema continúa?
«Estamos ganando la batalla al narco», «sólo hay que ver los datos», «se ha recuperado el principio de autoridad», «no existe la impunidad»... son algunas de las frases más recurrentes. Por ejemplo, así se manifestó literalmente el Secretario de Estado de Seguridad en su última visita a Cádiz para asistir a la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial del Campo de Gibraltar. También lo ha expresado recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; además, con un especial empeño después de ser cuestionado por los fatídicos hechos ocurridos en Barbate por el atentado a los guardias civiles. O este mismo viernes la nueva directora de la Guardia Civil: «Vamos a derrotar el narcotráfico como derrotamos al terrorismo».
O el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha asegurado que tras el desmantelamiento de OCON Sur «no se ha producido una dejadez». «He hablado en reuniones que hemos tenido con todos los responsables policiales, y me dicen que no exactamente, que no se ha producido, porque muchas veces ha habido también un incremento de plantilla», manifestaba hace unos días en declaraciones a Canal Sur.
Pero estas valoraciones no corresponden en absoluto con la que maneja la Fiscalía Antidroga de Cádiz. Su delegada responsable, Ana Villagómez, junto al resto de sus fiscales delegados, exponen como cada año su análisis de la situación en la Memoria Anual. En ella, en la provincial, no en los fragmentos que han trascendido estos días contenidos en la de Andalucía o la General, la denuncia es clara. Tajante. Contundente. El aviso también.
Y así lo expresan: «Persiste la misma situación en la provincia, en materia de delitos contra la salud pública. Los tres fiscales delegados, tanto derivado de nuestro trabajo diario, como por nuestra estrecha relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hemos recibido informaciones sobre cuál es el panorama actual y el motivo del descenso, no solo de las aprehensiones, sino de las incoaciones de procedimientos», comienzan en sus conclusiones.
«Lamentablemente, nuestra visión desde la experiencia de más de 20 años tramitando asuntos de esta materia, es que no se debe a una disminución espontánea de este tipo de criminalidad, sino a la falta de medios para hacer frente a una situación que se constata desbordada. Las organizaciones criminales, muchas de ellas asentadas fuertemente en el Campo de Gibraltar, utilizan toda la costa de la provincia de Cádiz (y de Andalucía y Portugal) para llevar a cabo sus descargas», insisten.
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Hacia zonas menos controladas
Según advierten, lo que ha provocado esa nueva falta de medios es que las operativas de transporte y descarga se hayan trasladado a zonas menos controladas o que llaman menos la atención, especialmente a la zona de la desembocadura del rio Guadalquivir, en Sanlúcar, pero también Sancti Petri (convertido en lugar de abastecimiento de combustible para narcolanchas) y Barbate.
La Fiscalía destaca en este sentido que han sido «muchas», sobre todo en la segunda mitad del año, las imágenes en las que se pueden ver embarcaciones de alta velocidad, navegando a la vez, y burlándose de las fuerzas de seguridad, que no pueden alcanzarlas, así como muchas de ellas cargadas de petacas de gasolina. «Se observa un incremento de este tipo de embarcaciones en estas zonas y Roche (Conil)», denuncian. Además, como añaden, la tendencia es, de nuevo transportar elevadas cantidades de hachís; entre 1.500 y 2.000 kilos, y las mismas de combustible».
De esta forma explican que a pesar de la disminución que haya podido haber de procedimientos, «la actividad real del Ministerio Fiscal, en materia de tráfico de drogas, no ha supuesto un descenso significativo del trabajo durante 2023, manteniéndose la carga, especialmente en asuntos de especial relevancia».
La «incapacidad» del sistema judicial
Para el Ministerio Fiscal, y vistas estas circunstancias que se mantienen desde hace años, la solución, es la «renovación total del sistema procesal actual, que entendemos que es incapaz de asumir la nueva delincuencia, en especial el crimen organizado que, en todos los casos, es crimen transnacional». Y determinan: «Ni los juzgados tienen capacidad para tramitar adecuadamente este tipo de asuntos, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal es apta para poder sacar adelante con celeridad los procedimientos penales».
¿Y cuáles están siendo las consecuencias? «Desastrosas, al no conseguirse las condenas de los investigados en un tiempo razonable y las que llegan, como hemos visto, finalizan con la imposición de penas bajas, por aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada», advierten.
Para la fiscal esta saturación y retraso tiene su efecto directo en la «consolidación de las estructuras criminales, que lejos de ver mermada su capacidad se hacen más fuertes, y penetran en el tejido social y económico de poblaciones enteras».
Lo mismo - aseguran- sucede con las investigaciones por blanqueo que se encuentran estancadas en los juzgados de instrucción. «Indudablemente el Derecho Penal, por sí solo, no es capaz de acabar con una lacra como el tráfico de drogas, pues actúa cuando los demás mecanismos de prevención y contención han fallado, pero su función de prevención general y especial se encuentra en la actualidad vacía de contenido».
En este sentido, «mientras tan ansiada reforma llega, la única solución pasa por reforzar los juzgados más saturados, nombrar jueces y fiscales de refuerzo, funcionarios de justicia que consigan que los procedimientos avancen, incentivar ciertas plazas en las poblaciones más saturadas, para evitar la huida de jueces o fiscales de las plazas con mayor penosidad (Barbate, San Roque, La Línea). Creemos que esto no supondría un desembolso económico difícil de asumir por el Estado, que no debe permitir que esta situación se siga consolidando, pues el paso a una penetración del narco en sus estructuras no es, en la situación actual en la que nos encontramos, una utopía lejana».
